El Gobierno no cree que el pacto con el nacionalismo conservador para suavizar el impuesto a las energéticas vaya a tener un impacto significativo para las arcas públicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calculado que el gravamen temporal recaudará solo un 10% menos de lo inicialmente previsto, tras los cambios introducidos en el Congreso que excluyen del impuesto los ingresos procedentes de actividades reguladas y el negocio exterior.
Montero ha dicho en la Cadena SER que este cambio supondrá unos 400 millones de euros menos respecto a los 4.000 millones que se esperaba que el gravamen ingresara en los dos ejercicios que va a estar en vigor.
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Sin embargo, sus cálculos no coinciden con los de los expertos, que advierten de que el impacto será mucho mayor. Tanto los analistas de Sabadell como los de Bankinter estiman que la enmienda transaccional pactada con el PNV y el PDeCat para suavizar el impuesto reducirá a la mitad su potencial de recaudación. Es decir, lo dejará en torno a los 2.000 millones de euros.
El impuesto extraordinario, que grava con un 1,2% la facturación de las empresas energéticas que en 2019 ingresaron más de 1.000 millones, fue aprobado este jueves en el pleno del Congreso, junto con los gravámenes temporales a la banca y a las grandes fortunas. Después de hacer lobby para controlar los daños sobre las compañías con intereses en el País Vasco y Cataluña —como Repsol o Iberdrola, en el primer caso, y Naturgy o Endesa, en el segundo— ambos partidos nacionalistas decidieron abstenerse ante las dudas jurídicas que plantea el tributo, y que se resumen en dos aspectos: la posible discriminación respecto a otros sectores y el hecho de que el gravamen se imponga sobre los ingresos, y no sobre los beneficios.
De hecho, las empresas, que también calculan una merma de recaudación superior a la esbozada por Montero, se guardan la baza de recurrir, pese a que los últimos cambios introducidos son mucho más favorables a sus intereses. El diputado del PDeCAT Ferran Bel resumió en una frase el peor de los escenarios para el Gobierno: “Cuando los tribunales resuelvan negativamente, que nadie diga que los tribunales trabajan para los ricos”.
El diseño final del impuesto favorece a las eléctricas y a las gasistas, que tienen un peso mayor del negocio regulado, y deja a las petroleras como las grandes damnificadas. Es por ello que una parte de la izquierda lo considera insuficiente, además de pedir que tenga un carácter permanente. El Ejecutivo ha reculado tras un giro sorprendente del PSOE, al que ahora la ministra pretende quitar hierro, y que contrasta con los recientes anuncios de otros países: frente a la suavidad española, Reino Unido e Italia incrementarán el impuesto extraordinario a las energéticas del 25 al 35%.
El Gobierno no cree que el pacto con el nacionalismo conservador para suavizar el impuesto a las energéticas vaya a tener un impacto significativo para las arcas públicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calculado que el gravamen temporal recaudará solo un 10% menos de lo inicialmente previsto, tras los cambios introducidos en el Congreso que excluyen del impuesto los ingresos procedentes de actividades reguladas y el negocio exterior.
Fuente El Confidencial
