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El juicio político al juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, suspendido en sus funciones tras rechazar un pedido de detención de los sindicalistas camioneros Hugo y Pablo Moyano, se realizará el 27 de febrero de 2023.
Así se lo comunicó la Suprema Corte de Justicia bonaerense al propio magistrado, al rechazar un pedido de postergación formulado por su defensa por razones de agenda.
Carzoglio está suspendido formalmente desde agosto de 2019, aunque en rigor fue marginado de sus funciones el 5 de diciembre de 2018, cuando fue separado del cargo.
Carzoglio, titular del Juzgado de Garantías número nueve de Avellaneda, denunció pública y judicialmente que durante el gobierno de Mauricio Macri dos agentes jerárquicos de la AFI, Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano, se apersonaron en su despacho para pedirle la detención de los Moyano.
Incluso le entregaron un borrador de la resolución que debía firmar, que fue aportada a la investigación judicial.
Di Pasquale y De Stéfano –designados durante la gestión de los jefes de la AFI de Cambiemos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani- reconocieron la visita pero negaron el carácter que le atribuyó Carzoglio, y el juez federal Ariel Lijo los sobreseyó.
El suspendido juez venía realizando planteos ante la Justicia en los que reclamaba –entre otras cuestiones- la realización del juicio argumentando que la Constitución bonaerense “establece que las causas deben decidirse en un plazo razonable”.
“Estos preceptos constitucionales han sido violados, ya que el trámite disciplinario se ha extendido más allá de cualquier limite razonable y se me ha embargado el salario de un modo inaceptable”, subrayó el juez.
A principios de noviembre pasado, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo número uno de Lanús hizo lugar parcialmente al pedido de Carzoglio para que se le restituya el cobro completo de su salario.
El tribunal, a cargo del magistrado Maximiliano Ceballos, aceptó que el juez vuelva a percibir su salario completo (hasta ahora cobraba sólo el 40 por ciento) pero con un embargo sobre su propiedad como garantía y con la contratación de un seguro de caución.
Fuente Mendoza Today
