“El partido arrancó a las 16 horas del miércoles. Pues bien, desde las 15,30 horas estuvimos atajando penales contra los hackers. Parecíamos el arquero polaco durante el primer tiempo”, graficó entre sonrisas uno de los técnicos que explicó a NA los momentos de tensión vividos por el accionar de los hackers que siguen atacando organismos públicos de manera indiscriminada. En este caso, sus intentos no fueron recompensados.
Porque cuando suelen tener éxito, varios grupos de hackers como Anonymus o Lapssu$ que actúan sin importarle las fronteras físicas de los países, publican en redes sus intervenciones en los sistemas informáticos de empresas privadas y públicas y hasta, en algunos casos, realizan encuestas entre sus seguidores para que elijan a quien hackear.
Una realidad que la agencia NA viene señalando desde hace meses de la misma manera que se aguarda por una renovada ley de Protección de Datos Personales cuyo proyecto fue enviado al Congreso el pasado 9 de noviembre luego de tomarse en cuenta las opiniones realizadas durante las consultas públicas.
Pero, lo sucedido recientemente durante la transmisión del partido mundialista entre Argentina y Polonia, que tenía como objetivo hacer caer la transmisión de la Televisión Digital Abierta (TDA), ha encendido todas las alarmas en las oficinas de Casa Rosada que ocupan los funcionarios de la secretaría de Innovación Pública que dirige Micaela Sánchez Malcom.
En el gobierno equiparan una posible caída de la transmisión del partido del sábado próximo entre Australia y Argentina, por el malestar que tendría en la población, con los cortes de luz ocurridos durante la pasada fiesta de fin de año.
Porque, según consultores del mercado de comunicaciones, la demanda para ver los partidos del mundial por la TDA va en aumento y en ARSAT se entusiasman con que la televisión digital y gratuita alcance los cuatro millones de hogares cuando se juegue el partido final en Qatar.
Por ello, si bien son cautos con los resultados de la investigación que se está realizando para conocer el origen de estos ataques, no se descarta ninguna posibilidad, desde grupos del exterior que buscan dinero o generar confusión durante un evento de interés masivo hasta grupos de hackers locales con terminales e intereses partidarios teniendo en cuenta el adelantamiento de las campañas electorales para el 2023.
Por el momento la información oficial que llega desde las oficinas de Facundo Leal, titular de Arsat, la empresa de telecomunicaciones del Estado que brinda servicios de transmisión de datos, indica que “sufrimos una caída en el área de sistemas corporativos que afectó sólo a los sistemas internos de la empresa. En este momento nos encontramos aplicando procedimientos de prevención. El incidente no afectó ningún servicio ni los datos de nuestros clientes. ARSAT garantiza la conectividad, el tratamiento y resguardo de los mismos”.
La preocupación en las oficinas de Casa Rosada también se extiende al Ministerio de Defensa Nacional porque ARSAT es el responsable del servicio al telepuerto satelital que posee el Ejército Argentino y también mantiene la conexión con las bases antárticas de nuestro país y con los buques de la Armada Argentina.
Los ciberataques a las dependencias oficiales nacionales y provinciales, como el que sucedió en la Legislatura Porteña a mediados de septiembre pasado, ponen en blanco sobre negro una realidad estresante para los técnicos informáticos que se desempeñan en áreas sensibles del Estado.
Datos disponibles de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), fechados a mediados del año pasado, indican que los casos asociados a la cibercriminalidad aumentaron cerca de 465% respecto al año anterior.
Mientras que Gustavo Sain, director de Ciberseguridad del Gobierno nacional, reconoce la situación al expresar en declaraciones públicas, “el incremento de incidentes de seguridad informática creció cerca de un 260% en un año y se debe, principalmente, a la tendencia, a nivel global, de utilización de TICs durante la reciente pandemia, que generaron el riesgo de un mayor nivel de ciberdelitos y de incidentes en seguridad informática”.
Nuestros datos no están seguros ni en el sector público ni en el privado y la necesidad para que los legisladores renueven la ley de protección de datos personales se torna imperiosa de la misma manera que el Estado nacional deberá continuar fortaleciendo las inversiones en seguridad informática para frenar estos ciberataques que, en esta ocasión, fueron detenidos, por la pericia de los técnicos de ARSAT que, esta vez, vencieron en su pulseada contra los hackers.
Fuente Mendoza Today
