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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fallado que la Generalitat ha de pagar 304 millones de euros por la fallida concesión de Aigues del Ter-Llobregat (ATLL), una empresa pública de la administración catalana, a Acciona y otros socios. Sin embargo, no será la empresa de los Entrecanales la beneficiaria ya que el pleito se vendió en 2019 a Fortress, un fondo especializado en comprar este tipo de litigios contenciosos. El fallo se puede recurrir ante el Tribunal Supremo y le hace un roto a las cuentas de la Generalitat en el peor momento, cuando Pere Aragonès está negociando con el PSC los nuevos presupuestos de la Generalitat.
Acciona había pedido más de 1.000 millones en su día a la Generalitat por los daños producidos cuando se le quiso arrebatar la concesión, que entregó en su momento el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. La cifra que otorga el TSJC es muy inferior, no llega a una tercera parte, pero supone una cantidad significativa teniendo en cuenta que se trata de dinero público.
El TSJC estructura su decisión a través de tres sentencias. En la primera Sentencia, estima en parte el recurso y anula la Resolución que había aprobado la liquidación provisional del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter- Llobregat, aprobada por la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. También anula la resolución de la misma conselleria que, posteriormente, había aprobado la liquidación definitiva final. Además, la Sentencia reconoce el derecho de ATLL a obtener en concepto de canon no amortizado, la suma de 262,8 millones de euros; en concepto de inversiones realizadas no amortizadas, la suma de 38,2 millones; y por costes de licitación y constitución, la suma de 3,37 millones cantidades que además devengarán intereses.
En. una segunda sentencia, el TSJC estima en parte el recurso y anula el acto del Conseller de Territori i Sostenibilitat que había declarado la finalización de la prestación efectiva por parte de la actora del servicio de abastecimiento de agua en alta mediante la Red Ter-Llobregat. Igualmente. Además, reconoce el derecho de ATLL a ser retribuida por la prestación efectivamente realizada y facturada por ATLL CGC, S.A. durante los meses de enero y febrero de 2019, en los términos del contrato con las modificaciones de la disposición transitoria tercera del Decreto Ley 4/2018, con más los intereses que correspondan.
Por último, una tercera sentencia estima el recurso interpuesto por ATLL contra la resolución que había denegado la devolución de la garantía definitiva del contrato de “Gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat” de 27 de diciembre de 2012. Se anula y reconoce el derecho de la actora a la devolución de la garantía definitiva, así como a ser resarcida de los gastos de mantenimiento del aval desde que debió producirse la devolución, hasta su definitiva cancelación, con más los intereses correspondientes.
Revolcón judicial
Por tanto, todo un revolcón judicial para la Generalitat, que si bien puede recurrir este fallo desfavorable y prolongar el pleito unos años más, en caso de hacerlo también se generarán más intereses si se vuelve a perder y el Supremo da la razón a la primera instancia tal y como pasa en muchos casos de contencioso administrativo en España.
Este pleito es uno de los mayores casos de contencioso administrativo en España. Mas-Colell gestionaba una conselleria sin fondos y ahogada por los recortes y ejecutó una privatización que acabó siendo especialmente gravosa para los intereses del erario catalán.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fallado que la Generalitat ha de pagar 304 millones de euros por la fallida concesión de Aigues del Ter-Llobregat (ATLL), una empresa pública de la administración catalana, a Acciona y otros socios. Sin embargo, no será la empresa de los Entrecanales la beneficiaria ya que el pleito se vendió en 2019 a Fortress, un fondo especializado en comprar este tipo de litigios contenciosos. El fallo se puede recurrir ante el Tribunal Supremo y le hace un roto a las cuentas de la Generalitat en el peor momento, cuando Pere Aragonès está negociando con el PSC los nuevos presupuestos de la Generalitat.
Fuente El Confidencial
