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A esta altura, los escándalos que se suceden en Guaymallén no deberían sorprender a nadie. De hecho, empiezan a superar la corrupción de Luis Lobos, que ciertamente parecía insuperable.
Si alguno ostenta dudas al respecto, solo debe utilizar el buscador de Diario Mendoza Today. Allí se encontrará con infinidad de notas de investigación, cuyo respaldo documental exime de mayores comentarios.
No obstante, Marcelino Iglesias persiste en mantener su inmunidad, que sabe comprar a fuerza de pauta oficial que puede verse en la home de los grandes medios mendocinos.
Sin embargo, esa protección está a punto de morir merced a un expediente judicial que en los últimos días aterrizó en la Unidad Fiscal Robos y Hurtos, por el robo de materiales de construcción propiedad de la Municipalidad de Guaymallén.
El denunciante es Ramiro García, funcionario a cargo de la Dirección de Obras por Administración (DOA) de la comuna, quien señaló a tres empleados a su cargo como los autores del robo.
Parte de la trama la revela diario Los Andes este martes, con un título insípido: “Robos en comuna de Guaymallén podrían involucrar a la UCR”. Allí, sobre la base de algunos hechos probados, se hizo una publicación periodística que pone todo el peso de la responsabilidad en los tres “perejiles”, salvando las papas a García, quien aparece apuntado por varios testigos de la trama en sede judicial (ver parte del expediente al pie de esta nota).
Uno de ellos es Manuel Alejandro Cachi Nieto, quien declaró en sede judicial tener trabajos particulares “en el rubro de la construcción en seco” y aseguró que le ofrecieron materiales de construcción que sobraban y el municipio las vendía.
Allí mismo añadió: “Se rumoreaba que le vendían material a un corralón de nombre Andacollo y que ese mismo corralón le hizo obras en la sede de los radicales, eso es lo que escuché, no se si es verdad o mentira”.
Otro de los imputados, Adrián Riva, terminó de develar la trama, también en sede judicial. Declaró que vio una orden sin membresía y le resultó raro: “Luego se empezó a rumorear que había un negocio entre el encargado de depósito y el director Ramiro García que es yerno de Juan Carlos (Sabina)”, dijo. Sabina es el jefe de Depósito, por si no quedó claro.
No solo se trata de sus testimonios: los “perejiles” tienen los remitos donde dice a quién le entregaron la mercadería desaparecida, y allí aparece Ramiro García, quien ya viene con antecedentes polémicos en la comuna.
También nombran al suspicaz corralón Andacollo SA como uno de los destinos de materiales que salían de la comuna. Se trata de una firma que, durante 2021, le vendió materiales a la UCR Mendoza por más de $2 millones. De hecho, algunas de las compras tuvieron como destino la remodelación del comité radical de Guaymallén.
En ese contexto, quien debería dar explicaciones por su responsabilidad es Mauricio Iglesias, hijo de Marcelino, quien fue presidente de la UCR guaymallina hasta enero de este año. Luego lo reemplazó Nicolás González Perejamo, a la sazón secretario de Gobierno y Desarrollo Social de la comuna. Es otro de los que debería estar sentado en el banquillo de los acusados.
No es todo: el hoy concejal radical Miqueas Burgoa supo ser tesorero en la misma estructura. Dicho sea de paso, ¿será verdad lo que se comenta en los pasillos de la municipalidad, que en los días en los que se “traficaban” los materiales para construcción él hizo el primer piso de su casa?
Sea como fuere, está claro que nada es como se cuenta. O, por lo menos, los señalados no parecen ser los últimos eslabones en la cadena de responsabilidades.
En tal sentido, llama la atención el nerviosismo y apuro del Ejecutivo de Guaymallén, quien avanzó en oportunos sumarios contra los “perejiles”, quienes podrían llegar a ser exonerados.
¿Por qué la premura? ¿Qué teme tanto Marcelino Iglesias? El derrotero de Luis Lobos comenzó de la misma manera, con un tópico muy menor de sobreprecios. Luego se destapó lo demás, que lo llevó tras las rejas.
Todo indica que ocurrirá lo mismo en este caso. Porque Guaymallén es tierra de nadie, donde la corrupción es la norma y jamás la excepción.
Pocos saben, por caso, que en solo dos años ingresaron a la comuna más de 1.800 empleados “disfrazados” de trabajadores de Santa Elena, ñoquis, asesores y demás.
Si algún fiscal está dispuesto a investigar ya mismo puede hurgar en OSEP, en la Dirección de Obras por Administración o en Cultura. La caja de Pandora, un poroto.
Fuente Mendoza Today
