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A pesar de no contar con todas las autorizaciones necesarias y obligatorias que se requieren para todo tipo de obra, avanza a paso firme la construcción de 64 viviendas en Mar del Plata por parte de la organización social MTE en unos terrenos cedidos en forma irregular.
El 20 de noviembre de 2021, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió desafectar unas tierras en la ciudad destinadas a la construcción de establecimientos educativos para entregárselos, a través de un Programa instrumentado por Nación llamado “Lote.Ar”, al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fundado por el dirigente Juan Grabois, tal como ya supo detallar este medio.
Lo hizo a partir de un “Permiso de uso” suscripto entre la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y la Secretaría de Integración Socio Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Social nacional, conducido por Ramona Fernanda Miño, y a cargo del plan “Lotes con Servicios para la Integración Socio Urbana de Barrios Populares”.
De esta manera, se formó el Expediente 27103781.
El predio en cuestión tiene una superficie de 60.000 mts2, está compuesto por 6 manzanas y se encuentra ubicado en el barrio Fortunato de la Plaza, delimitado por las calles Fortunato de la Plaza, Camusso, Arana y Goiri y De Los Inmigrantes.
No se puede comprender la naturaleza del conflicto si no se conoce la razón por la cual los terrenos están destinados a educación. La totalidad del predio en disputa pertenecía a la familia Peralta Ramos, fundadores de Mar del Plata, cuyos miembros hicieron una donación con cargo a la provincia para la construcción de establecimientos educativos, más precisamente “colegios municipales”, según el Acta de Donación labrada en el año 1894.
Gracias a este gesto, se pudieron construir la escuela primaria N° 50, la secundaria N° 19 y el jardín de infantes N° 922, que aún funcionan en el lugar, con serios problemas de infraestructura, y sin vacantes para todas las familias de la zona.
La donación con cargo crea una obligación para quien la recibe, en este caso, la provincia de Buenos Aires, que pese a ello y a la grave crisis educativa, opinó a través de la subsecretaría del área que “la parcela propuesta en el proyecto no reviste interés educativo”.
A partir de ello, las cuadrillas del MTE se instalaron en el lugar el 26 de abril de 2022 y comenzaron las obras poco tiempo después.
Y en las últimas horas, en la página de facebook de la organización social empezaron a convocar, para el próximo domingo 15 de enero, “a la 12º Caravana por el Día De Lucha por la Tierra y la Vivienda Digna”. Y aclara que se encontrarán “a partir de las 15 horas en William Morris 7300 -El Martillo-, (sede del MTE), para luego hacer la caravana hacia el predio de obra de 64 viviendas y edificaciones escolares, ubicado en Av. Fortunato de la Plaza y Camusso”.
Según pudo saber este medio, se espera la presencia del propio Grabois y de la mencionada funcionaria nacional Ramona Miño. Pero además, prometen la participación de “12 movimientos populares y las cuatro centrales obreras de nuestra ciudad (CGT, CTA T y CTA A y UTEP)”.
Los establecimientos educativos que se mencionan en verdad son un polideportivo para la Escuela 19, un playón deportivo y un salón para el Jardín 22, a pedido de los vecinos del lugar, que mandan allí a sus hijos, y vienen padeciendo lo que ocurre hace varios meses.
Las irregularidades que señalan los vecinos no son pocas.
Una de las más importantes es la falta de permisos municipales en el expediente, en especial el Certificado de Impacto Ambiental.
Técnicamente llamado Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un procedimiento obligatorio “que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo; siendo un instrumento que se aplica previamente a la toma de decisión sobre la ejecución de un proyecto”.
Se trata de un procedimiento técnico-administrativo con carácter preventivo, previsto en la Ley n. º 25675 —la Ley General del Ambiente. Es decir, una ley nacional.
Sencillamente, no se puede iniciar ningún tipo de emprendimiento en Mar del Plata sin contar con un certificado emitido por la comuna, aunque sea en carácter provisorio.
Pero además, el Municipio también cuenta con la Ordenanza 21598, promulgada el 10 de diciembre de 2013, durante el gobierno de Gustavo Pulti, que incorpora algunas modificaciones al Código de Ordenamiento Territorial (COT).
La norma describe aquellas “intervenciones edilicias” sobre las cuales debe intervenir la Autoridad de Aplicación, como la Secretaría de Planeamiento Urbano, y el Ente de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR):
“Predios cuya superficie exceda los tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados (3.750 m2)”, “
“Proyectos urbanísticos particularizados referidos a usos singulares cuyas características implican una demanda de amplias superficies disponibles y una definición de normas particulares de ocupación y tejido, implicando ello laafectación del o de los predio/s involucrados”
“Emprendimientos que requieran afectación como Distritos Especiales, conforme prescribe el artículo 6.2.1 del Código de Ordenamiento Territorial (COT)”
“Cualquier tipo de construcción que para su realización requiera una modificación significativa de las condiciones naturales de la zona de su emplazamiento”
Y en el siguiente párrafo no deja lugar a dudas: “A tal efecto la Autoridad de Aplicación (AA) extenderá la Declaración Preliminar de Impacto Ambiental, siempre teniendo en cuenta que la misma en su condición de Prefactibilidad no da derecho a la ejecución del proyecto, en caso de su aprobación”.
Y aclara que “en esta instancia la AA evaluará el pedido o no de Informe de Impacto Ambiental según evalúe la complejidad ambiental del proyecto y, a posteriori, emitirá el acto administrativo correspondiente a la Declaración de Impacto Ambiental”.
Aparte de ello, este tipo de obras requiere una instancia de participación ciudadana, es decir, una audiencia pública y su paso por el Concejo Deliberante local. Nada de esto ocurrió.
Además de no contar con dicho documento, el expediente por las viviendas que quiere construir el MTE tampoco posee, de acuerdo a fuentes municipales, “prefactibilidad de agua”, para las obras correspondientes a conexión de cloacas y agua corriente. De hecho, la empresa Obras Sanitarias resolvió “no aprobar el anteproyecto para la segunda etapa del mismo”.
Y en lo que se refiere exclusivamente a la red pluvial, el EMVIAL (Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público), “recomienda que en el saneamiento del proyecto hidráulico, se verifiquen las alturas de agua y si es necesaria la construcción de ramal secundario”. Por lo cual decide no aprobar el proyecto, y solo responde con sugerencias y recomendaciones.
También el expediente carece de Certificado de Uso de Suelo. En todo emprendimiento privado, de cualquier naturaleza y sea del rubro que fuera, existe una obligatoriedad de presentar toda esta documentación.
Pero hay algo más que convierte la necesidad de un estudio ambiental sobre el predio en algo aún más imprescindible.
De acuerdo al grupo de vecinos autoconvocados de la zona, “es de público conocimiento que dichas tierras están lindantes a la planta de gas YPF, que ha realizado vertido de hidrocarburos durante 40 años”.
Y aclara: “El CH4 es el componente principal del gas natural que usamos. En particular, de la extracción de petróleo y gas natural, el metano licuado flota en el agua y hierve. La nube de vapor producido es INFLAMABLE. AL INFLAMARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS”.
En suma, avisan los vecinos, “la documentación anexada a este expediente por la entidad ejecutora no cuenta con permisos municipales, ni con legajos y convenios, no clarifica la desafectación de la donación con cargo, no presenta listado de destinatarios, ni se condice este proyecto con el expediente original”.
Lo que se cuestiona es, además de las irregularidades mencionadas, que el plan ni siquiera mencione la posibilidad de levantar edificios escolares, ante la precaria infraestructura que sufre el sector, y acorde al deseo de la familia Peralta Ramos.
A esto se le suma que los establecimientos que actualmente funcionan en el lugar, la escuela primaria 50, la secundaria 19 y el jardín 922, “resultan insuficientes por tener su cupo completo. A ello hay que agregar la ausencia de mantenimiento y las deficiencias estructurales por el trascurso del tiempo. Los vecinos pidieron sucesivamente a los gobiernos la construcción de nuevos establecimientos en el predio restante, pero no han obtenido respuesta”, afirman desde la Federación de Cooperadoras Escolares de la ciudad.
Desde la Dirección de Cultura y Educación bonaerense, recomiendan que la superficie a afectar “no linde con los establecimientos educativos existentes”. Los vecinos del lugar cuestionan esta recomendación ya que, si bien los lotes ocuparían solo 2400 mts 2, “este proyecto no solo linda con las escuelas, sino que para la apertura de calles que proyectan, tendrían que derribar parte de la construcción escolar”.
Sin embargo, nada detiene al MTE de Juan Grabois, quien cuenta con un fuerte arraigo en Mar del Plata. Y hasta con una concejal propia, Sol de la Torre.
Apurando el paso, “y con atropello y prepotencia”, según los vecinos, los integrantes de la organización avanzan con las obras. El predio ya cuenta con el trazado de calles internas, replanteo, más de 100 zapatas armadas y palets de ladrillo, baños químicos, y comenzaron con la abertura de zanjas.
“El permiso de obra municipal es la cara contraria de la obra clandestina o construcción ejecutada”, coincide la jurisprudencia. Y prosigue: “El camino del «hecho consumado» o de la «subsistencia» (así se denomina a la obra sin permiso) es el camino dentro de la informalidad más difundido. Muchos, no saben, que a corto o largo plazo haber hecho todo al revés, es decir, negar normas y códigos municipales y provinciales, tiene un costo altísimo que en algún momento el predio ejecutado, sufrirá”.
¿Será así en este caso?
Fuente Mendoza Today
