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Los gobernadores que apoyan al presidente Alberto Fernández en su pelea contra la Corte Suprema para evitar el pago de los fondos que ese tribunal ordenó devolverle a la Ciudad de Buenos Aires respaldan esa “rebeldía” judicial con declaraciones firmes, amenazantes asegurando que sostendrán esa posición, siempre con tono de enjundia.
“Es imposible pagarle a la Capital Federal”. “Es un fallo político”. “Es de cumplimiento imposible”. Son solos algunos de los conceptos que incluso firmaron catorce de esos mandatarios en un primer comunicado sobre el tema fechado el 22 de diciembre del año que acaba de terminar.
Sin embargo, según publicó diario Clarín este domingo, veintidós ministros y técnicos de Economía de esas mismas provincias oficialistas (son doce más de los actuales “rebeldes” jurídicos) habían avalado en junio del 2022 que la Jefatura Porteña debía recibir, en el marco de la Ley de Coparticipación Federal, más de 11 mil millones de pesos en concepto del traspaso de la Policía Federal desde la Nación a la administración hoy bajo mando de Horacio Rodríguez Larreta. Mendoza fue el único distrito que se mostró en contra de la restitución.
Si bien ese dinero es menor al que reclaman las autoridades porteñas ante la Corte Suprema, supone un porcentaje mucho mayor al que los gobernadores K hoy rechazan resignar en el reparto del dinero público en disputa.
Como sea, Clarín accedió al documento firmado por los representantes de las mismas provincias donde aceptaban que las transferencias a la Ciudad por el nuevo control de la fuerza policíaca de seguridad federal sí debían abonarse en el marco de la legislación 23548, artículo 8. Esa Ley lleva el título de “Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”.
“Es decir, los mismos gobernadores que en la actualidad declaran que el fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad en su queja por los fondos coparticipables no se puede cumplir, estipularon a través de terceros, hace poco más de seis meses, lo contrario. Al menos en una parte del total de los fondos en disputa”, de acuerdo al mismo diario.
Los mandatarios provinciales que impulsan el no cumplimiento de un fallo del máximo tribunal de la Nación, y que al mismo tiempo apoyan el juicio político a sus cuatro miembros, habían aceptado exacto lo contrario. En parte.
Las idas y vueltas respecto a esta lucha por el dinero público recortado a un distrito “opositor” – siempre de acuerdo al léxico oficialista-, son tantas, que entre el documento del CFI fue votado por la positiva por veintidós gobernadores, “rechazado por otro, pero de la oposición (el mandatario de Mendoza, Rodolfo Suarez), y contó con dos abstenciones. Una de ellas es la de la propia Ciudad de Buenos Aires, y la otra es del Gobierno Nacional”, según Clarín.
Fuente Mendoza Today
