En medio de la tensión política, Isaac Herzog busca mediar entre el gobierno y la oposición

El presidente israelí, Isaac Herzog, intenta mediar entre el Gobierno, la oposición y la Justicia en el marco de una profunda división interna por el plan de reforma judicial que busca llevar a cabo el nuevo Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, según informó hoy su oficina.

«El presidente continúa sus incesantes esfuerzos con todos los actores relevantes en un intento por crear un diálogo amplio y respetuoso con la esperanza de llegar a un entendimiento», anunció este lunes la oficina de Herzog en un comunicado.

El presidente, agregó el texto, ha mantenido distintas conversaciones en las últimas semanas «con el objetivo de evitar una crisis constitucional histórica y frenar una mayor división en la nación».

Entre esas conversaciones, detalló, se incluye una con el ex primer ministro y actual jefe de la oposición, Yair Lapid.

Lapid reveló hoy en el Parlamento que solicitó al presidente la creación de una comisión que formule un plan de reforma judicial «balanceado y razonable» para así «evitar la destrucción de la democracia» israelí y detener «la terrible división entre el pueblo de Israel».

Las declaraciones hoy de la oficina de Herzog llegan días después de que este reconociera estar «profundamente preocupado» por los «desacuerdos que están desgarrando a la nación» y llamara a «proteger las bases de la democracia israelí».

Por otra parte, sigue también a una nueva protesta multitudinaria el pasado sábado, en la que más de 120.000 israelíes se manifestaron en distintas partes del país contra la reforma, impulsada por el nuevo Gobierno de Netanyahu junto a sus socios ultraortodoxos y ultraderechistas.

Estas protestas llevan ya tres semanas consecutivas y se suman a reclamos desde distintos sectores de la población ante lo que consideran una ofensiva contra la independencia de la Justicia.

Los planes de reforma judicial anunciados por el nuevo ministro de Justicia incluyen una polémica medida que permitiría que una mayoría simple de parlamentarios pueda anular una decisión del Tribunal Supremo que implique derogar una ley o decisión gubernamental, conocida como «la cláusula de anulación».

Esto allanaría el camino para que el Ejecutivo prevaleciera sobre el poder Judicial en caso de conflicto entre ambos.

Por otra parte, la reforma contempla también regulaciones que reemplazarían a los abogados del Comité de Designaciones Judiciales por cargos políticos y elimina el llamado supuesto de «razonabilidad» para que el Tribunal Supremo pueda impedir el nombramiento de altos cargos políticos si considera que estos han vulnerado la ley.

Con información de Efe