Medio millón de empresas recibió algún tipo de ayudas del Estado por el covid

Los datos proceden de las cuentas anuales que han presentado las empresas al Registro Mercantil, y ponen de relieve cómo la acción protectora del Estado ha salvado de la quiebra a miles y miles de empresas. En concreto, según el registro, 517.000 empresas —que suponen prácticamente la mitad de las que existen en España con actividad— recibieron en 2020 algún tipo de ayuda o ventaja para su supervivencia procedente del Estado.

La mayor parte de ellas pudo beneficiarse de los ERTE, pero también muchas otras pudieron salvar la situación gracias a medidas de carácter económico o legal, como fueron las ayudas a los alquileres, los avales del ICO, la moratoria hipotecaria o la flexibilización o suspensión temporal de los suministros. Ha sido posible conocer ese dato gracias a que una orden ministerial publicada en julio de 2021 obligó a las empresas a informar sobre las ayudas del Estado con el objetivo de conocer la repercusión que había tenido la declaración del estado de alarma en su cuenta de resultados.

Así, por ejemplo, hay información fidedigna de que los sectores que más aprovecharon las medidas fueron el comercio, la construcción y las actividades inmobiliarias, que conjuntamente aglutinaron casi la mitad de las empresas que declararon haber sufrido alguna consecuencia económica por la irrupción de la pandemia. Sorprende, en este sentido, la ausencia de la hostelería, la más afectada por las restricciones a la movilidad, pero, como matizan los autores del estudio, esto se debe a que la gran mayoría son autónomos, colectivo excluido del informe por su propia naturaleza. El estudio abarca a las empresas obligadas a presentar sus resultados en los registros mercantiles.

La principal medida de apoyo por parte del Estado fueron los ERTE. Nada menos que el 84% de las empresas que mencionaron efectos laborales a consecuencia del covid utilizaron este mecanismo de salvaguarda del empleo mientras se recuperaba la actividad empresarial. En total, una de cada cinco empresas que abarca el estudio. Destaca el caso de Melilla, Canarias y Asturias, donde una de cada cuatro empresas utilizó ese instrumento de protección del empleo. En sentido contrario, Murcia, Madrid y Extremadura fueron los territorios que menos usaron los ERTE, lo que sin duda se debe a su estructura económica.

El informe destaca que junto a la hostelería los sectores especialmente perjudicados por la pandemia fueron la educación, las actividades sanitarias privadas y las actividades artísticas y recreativas, con una de cada tres empresas sujetas a un ERTE, así como el comercio.

Suspensión o reparto del empleo

En cuanto a la fórmula preferida por las empresas para gestionar sus plantillas en una situación excepcional, es muy significativo que el 60% eligiera la suspensión del contrato, mientras que solamente el 7,2% optó por una reducción de jornada al aplicar el ERTE. Esto diferencia a España respecto de otros países, como Alemania, donde lo habitual es reducir la jornada para repartir el tiempo de trabajo en lugar de acudir a la suspensión de empleo. En un 32,4% de los casos se optó por una fórmula mixta.

Respecto del número de trabajadores, los datos de los registros mercantiles muestran que las pymes, en coherencia con las circunstancias del tejido productivo español, fueron las que más tiraron de los ERTE. Tres de cada cuatro resultaron afectadas por uno, mientras que en las grandes, con una media de 942 trabajadores, solo resultaron afectadas menos de la mitad. La duración media, sin embargo, fue algo más elevada en el caso de las grandes empresas (167 días) por encima de las pymes (158 días).

El informe hace mención a una fórmula que puso en marcha el Gobierno que se denominó permiso retribuido recuperable, cuyos resultados han sido muy modestos. A nivel nacional, apenas lo usó el 2,7% de las empresas analizadas. Donde tuvo mayor incidencia fue en la Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia y Aragón. Extremadura, por el contrario, fue donde menos se utilizó este instrumento de suavización del impacto económico del covid.

En cuanto a las ayudas por alquiler, el informe de los registradores revela que fue una herramienta muy utilizada. La proporción de empresas que ha concedido ayudas a los arrendatarios sobre el total de empresas que presentó sus cuentas fue del 20,9%. Destacan Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla. En Navarra, por el contrario, solo afectó al 8,2%, mientras que en el País Vasco el porcentaje fue del 10,8%. Si lo que se tiene en cuenta es el número de empresas que manifestaron haber recibido ayudas públicas para el alquiler de su local de negocio, solo el 0,3%, media nacional, las obtuvieron. Baleares, Navarra y Murcia son las regiones donde las ayudas por alquiler fueron menores.

Respecto de los avales del ICO, el informe revela que Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana fueron los territorios que más se beneficiaron, lo que es coherente con su tamaño y su peso económico. Los sectores del transporte y de almacenamiento destacan en el uso de los avales del ICO, una de cuatro empresas lo solicitó. Muy por encima, paradójicamente, de la hostelería, pese haber sido este sector el más afectado.

Los datos proceden de las cuentas anuales que han presentado las empresas al Registro Mercantil, y ponen de relieve cómo la acción protectora del Estado ha salvado de la quiebra a miles y miles de empresas. En concreto, según el registro, 517.000 empresas —que suponen prácticamente la mitad de las que existen en España con actividad— recibieron en 2020 algún tipo de ayuda o ventaja para su supervivencia procedente del Estado.