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La intervención de ayer de la diputada Marisa Uceda (FdT-Mendoza), en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, fue una especie de síntesis de la ignorancia a la cual está sometida la sociedad argentina teniendo a estos burros sentados en los lugares donde se deciden los destinos de todos.
Es más, del análisis de sus propias palabras surgen contradicciones que solo pueden ser entendidas sabiendo que personas como esta diputada solo responden a un cúmulo de rencores y resentimientos que nublan su entendimiento y les impide ver los propios disparates que dicen.
Uceda hizo una mezcolanza dantesca entre lo que debe ser el papel institucional de la Corte, las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado y de la condición de independencia e imparcialidad que debe mantener la Justicia.
En un pasaje de su intervención -en donde parecía visiblemente hiperventilada- quiso fundar su intención de hacerle juicio al Supremo Tribunal en la idea de que la Corte es la responsable de la inflación porque con uno de sus fallos le quitó sustento constitucional a la ley que pretendía declarar servicio público esencial a los servicios de telefonía celular, TV por cable e Internet, dando pie, según ella, a que las empresas “puedan cobrar lo que quieran” contribuyendo con eso al aumento de los precios.
Luego de exponer esta particular manera de interpretar los alcances del derecho de propiedad en la Argentina (cuya última línea de defensa es, precisamente, la Corte Suprema) la diputada dijo que había que ponerse de acuerdo en esto porque “estamos hablando de un poder del Estado que le tiene que garantizar a nuestros ciudadanos la plena garantía (sic) de que en ese poder hay independencia y transparencia y no lo hay” (sic).
A ver, diputada Uceda, veamos si yendo despacio lo entiende: como justamente la Corte es un poder del Estado que debe ser independiente y transparente, existe, precisamente, para limitar y contrabalancear el poder de los poderes políticos de la Constitución. Que la Corte falle en contra de una decisión del Poder Ejecutivo es lo que, justamente, materializa esa independencia. Al contrario, si la Corte siempre avalara con sus fallos lo que se le antoja al presidente, el Poder Judicial habría perdido su independencia, su imparcialidad y su mismísima razón de ser, que, según sus propios dichos es lo que parece preocuparle en aras de las garantías que se les deben, según usted misma, a los ciudadanos.
Es más, voy a estar en algo de acuerdo con usted. La Corte (como institución, no precisamente ESTA Corte) efectivamente ha sido corresponsable de la situación a la que ha llegado el país a lo largo de estas últimas ocho décadas.
En efecto, si la Corte (como institución) no le hubiera dado respaldo constitucional (es decir el visto bueno de que lo aprobado por los poderes políticos no daña ni contradice la Constitución) a miles de leyes y resoluciones peronistas de los últimos 80 años, en efecto la situación del país sería otra porque ha sido ese conjunto normativo -de raíz fascista, nacionalista, estatista, intervencionista y aislacionista– lo que nos ha traído hasta donde estamos hoy.
De modo que sí, efectivamente, la Justicia ha jugado un rol respecto de las pésimas condiciones de vida que tiene hoy el pueblo argentino, porque, justamente, abdicó de ejercer su control de constitucionalidad de las leyes y le dio vía libre a un orden jurídico prohibitivo que destruyó la productividad y la competitividad argentina y sumió al país en la miseria.
Es decir, la responsabilidad que les cabe a los jueces en lo que el país vive hoy se debe a razones exactamente contrarias a las que usted dice: los jueces son responsables porque actuaron como usted quiere que actúen, esto es, endosando las decisiones de los poderes políticos (básicamente peronistas en los últimos 80 años) en lugar de haberlas frenado en seco por ser, todas ellas, contrarias a la Constitución.
La prueba de pureza independiente que la diputada Uceda le exige a la Corte como garantía para los ciudadanos se lograría si los jueces no privilegiaran lo que los poderes políticos disponen sino que, en un análisis equidistante e imparcial entre esos intereses y los de los ciudadanos comunes, tomara decisiones que resguarden los derechos individuales sin dejar de evaluar las eventuales necesidades o intereses públicos en juego. Eso sería una Corte y un poder judicial independientes.
Aceptar un esquema como el que el kirchnerismo persigue, es decir, que la Justicia en general y la Corte en particular existan solo para dar una pátina de “Estado de Derecho Occidental con división de poderes” a lo que no sería otra cosa que un sello de goma que actúa como mero apéndice de los poderes políticos, eso sí sería convalidar la dependencia del poder judicial y la pérdida de todas las garantías de los ciudadanos.
Conste que para este análisis me he constreñido estrictamente a las propias palabras que la diputada Uceda usó, es decir “poder del Estado”, “independencia y transparencia” y “garantías para los ciudadanos”.
Si eso es lo que le preocupa, señora, cálmese (que su hiperventilación puede dañarla, como pareció probarse ayer mismo cuando confundió a la Corte Suprema nacional con la de Mendoza), tómese un rato y lea la Constitución. Y digo “lea” y no “relea” porque estoy seguro de que jamás pasó por sus manos.
Como siempre, más allá del título de esta columna, dejamos abierta la siempre latente posibilidad de que aquí no haya ningún burro sino simples totalitarios que no cesan en su deseado objetivo de concentrar todo el poder en sus propias manos.
Fuente Mendoza Today
