El resto de la UE intenta frenar el apetito franco-alemán por las ayudas de Estado

En una discusión totalmente eclipsada por la presencia en Bruselas de Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, los jefes de Estado y de Gobierno han abordado la cuestión de la competitividad de Europa, especialmente en el contexto de los efectos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) aprobada por la Administración de Joe Biden y que algunos líderes europeos, especialmente Emmanuel Macron, presidente galo, creen que puede profundizar en la desindustrialización de la Unión.

Hace meses, en la reunión de diciembre, la sombra del IRA, un plan de casi 400.000 millones de dólares en subvenciones para financiar industrias verdes y limpias, era alargada. Muchos líderes lo veían como uno de los principales riesgos de cara a 2023. Ahora la situación se ha calmado, la discusión se ha enfriado y las emociones vuelven a estar bajo control. Muchos países admiten ahora que no se trata únicamente de un problema de dinero, es una cuestión regulatoria, de flexibilizar los instrumentos que ya existen, de eliminar trabas burocráticas.

Los líderes se han reunido con una primera propuesta de la Comisión Europea que le encargaron a finales de año y que se presentó el 1 de febrero: en ella, Bruselas propone una flexibilización de las ayudas de Estado, con herramientas como deducciones fiscales o el aumento de los umbrales de notificación de las ayudas a empresas o proyectos de interés público. Era un primer borrador de ideas sobre el que los líderes están de forma general de acuerdo. Ahora esperan que la Comisión Europea vaya aterrizando un poco más las ideas.

Sobre todo, la atención está en tres palabras que se utilizan en las conclusiones aprobadas por los líderes: las ayudas de Estado deben ser “dirigidas, temporales y proporcionales”. Cualquier flexibilización indiscriminada se va a traducir en un tsunami de subvenciones por parte de Alemania y Francia a su industria, como viene ocurriendo desde que en 2020 se entró en una etapa de flexibilización del marco de ayudas, primero por la pandemia y después por la guerra en Ucrania: de los más de 670.000 millones en ayudas de Estado autorizados por la Comisión Europea, el 77% corresponde a Francia y Alemania.

Berlín y especialmente París quieren una manga ancha total con las ayudas, pero en eso los otros 25 países están unidos: si hay una flexibilización total, Europa se convertirá en el salvaje oeste de las ayudas de Estado y solamente Alemania y Francia se beneficiarían. Pero la oposición se divide en dos grupos: uno que opina que hacen falta medidas de flexibilización y agilización, pero sin arriesgar el mercado interior, y otro que opina que no debería tocarse nada. “Queremos flexibilidad, pero sobre los procedimientos existentes, pero no eliminando todo. Hay algunos países que quieren que se quite lo que hay y que haya manga ancha”, explica por su parte una fuente española, que se encuentra en el sector intermedio.

España también se encuentra a favor de la llamada matching clause, una cláusula de contraoferta, que sería un instrumento especial para luchar contra la deslocalización de la industria. Así, si una determinada empresa recibiera una oferta de una serie de beneficios fiscales por parte de EEUU, el país donde se encuentra la industria podría ofrecerle las mismas condiciones para evitar su marcha.

Pero hay otras medidas a las que se opone, como el intento francés por elevar mucho el umbral de notificación, de los actuales 10 millones hasta cerca de los 100 millones. Macron es el más vocal, apuntan fuentes diplomáticas, mientras Alemania se mantiene en un segundo plano, aunque claramente alineada con el Elíseo, como demuestra el viaje que Bruno Le Maire, ministro de Finanzas francés, realizó esta semana a Washington junto a su homólogo alemán, Robert Habeck.

Flexibilizar el dinero que hay

Un segundo debate es de qué forma se puede garantizar que Alemania y Francia no fragmentan el mercado interior con sus ayudas. Mientras, algunas voces solicitan que se prepare un nuevo fondo, que podría ser el Fondo Soberano Europeo que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha propuesto para el verano.

Pero otros países, entre ellos España, Alemania o Países Bajos, creen que ya hay suficiente dinero, lo que hace falta es tener flexibilidad para utilizarlo: están los Next Generation EU, los fondos europeos de 800.000 millones de euros que se crearon para el coronavirus, y otros planes como el RepowerEU o InvestEU, sobre los que se podría flexibilizar su uso para facilitar su ejecución y su uso para intereses estratégicos.

En una discusión totalmente eclipsada por la presencia en Bruselas de Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, los jefes de Estado y de Gobierno han abordado la cuestión de la competitividad de Europa, especialmente en el contexto de los efectos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) aprobada por la Administración de Joe Biden y que algunos líderes europeos, especialmente Emmanuel Macron, presidente galo, creen que puede profundizar en la desindustrialización de la Unión.