El Ministerio de Defensa reincorporó al Ejército Argentino, y a pedido del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, a una cabo que había sido dada de baja por denunciar a un capitán por abuso de autoridad y maltrato.
Las autoridades de la cartera, según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, hicieron lugar a lo solicitado por el fiscal de primera instancia de Santa Fe Walter Rodríguez quien también había requerido que se le pague a la víctima los haberes correspondientes no percibidos, sin pérdida de grado ni antigüedad, desde el momento en que se dictó su baja obligatoria hasta su efectiva reincorporación.
De acuerdo a lo informado por la Dirección de Políticas de Género del Ministerio, la reincorporación de la víctima “se enmarca en diferentes acciones que ha realizado esta Dirección con el objetivo de reintegrar a M.E.B a la fuerza“, entre las que se incluyen una nueva junta médica que evalúe a la mujer y el pedido de evaluaciones psicodiagnósticas llevadas a cabo por especialistas en salud mental con perspectiva de género.
También se informó que serán abonados los salarios de forma retroactiva desde que inició su reclamo.
En diciembre de 2022, el fiscal Rodríguez solicitó también la elevación a juicio de la causa, que tiene acusado al capitán L.G.D, que todavía se encuentra en etapa de instrucción.
M.E.B se desempeñaba como cabo de intendencia del Batallón de Ingenieros I Zapadores de Santo Tomé, y el 20 de diciembre de 2019, el Jefe de Estado Mayor del Ejército aprobó la propuesta de la Junta Superior de Calificaciones de Suboficiales, que sugirió clasificarla como persona “incapacitada para todo servicio”, y así, se ordenó su baja obligatoria al encontrarse disminuida en sus aptitudes físicas “un 10% de incapacidad laborativa”.
El dictamen en el que se basó la decisión detalla que el 26 de agosto de 2018 la mujer decidió consumir pastillas en su hogar con la intención de quitarse la vida. En este contexto, un profesional médico acreditó que M.E.B padecía una crisis de angustia. Sin embargo, la Junta Médica, diagnosticó un “trastorno mixto ansioso depresivo” y concluyó que su afección no guardaba relación con actos de servicio.
Pero para el fiscal federal Rodríguez, las consecuencias sufridas por la víctima están vinculadas con un número indeterminado de manifestaciones inapropiadas, intimidatorias y de índole sexual, tanto verbales como a través del servicio de mensajería WhatsApp expresadas por su capitán superior L.G.D, ocurridas entre 2018 y el año 2019, cuando se dispuso su traslado al destacamento de Curuzú Cuatiá, en la provincia de Corrientes.
De acuerdo al fiscal, la ingesta de pastillas fue resultante de un acto atribuido a L.G.D, luego de que este anunciara a la víctima una sanción con diez días de arresto por no haber cargado datos en el sistema informático del Ejército, a pesar de la imposibilidad de hacerlo dado una falla informática a nivel nacional.
Si bien la ingesta fue provocada por la mujer, Rodríguez destacó que no fue con la intención de quitarse la vida, sino en busca de un motivo que le permitiese justificar su inasistencia en el ámbito laboral y así resistir tanto el acoso como la amenaza de arresto.
En su escrito, el fiscal Rodríguez había solicitado a las autoridades competentes que “se analice la reparación de las consecuencias del ilícito sufridas por la víctima” y por eso solicitó su reincorporación al Ejército Argentino y el abono de los haberes no percibidos con motivo de la baja obligatoria impuesta.
Además, destacó que el caso encuadra en un supuesto de violencia contra las mujeres, y también como una violación a la cláusula constitucional que garantiza a los habitantes de la Nación a la protección frente a un despido arbitrario y la estabilidad del empleo público.
Fuente Mendoza Today
