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“Están poniendo al zorro a cuidar el gallinero, así de simple”, afirma un efectivo de la bonaerense que trabaja junto a los miembros operativos de la secretaría de Protección Ciudadana de Tigre que conduce Mario Zamora, hermano del intendente del municipio de zona norte, Julio Zamora.
Muchos de los efectivos que se desempeñan en Centro de Operaciones de Tigre (COT), considerado “los ojos de Tigre” que monitorean la actividad del distrito a través de 2.000 cámaras de video vigilancia y coordinan el patrullaje de 130 móviles, reciben órdenes de ex oficiales de la policía bonaerense que fueron degradados al punto de no retorno de la exoneración por cometer delitos de corrupción, crímenes, detenciones ilegales y otras actividades delictivas.
El Tigre de los Zamora parece convertirse en tierra de redención y de segundas oportunidades para estos hombres que en el pasado portaban un arma reglamentaria y que, actualmente, pueden volver a hacerlo.
Y, la contratación de efectivos exonerados para cuidar la seguridad personal y los bienes de los ciudadanos y de los vecinos que honran sus impuestos mes tras mes, representa una maniobra que debiera ser rectificada de manera inmediata teniendo en cuenta la letra de la ley y los antecedentes de los funcionarios públicos exonerados que han quedado debidamente registrados para que no vuelvan a cumplir funciones policiales.
De lo general a lo particular
La ley 13.281 de la provincia de Buenos Aires en su artículo 86 establece que “la cesantía y la exoneración importan la separación definitiva del agente de las Policías de la Provincia de Buenos Aires con la pérdida del empleo y los derechos inherentes al mismo.
La sanción de exoneración se aplicará al personal en situación de retiro, implicando ello la pérdida definitiva de los derechos inherentes a dicho estado, conforme a lo previsto en el artículo 58 de la ley 13201”.
En casos de faltas disciplinarias un exonerado puede pedir su rehabilitación a los dos años del hecho por el que fue expulsado pero el artículo 96 señala agravantes que harían impracticable cualquier petición de rehabilitación al servicio de seguridad.
Ejemplos de agravantes son: “El mayor grado de antigüedad o cargo. La reiteración y la reincidencia. El empleo de elementos de uso prohibido en general, especialmente armas no autorizadas. La entidad de la acción, su extensión, consecuencias y el peligro causado o el ánimo de lucro o promesa de beneficios de cualquier índole, tanto en la acción o la omisión, como agente pasivo o activo del hecho”, entre otros posibles hechos delictivos”.
Pues bien, en algunos de estos ítems, cayeron las responsabilidades de ex oficiales de la Bonaerense que fueron exonerados y contratados por la intendencia de Tigre en cabeza de Julio Zamora.
Es el caso de Octavio Edgardo Nocito, a cargo de la logística de los 130 móviles, que a veces andan y en otras ocasiones no lo hacen, y tiene un sueldo acorde al de Director Coordinador.
Según reportes periodísticos locales es primo hermano del Miguel Cevasco, ex inspector del COT, que fue detenido e indagado por la muerte de Franco Cardozo en la localidad de Don Torcuato.
En mayo de 2021, en plena pandemia de Covid-19 y con las restricciones a la circulación impuesta desde los gobiernos nacional y provincial, efectivos del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía Bonaerense detuvieron al joven Franco Cardozo en Don Torcuato que había salido con su novia a la calle. Al otro día le entregaron el cuerpo a la familia. Les dijeron que había muerto de un infarto.
Desde entonces, amigos y familiares de la víctima se movilizan, realizando cortes y volanteadas pidiendo verdad y justicia. Como afirma su hermano Gabriel, “no queremos que la policía mate a un pibe más”. Exigen que la carátula de la causa pase de “apremios y vejaciones” a “tormento seguido de muerte”.
Calles inseguras con Octavio Nocito
Ahora bien, el primo de Miguel Cevasco, principal acusado, es el recientemente contratado, Octavio E. Nocito, para garantizar la seguridad en las calles de Tigre.
Nocito tiene sus méritos propios para salir en la prensa nacional. Así reportaba el diario Clarín su condena a tres años de prisión por el secuestro de un adolescente ocurrido en el año 2011 cuando el actual director coordinador del COI, tenía 28 años.
“La pena fue más leve de lo que se esperaba. Un tribunal de San Martín condenó a tres años de prisión a un ex policía bonaerense, a su padre y a su hermano, que hace un año y medio secuestraron a un adolescente al que culpaban de haber robado un arma. Los tres hombres también estaban acusados de torturar a la víctima. Pero los jueces consideraron que ese delito no fue probado. Los condenados son Octavio Nocito, de 28 años, un ex suboficial de la Policía bonaerense; su padre Eduardo y su hermano Emiliano. Los tres habían sido acusados de secuestrar y torturar a José Adrián Maidana, de 16 años”, reza. El chico murió en junio de 2001 durante un tiroteo con la Policía en Villa Martelli.
Por este hecho Nocito fue incorporado al Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia (REPEI) que se puede consultar de manera pública y que es extraño que Julio y Mario Zamora no lo hayan hecho o lo hayan soslayado.
En octubre de 2018, el gobierno bonaerense, bajo la conducción de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, creo una lista pública de, inicialmente, 8.500 policías apartados.
El Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia (REPEI) cuenta con cerca de 9.434 legajos cargados que se pueden consultar on line en la dirección, https://catalogo.datos.gba.gob.ar/dataset/registro-expulsados (actualizado por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad). La cifra de 9.434 es casi un 10% de los 94.191 policías de la Bonaerense.
Más casos de policías exonerados
Nocito no es el único caso que trabaja en la municipalidad de Tigre bajo la conducción de los hermanos Zamora, también, pueden hallarse en esta selecta lista de Excel, el ex teniente Luciano Germán Sbrissa, exonerado de la fuerza policial por vínculos con el comisario Raúl Papa, condenado a 6 años de prisión y detenido cuando era jefe de la policía distrital en San Isidro, por estar vinculado a una banda policial que asaltó a un empresario.
Si bien no es la primera vez que un intendente cae en la tentación de crear su “maldita policía” que le responda directamente, con ex oficiales exonerados y, en algunos casos, condenados en tribunales de primera instancia, es insólito que se juegue con fuego con una de las áreas que más preocupan a la opinión pública en la actualidad: la seguridad.
El accionar de los efectivos exonerados de las fuerzas policiales es casi siempre un camino tortuoso cuando dejan la institución.
“Hay bastante bibliografía internacional que indica que los policías exonerados son rápidamente reclutados por el crimen organizado”, sostuvo Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
El periodista Javier Sinay explicó que “en la Argentina no hay un seguimiento posterior de casos. Un policía exonerado fue detenido en junio de 2018 por formar parte de una banda de diez bonaerenses que extorsionaban a comerciantes y liberaban zonas para robos. Otro exonerado fue detenido en 2019 en Esperanza, Santa Fe, por tres estafas. Y en julio de 2020 fueron detenidas por asaltos en Moreno cuatro personas; entre ellas, un policía de la Bonaerense exonerado, cuya mujer trabajaba en el comando de patrullas de Hurlingham y ella también quedó presa. En los procedimientos secuestraron armas y ropa de fuerzas de seguridad”.
Si bien cada caso por exoneración es completamente diferente, el alcalde de Tigre Julio y su hermano Mario a cargo de la Secretaría de Protección Ciudadana de esa localidad han decidido pasar por alto, todas las recomendaciones que impliquen contratar a personas de conducta intachable y de relación cercana a los vecinos y, por el contrario, prefieren crear su propia brigada policial con efectivos que en el pasado no supieron honrar la responsabilidad que la ciudadanía les otorgó.
Fuente Mendoza Today
