En una economía inflacionaria, como la Argentina de las últimas dos décadas, se produce una distorsión de precios relativos de la mano de la erosión generalizada del poder de compra del dinero.
Esto constituye un altísimo costo para la sociedad, ya que desde el momento en el que recibe el dinero hasta que va a gastarlo ya ha perdido una parte importante de su valor. Sin dudas, los efectos nocivos de la inflación para la sociedad deben tener algún “beneficiado”, sino ésta seguramente no se encontraría en los niveles que se ubica en la actualidad.
Y el principal “beneficiado” de esto es el gobierno (y ya ni mencionamos al Banco Central, dado que este es un apéndice del Tesoro), que tiene una distribución a su favor de recursos por el hecho de contar con el monopolio de la emisión monetaria. Si bien parte de la emisión corresponde a señoreaje, por el incremento real de la demanda de dinero, el impuesto inflacionario se origina en la suba de la demanda nominal de dinero en búsqueda de compensar la pérdida del poder adquisitivo.
De esta forma, de acuerdo con un documento de Bucacos (2003) “el financiamiento monetario del déficit fiscal ha sido un mecanismo utilizado por los gobiernos ya que, si bien no se trata de un instrumento legalmente válido, el impuesto inflacionario no necesita sanción parlamentaria, es de fácil recaudación y los contribuyentes difícilmente pueden escapar de él”.
De acuerdo con estimaciones del CEEAXXI, durante 2022, los recursos en concepto de este impuesto no legislado alcanzaron los $ 4.505.690 millones, lo que implica una suba del 146% respecto a 2021, año en el que totalizó $1.834.326.
Tal como muestra la gráfica, la pendiente del impuesto inflacionario se ha ido incrementando de la mano de la inflación, y la pendiente pronunciada del último período nos muestra que aún tiene un recorrido por delante, a costa del poder adquisitivo de los ingresos de los receptores de dinero de segundo orden en adelante (luego del gobierno, y con un rezago temporal que nos hace tener en nuestro poder el dinero ya con el valor de compra erosionado).
Debido a que la escala nominal, en un escenario de alta inflación, distorsiona los resultados a fin de hacerlos comparables, se consideró el peso relativo del impuesto inflacionario en el PIB nominal.
Durante 2022, el guarismo alcanzó el máximo desde el comienzo de la serie en 2004, y habría que remontarse a la década del ’80 a fin de estimar si ha alcanzado un valor similar. De esta forma, el gobierno, por el simple hecho de contar con el monopolio de la emisión monetaria, se apropió de 5,9 puntos del PIB, casi 2 pungos por encima del 2021, año en el que había llegado al máximo previo.
Al realizar este análisis, podemos tener más certezas sobre el por qué de la inexistencia de un plan antiinflacionario: el gobierno es el principal (y único) beneficiado de este regresivo mecanismo de transmisión de recursos a su favor, que le permite incrementar sus recursos sin tener que pasar por el Poder Legislativo.
Esto indica que cada día es más necesario quitarle el control de la emisión monetaria al gobierno, a fin de poder estabilizar la macroeconomía, quitando la nominalidad, y llevando a que nuevamente la demanda de dinero se incremente en términos reales, por el simple hecho del crecimiento de la economía, y no por la pérdida constante del poder de compra.
Hay varias y diversas opciones de llevar a cabo esto, desde mecanismos más laxos relacionados con la independencia del banco central hasta las más extremas de dolarización, todas posibles. Sin embargo, lo que no parece haber es mucha voluntad desde la política de “soltar” esta caja extra.
Fuente El Cronista
