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Narcos con celulares en las cárceles: una ley de hace 6 años obligaba al Servicio Penitenciario inhibir señales telefónicas
Por Lucía Salinas
Luego de la denuncia de una fiscalía sobre la libertad con que los presos siguen operando, la PIA descubrió que una ley sancionada en 2017 ordenaba instalar inhibidores en todas las prisiones. No se hizo, y ahora “no hay presupuesto” para hacerlo.
Desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza como en el de Marcos Paz, muchos líderes narcos se las ingenian para dar órdenes, para elegir nuevas rutas y dar continuidad al millonario negocio. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó una ley de 2017 que ordenaba la colocación de inhibidores de señales telefónicas en los penitenciarios federales y que prohibía las comunicaciones “a través de los teléfonos celulares”. Nada fue implementado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y, según informó a la justicia, no tiene previsión presupuestaria para cumplir con la normativa.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, expuso en un duro informe divulgado hace más de un año la crítica situación que se vive dentro de los penitenciarios federales. En aquel documento se consignó: “la situación evidencia que la detención y condena de sus responsables no resultan suficientes para desarticular la compleja estructura de organizaciones narcocriminales y hacer cesar sus actividades ilícitas”.
Durante todo este tiempo no hubo respuestas por parte de las autoridades del SPF, la fundadora de Justicia Legítima María Laura Garrigós. La situación no se detuvo y nuevos expedientes se iniciaron por líderes narco que continuaron emitiendo órdenes desde sus lugares de detención, más celulares fueron secuestrados.
La PROCUNAR tiene varias investigaciones en las que pone sobre el escritorio el poder de acción que los grandes jefes narcos conservan aún estando tras las rejas. En este contexto solicitó la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal general Sergio Rodríguez.
En el trabajo emprendido se pidió en primera instancia al SPF que informe la cantidad de episodios registrados en cuanto al secuestro de teléfonos celulares dentro de las celdas de los líderes narcos, que son los que desataron la discusión sobre los escasos controles internos en las cárceles.
Al analizar de forma integral la situación, la PIA se encontró con la Ley 27.375, que modifica la Ley de Ejecución Penal y que data de 2017. Es decir, el gobierno de Mauricio Macri tampoco cumplió con la implementación de lo que ordena la normativa.
El artículo 160 de esa ley se refiere a las visitas y la correspondencia que puede recibir y/o enviar las personas privadas de su libertad. En el mismo tramo, se refiere a las comunicaciones telefónicas que “se ajustarán a las condiciones, oportunidad y supervisión que determinen los reglamentos”. Esto se refiere a los teléfonos fijos instalados en cada pabellón.
Respecto a los celulares la normativa sostiene: “Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles”.
Junto con esta prohibición la Ley ordena la instalación de “inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal”. La violación a este punto, sostiene la letra de la normativa, “será considerada falta grave”.
Cuando la PIA avanzó en el análisis de estos aspectos, corroboraron lo que ya había requerido la Procuración General de la Nación en una serie de medidas solicitadas al Servicio Penitenciario: nunca se colocaron los inhibidores, muchos menos se respetó la prohibición del uso de teléfonos celulares.
La PROCUNAR había advertido la gravedad de la situación, remarcando que el crimen organizado cuenta con un marcado “despliegue dentro de las instituciones carcelarias”, más específicamente “el problema que significa el intercambio y comercialización de estupefacientes al interior de los establecimientos penitenciarios”.
Entre los hallazgos expuestos por la Procuraduría especializada en narcocriminalidad se determinó que dentro de las cárceles federales hay “personas en niveles jerárquicos de organizaciones o bandas narcocriminales de gran complejidad e influencia en sus territorios interviniendo en estas maniobras desde los establecimientos penitenciarios en los que se encontraban detenidas”.
En base a esta problemática la Procuración General le sugirió al SPF la prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles dentro de las cárceles, como la instalación de inhibidores de señal telefónica. También, se pidió mayor cuidado respecto al otorgamiento de beneficios (reducción de condenas por ejemplo) a los miembros de las estructuras criminales.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que estos requerimientos no fueron tenidos en cuenta por las autoridades del Servicio Penitenciario.
Entre otras cosas se había pedido un estricto cumplimiento de las medidas de tenencia y custodia de objetos no permitidos, como también mayor control sobre el ingreso de visitas, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario “para evitar que ingresen sustancias u objetos prohibidos”. A eso se sumó un reclamo por mejorar las requisas e inspecciones en los lugares de detención de internos considerados de “alto riesgo”.
A más de un año y medio desde el informe elevado por la Procuración General, la tenencia de dispositivos celulares dentro de las cárceles federales sigue sumando casos bajo investigación. En este aspecto la PIA también solicitó que se detalle si hay personal penitenciario sancionado o bajo algún proceso administrativo. La justicia ya había consignado la posible connivencia del personal de las cárceles para facilitar el ingreso de teléfonos como la falta de control.
En la mayoría de los casos, la comunicación con las personas del exterior “se llevó a cabo a través de dispositivos de telefonía celular, ya sea de uso individual como también compartido entre diversas personas detenidas”. Por cierto, el uso compartido de teléfonos celulares dentro de una unidad penitenciaria “representa un problema adicional en el proceso de recopilación de información y producción de prueba, por cuanto hace más difícil identificar al usuario real de las comunicaciones”, ya se había consignado.
El problema actual no es sólo que se siguió detectando el uso de teléfonos instalados en diversos pabellones de las unidades carcelarias -y habilitados para el uso general de los detenidos- para el desarrollo de las actividades delictivas, sino que las mismas incluyen las amenazas a jueces y fiscales federales que investigan a las organizaciones criminales.
Fuente Clarin
