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La Comisión Europea ha presentado este martes su propuesta de reforma del mercado eléctrico, un dossier que lleva generando muchas divisiones desde mucho antes de que el Ejecutivo comunitario empezara a trabajar en él y que seguirá cosechando visiones enfrentadas en los próximos meses. El objetivo de España, que ostentará la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea a partir del mes de julio, es sacar adelante el acuerdo antes de finales de 2023, una meta muy ambiciosa.
Bruselas pretende con su reforma acelerar el despliegue de las energías renovables y la desaparición del gas, conseguir que las facturas sean menos dependientes de grandes fluctuaciones en el mercado, apostando por contratos a largo plazo centrados en energías no fósiles. Para esto el Ejecutivo comunitario envía un mensaje claro: las energías renovables deberán triplicarse antes de que termine la década. Pero la reforma no toca ninguno de los elementos centrales del actual diseño del mercado energético, como el sistema marginalista de precios.
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En todo caso el punto de partida está alejado de lo que España habría deseado. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, ha sido muy activa en los últimos meses y ha intentado mover a la Comisión Europea hacia algunas de sus tesis, rechazadas por otros Estados miembros. En el equipo de la vicepresidenta se considera que esta propuesta de reforma, que lleva ya algunos días circulando por Bruselas y por los ministerios de Economía de los Veintisiete, representa un progreso, un paso en la buena dirección, aunque no haya llegado tan lejos como habrían deseado.
La nueva reforma intenta encontrar un equilibrio entre el sector liderado por España y Francia, que quieren cambios de calado en el mercado, una reforma radical, y aquellos que como Alemania creen que ha estado funcionando bien durante muchos años y que la excepción han sido los meses de disrupciones por el chantaje energético de Rusia. Pero lo cierto es que los cambios son menores. En febrero Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Estonia y Letonia enviaron una carta al Ejecutivo comunitario solicitando que la reforma retuviera los “enormes beneficios” del actual diseño de mercado.
De hecho la propuesta de la reforma parte ya desde una diferencia de puntos de vista crucial: mientras que España lleva desde septiembre de 2021 solicitando cambios en el mercado eléctrico europeo, la Comisión Europea considera que solamente los efectos de la invasión rusa de Ucrania y el chantaje energético de Moscú son culpables de haber dejado a la vista “deficiencias” dentro del mercado.
“El diseño actual del mercado de la electricidad ha brindado un mercado eficiente y bien integrado durante muchas décadas, pero el suministro global ajustado y la manipulación de nuestros mercados de energía por parte de Rusia han dejado a muchos consumidores enfrentando aumentos masivos en sus facturas de energía”, ha explicado Kadri Simson, comisaria de Energía. “Hoy proponemos medidas que mejorarán la estabilidad y la previsibilidad de los costes energéticos en toda la UE. Impulsar la inversión en energías renovables nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos del Acuerdo Verde y a convertir a la UE en la potencia de la energía limpia para las próximas décadas”, ha añadido.
Detalles de la propuesta
La reforma que propone el equipo de Simson a la que el sector que pide cambios de calado considera una inmovilista, no cede ante una de las principales exigencias del Gobierno español: cambiar el sistema marginalista de fijación de precios. El sistema seguiría estableciendo que el precio a pagar debe fijarlo la tecnología de producción más cara, en estos últimos meses el gas.
En cambio, Bruselas propone incentivar los contratos a largo plazo, o también los acuerdos de compra de energía (PPA) entre productores privados y compradores de energía, con el objetivo de dar más estabilidad y predictibilidad a los precios, especialmente para la industria, aunque al mismo tiempo el Gobierno considera que la Comisión Europea debería haber tomado medidas para asegurar una mayor transparencia en los mismos. Bruselas sabe de los riesgos financieros que acarrean los PPA, y por eso solicita a las capitales que planteen marcos que los hagan más seguros.
Bruselas sabe de los riesgos financieros que acarrean los PPA
Otro de los puntos clave son los contratos por diferencias (CfD por sus siglas en inglés) pensados para las ayudas públicas para las energías renovables o nuclear, que establecen un precio fijo para toda la duración de la inversión. Además, la Comisión Europea también propone dar a los consumidores un mayor control sobre los contratos que firman, incluso con la firma de “contratos a largo plazo seguros para evitar riesgos excesivos y volatilidad”, señala el Ejecutivo comunitario.
La presentación de esta propuesta está, en realidad, más enmarcada en la política industrial que en los pequeños consumidores. Esta semana la Comisión Europea se está centrando en la presentación de varias iniciativas con las que pretende plantar cara a los modelos de subvenciones de Estados Unidos y China, aumentando la competitividad de Europa y su atractivo para evitar un éxodo de compañías. Una parte muy importante de esa estrategia tiene que ver con los precios de la energía: la industria europea lleva un año pagando el doble de lo que tiene que pagar la industria americana, y esa es una de las razones que hace que algunas empresas se planteen el moverse hacia Estados Unidos.
También hay diferencias entre Estados miembros respecto a la velocidad con la que debe negociarse. Mientras España quiere cerrar la negociación antes de final de año, otros países como Alemania consideran que no hay demasiada prisa en una reforma tan delicada. Simson se alinea en este caso con España y pide a los colegisladores, es decir el Consejo y el Parlamento Europeo, que traten este dossier como “una prioridad”.
La Comisión Europea ha presentado este martes su propuesta de reforma del mercado eléctrico, un dossier que lleva generando muchas divisiones desde mucho antes de que el Ejecutivo comunitario empezara a trabajar en él y que seguirá cosechando visiones enfrentadas en los próximos meses. El objetivo de España, que ostentará la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea a partir del mes de julio, es sacar adelante el acuerdo antes de finales de 2023, una meta muy ambiciosa.
Fuente El Confidencial
