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Los presuntos delincuentes tardaron muy poco en idear el negocio; a la Justicia española le ha llevado 14 años sentarlos en el banquillo. La Audiencia Nacional juzga estos días el mayor desfalco conocido con el comercio de CO₂. Una veintena de acusados pertenecientes a ocho grupos internacionales afrontan sus cuentas pendientes con la ley tras haber desfalcado presuntamente 110 millones de euros a Hacienda a través del IVA de los derechos de emisión. Entre ellos, están dos brókeres españoles que siguen en activo. La causa forma parte de un fraude con ramificaciones en otros países —como Francia, Alemania o el Reino Unido— que se aprovechó de los vacíos legales que acompañaron el inicio de la titulización de emisiones contaminantes en la Unión Europea.
La Guardia Civil destapó el caso en octubre de 2009, durante la conocida como operación Blue Sky (cielo azul), tras un informe de Europol que reflejaba irregularidades en este negocio en España. Entonces, el mercado del CO₂ daba sus primeros pasos, tras su creación en 2005. El objetivo era que las industrias pagasen por contaminar, para así incentivar la transición energética. Pero los derechos asignados se podían comprar y vender, como sigue sucediendo ahora tras las diferentes reformas. Con una diferencia: en aquel momento, se trataba de una actividad desregulada que estaba sujeta al pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en algunos casos, pero no en todos. Era el fraude perfecto para los que supiesen aprovechar este cabo suelto a su favor.
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La Fiscalía acusó en 2018 a 22 personas, la mitad de ellas con nacionalidad española, por delitos contra la Hacienda pública, de falsedad documental, asociación ilícita o blanqueo de capitales. Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, el desfalco total asciende a 110 millones de euros. Para perpetrarlo, los presuntos implicados se valieron del clásico fraude carrusel: una empresa nacional compraba derechos de emisión a otra de un Estado miembro diferente, una operación exenta de IVA por tratarse de una adquisición intracomunitaria, y los vendía a una compañía española que sí lo paga. Antes de ingresarlo, el intermediario, conocido como trucha, se disolvía. Esto permitía a los defraudadores quedarse con el montante del impuesto, que nunca acababa de llegar a las arcas públicas.
Este tipo de operación irregular es muy común para todo tipo de bienes, pero encontró en los primeros años del mercado de CO₂ un escenario perfecto. “Era facilísimo, porque los derechos de emisión son un activo sin transporte, que se transfiere con anotaciones en cuenta a través de un clic”, reconocen fuentes del sector. En caso de que los pillasen, los presuntos delincuentes podían ocultar el rastro del dinero a través de sociedades pantalla. De hecho, la mitad de los investigados, principalmente testaferros, ha escapado a la acción de la Justicia.
No así dos de los brókeres más conocidos en España, que siguen ejerciendo la profesión. Ismael Romeo, CEO de la plataforma de compraventa de derechos de emisión Sendeco2 desde hace 16 años, se prodiga en los medios de comunicación como experto en el mercado, a pesar de estar acusado como cooperador necesario de un delito de falsedad documental y cinco contra la Hacienda pública. Por el primero, la Fiscalía pide dos años de prisión; para cada uno de los otros cinco, dos años, seis meses y un día. Según el escrito del Ministerio Público, el 75% del IVA soportado por la empresa en el ejercicio de 2009 —unos 18 millones de euros— procedía de las sociedades implicadas en las diferentes tramas que ahora juzga la Audiencia Nacional.
El otro bróker acusado es Alberto Pérez Antuña, para el que se solicitan dos años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y dos años, seis meses y un día por cada uno de los cuatro delitos contra la Hacienda pública. Como en el caso de Romeo, a Antuña no se le acusa de formar parte de los grupos delictivos, pero sí de ser cooperador necesario para la comisión del fraude. En este caso, lo hizo a través de la plataforma Capital Markets, donde ejercía como director del Departamento CM Energy. Desde allí, “permitió y procuró la participación de la sociedad” en el desfalco, según recoge el documento de la Fiscalía. Actualmente, Antuña es director general del grupo Tradama, con negocios en los ámbitos de inversión inmobiliaria y energética.
El entrenador del Colunga, del grupo asturiano de la Tercera RFEF, es uno de los acusados
Según reveló el diario Cinco Días, la Audiencia Nacional exigió una fianza de 44,7 millones a Capital Markets como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos, mientras que Hacienda le embargó 10,2 millones en activos. Efectivamente, la sociedad figura como uno de los 54 responsables civiles de lo ocurrido, en una lista plagada de empresas españolas, como la alicantina Nova Ciutat Estructuras, que facturó unos 30 millones de euros con derechos de emisión en aquel periodo, o la madrileña Energías Ecológicas Renovables, que adquirió títulos por valor de 3,8 millones.
Además de Romeo y Antuña, otros nueve nacionales se encuentran entre los acusados, dos de ellos con antecedentes penales por delitos de violencia de género y fraude fiscal. Llama la atención el caso de Julio Antonio Arniella Granda, actual entrenador del Club Deportivo Colunga, que juega en el grupo asturiano de la Tercera Federación del fútbol español. Además, hay otros 11 encausados extranjeros, la mayoría de ellos pertenecientes a los diferentes grupos criminales que se beneficiaban del desfalco: el paquistaní, el inglés, el israelí, el francés, el libanés… De hecho, las autoridades de otros países, como Alemania, han abierto diferentes causas para juzgar las múltiples tramas delictivas, según destapó en su día El Confidencial en un trabajo conjunto con 30 medios internacionales liderados por Correctiv.
Fuentes del sector recuerdan que estos procesos judiciales se han ido cerrando con condenas de mayor o menor magnitud. Sin embargo, en España quedó suelta una “pieza residual” que ahora, 14 años después, se dirime en la Audiencia Nacional. En la vista, que comenzó hace unas semanas, ya han tenido lugar los interrogatorios de los acusados y las testificales. Se retomará el próximo 28 de marzo con las periciales, según confirman desde el tribunal.
Aunque la Justicia ha sido muy lenta, el escándalo no ha caído en saco roto. La operación Blue Sky causó un impacto fortísimo en el sector. Prácticamente todas las empresas importantes que se dedican a la compraventa de derechos de emisión fueron investigadas, por ser sospechosas de participar de una forma u otra en la cadena del fraude. “Algunas sabían lo que hacían y otras no”, detallan las fuentes consultadas, que vivieron aquellos días como “un golpe” que enfrió durante algunos años un mercado incipiente.
Desde entonces, las autoridades han ido mejorando la legislación para evitar este tipo de fraude. Lo han hecho de dos maneras. Por un lado, Hacienda transpuso las nuevas directivas comunitarias para poner coto a los fraudes carrusel con el IVA. Por el otro, el mercado de derechos de emisión se ha ido reformando para profesionalizarlo, con nuevas regulaciones que exigen unas licencias para los operadores similares a las que se requieren a los corredores de bolsa.
Sin embargo, esto último ha tenido una consecuencia negativa: la entrada de numerosos bancos y fondos de inversión que especulan con los derechos de emisión ha presionado sus precios al alza. Por primera vez desde su creación, el crédito de CO₂, que equivale a una tonelada, ha llegado a cotizar por encima de los 100 euros en este inicio de 2023, impulsando al alza los precios de la electricidad. Pero esa ya es otra historia.
Fuente El Confidencial
