Ribera logra el tope al gas hasta diciembre, pero deja cuentas pendientes con Bruselas

España seguirá gozando de la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando termine la presencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este martes el acuerdo del Ejecutivo con la Comisión para prorrogar siete meses más el tope al gas para la producción eléctrica, que no se aplica desde febrero. El Gobierno logra, así, un seguro de vida por si el mercado vuelve a tensionarse, a la espera de saldar sus dos cuentas pendientes con Bruselas: la nueva tarifa regulada, que fue una exigencia de la UE para aceptar la excepción ibérica, y una reforma del mercado eléctrico que no se antoja nada sencilla.

El Consejo de Ministros aprobará este martes la norma para prorrogar la vigencia del mecanismo, que se aplica en España y Portugal desde junio del año pasado. “Contamos con el acuerdo y el respaldo de la Comisión“, ha explicado Ribera a su llegada a una reunión del Consejo de Energía celebrada en Bruselas. Ya en enero, la vicepresidenta viajó a la capital comunitaria con su homólogo portugués, José Duarte Cordeiro, para reunirse con Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Competencia. A partir de ese momento, el Gobierno ha estado en contacto con el Ejecutivo comunitario para convencerle del “éxito” de la medida, como finalmente ha ocurrido.

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Bruselas todavía tiene que adoptar la decisión en el colegio de comisarios, aunque Madrid ha decidido no esperar a esa confirmación oficial porque ya tiene el respaldo del Ejecutivo comunitario. “Ya no queda ninguna cuestión abierta, solamente queda la adopción formal”, ha señalado la vicepresidenta. Con la extensión, el límite se situará en 65 euros el próximo diciembre, que era la referencia para el 31 de mayo, cuando estaba previsto inicialmente que expirase la medida. “¿Cuál es el cambio más importante? Que la curva por la que cada vez se incrementaba poco a poco el tope del gas pasa a ser mucho más prolongada, pero mucho más suave”, ha añadido Ribera. A partir de ahora, el umbral experimentará alzas de entre dos euros y dos euros y medio cada mes, frente a los cinco euros previstos inicialmente.

La excepción ibérica ha servido para que cada hogar ahorrase una media de 209 euros en la factura de la luz de 2022, según un informe del laboratorio de ideas EsadeEcPol. Sin embargo, con el comienzo del nuevo año, la medida ha ido perdiendo efectividad, hasta no generar beneficio alguno. El motivo es que el tope solo se aplica cuando el precio del gas en el mercado ibérico (Mibgas) se encuentra por encima del umbral estipulado, algo que no sucede desde el pasado febrero. El abaratamiento del hidrocarburo, debido a un invierno excepcionalmente cálido en Europa y la acertada política de llenado de las reservas, ha dejado sin efecto la medida. A esto también contribuye el hecho de que ese límite, que comenzó en 40 euros, se haya elevado cinco euros al mes desde el pasado diciembre, hasta alcanzar los 55 euros actuales.

El mercado es imprevisible, por lo que el Gobierno ha decidido cubrirse las espaldas por si vuelven las estrecheces ante la reapertura de la economía china, que aumentará su demanda este año y amenaza con tensionar los precios de cara a la temporada de llenado, que comienza este 1 de abril, y al próximo invierno. La fecha no es casual: Ribera ha acordado con Bruselas una extensión hasta el 31 de diciembre —el objetivo inicial era prorrogarla durante todo el 2024—, lo que evitará que un nuevo repunte del precio de la luz se cuele en la campaña electoral de las elecciones generales, previstas para antes de Navidad. “Tenemos una herramienta que permite seguir protegiendo a los consumidores españoles y portugueses hasta fin de año. Si el gas natural se mantiene a los precios actuales probablemente no se active, pero, si volviera a subir, conseguiríamos mantener los precios a un nivel más razonable“, ha reconocido Ribera en Bruselas.

Las cuentas pendientes

Además, en ese momento finalizará la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, durante la que el líder del Gobierno, Pedro Sánchez, aspira a dejar encarrilada la reforma del mercado eléctrico. Este tipo de cambios regulatorios suele durar años, y un bloque de países liderado por Alemania no quiere correr tanto, por lo que no será fácil. En cualquier caso, el Ejecutivo siempre ha defendido ante Bruselas que ese es el paso que realmente la interesa para que el gas no siga contaminando el precio de la electricidad, y que la extensión de la excepción ibérica solo estaría justificada mientras el nuevo mercado no estuviese en funcionamiento. La propuesta de la Comisión, conocida hace unas semanas, ha supuesto un jarro de agua fría para España, ya que no altera las líneas maestras del mercado marginalista actual, como denunciaba la economista Natalia Fabra, inspiradora del documento español, en un reciente artículo en El País.

La otra cuenta pendiente que el Ejecutivo todavía tiene con Bruselas es la reforma de la tarifa regulada de la luz, que fue una condición de las autoridades comunitarias para aprobar la excepción ibérica en mayo de 2022. Ribera se comprometió a tenerla lista antes del 31 de diciembre del año pasado, pero el proyecto todavía está pendiente del visto bueno del Consejo de Estado. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que podría aprobarse durante las próximas semanas, después de que el Ejecutivo haya introducido algunas mejoras técnicas a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se mostró muy crítica con la medida. El objetivo de la reforma es que la tarifa regulada, a la que están acogidos más de nueve millones de hogares, no presente la volatilidad que ha sufrido hasta ahora por los vaivenes de la luz en el mercado mayorista.

España seguirá gozando de la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando termine la presencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este martes el acuerdo del Ejecutivo con la Comisión para prorrogar siete meses más el tope al gas para la producción eléctrica, que no se aplica desde febrero. El Gobierno logra, así, un seguro de vida por si el mercado vuelve a tensionarse, a la espera de saldar sus dos cuentas pendientes con Bruselas: la nueva tarifa regulada, que fue una exigencia de la UE para aceptar la excepción ibérica, y una reforma del mercado eléctrico que no se antoja nada sencilla.