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Por Rafael Mathus Ruiz
WASHINGTON.- Los tiempos se aceleraron, y la última corrida cambiaria volvió a dejar a la intemperie la fragilidad de la economía argentina. Apremiado y sin opciones, el Gobierno apuesta todo a Washington, al férreo respaldo de la Casa Blanca, y a la predisposición del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ajustar el programa económico a la realidad del país, recibir más ayuda y evitar una crisis mayor antes de las elecciones. Pero, pese a ese blindaje, en Estados Unidos dudan que la Casa Rosada pueda obtener más dólares frescos del Fondo en las circunstancias actuales.
Antes del cambio de gobierno, el 10 de diciembre, el Fondo tiene que girarle a la Argentina alrededor de 10.000 millones de dólares, según el cronograma de desembolsos previsto en el programa. Son tres giros: uno por alrededor de 4000 millones de dólares, a principios de junio, y otros dos, uno en septiembre y otro en diciembre, por alrededor de 3300 millones de dólares cada uno. Una alternativa es que el Gobierno le pida al FMI adelantar esos desembolsos a junio, una maniobra que, en la jerga del organismo, se conoce como “frontloading”, y que ya usó Mauricio Macri en 2018, a los pocos meses de firmar su acuerdo. “Todo está sobre la mesa”, fue el mensaje que dejó el equipo económico que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, durante su última visita a Washington.
Aun con el inquebrantable respaldo de la Casa Blanca, economistas, exfuncionarios del Fondo y analistas de Wall Street creen que es difícil que el Gobierno logre convencer al Fondo de ampliar la ayuda al país. O, al menos, creen que el Fondo probablemente despliegue una lista de condiciones a cambio, entre las que sobresalen tres: un mayor ajuste fiscal, un ordenamiento cambiario –léase, una devaluación del dólar oficial, ya sea frontal o encubierta, tal como ha venido haciendo el Gobierno–, y un acuerdo político que incluya a la oposición, incluido Javier Milei.
Macri consiguió que el Fondo ampliara su acuerdo de 50.000 millones de dólares a 57.000 millones a cambio de un mayor ajuste fiscal y una política monetaria más dura. Ese acuerdo fue denostado por el peronismo por el endeudamiento con el Fondo, pero también porque el nuevo cronograma de giros, que concentró los desembolsos en los meses previos a la elección de 2019, fue visto como un respaldo directo a la reelección de Macri. Con un déficit profundo de dólares por la sequía, y apremiado por la escalada de los dólares paralelos, en la Casa Rosada dejaron trascender esta semana que aspiran a una solución similar. “Que el Fondo anticipe y tranquilice”, indicó a La Nación un alto funcionario de la Casa Rosada.
La negociación recién comienza, y Economía ha evitado brindar detalles sobre qué áreas del programa intentará recalibrar, aunque fuentes cercanas a Massa ya adelantan que acelerarán el ajuste del dólar oficial a la inflación, y apretarán más el “cepo” para las importaciones.
“El listón es alto, pero no es inconcebible que el FMI avance desembolsos”, dijo Sergi Lanau, analista de Oxford Economics y exfuncionario del Fondo. “Seguramente requeriría bastante ajuste por parte del gobierno, tanto fiscal como cambiario. Nada fácil cerca de las elecciones, pero las negociaciones podrían ser peculiares porque el FMI también tiene su incentivo a que la situación no se salga de control dada su exposición enorme a la Argentina”, completó Lanau. El ajuste cambiario puede ser “devaluar, de una forma u otra”, o aplicar alguna otra opción creativa como las que ha aplicado el Gobierno, como un tipo de cambio especial para las importaciones, para manejar el impacto sobre la inflación, agregó Lanau.
Más allá de medidas concretas que se puedan acordar, la movida conlleva un riesgo mayúsculo para el Fondo. El dinero que el Fondo envía al país se usa para cancelar los vencimientos del acuerdo de Macri. Si el Fondo anticipa esos fondos y la sangría de reservas persiste, surgirá un problema casi inmediato: habrá que buscar dólares para afrontar los pagos restantes al organismo. Por esto, entre otros motivos, un analista de un banco de inversión de Wall Street no lo veía factible. “Los riesgos financieros son muy altos, la capacidad de manejo del Ejecutivo es limitada, y entonces el riesgo que esos flujos se destinen a otros usos que no sean estrictamente el repago de los vencimientos son altos”, detalló. Otra fuente lo resumió con una pregunta: “Me parece insólito que en este escenario el Fondo le adelante los desembolsos, ¿quién firma eso en el Fondo con los ruidos que hay?”. Una pregunta acompaña ese razonamiento: si el Fondo adelante los desembolsos, ¿cómo se asegura el cumplimiento del programa en lo que resta del año, o que el Gobierno no pondrá en marcha otro “plan platita”?
A eso se suma un obstáculo político. Aunque nadie lo diga en voz alta, en Washington anticipan que esta negociación con la Argentina dista de ser la última. El staff deberá sentarse con el próximo gobierno, sea del color político que sea, para moldear el programa –otra vez– a la coyuntura del momento y la política económica de la futura administración. Por eso, hay quienes creen que el Fondo pedirá un aval de la oposición a cualquier cosa que se acuerde ahora. Poco menos que un milagro en medio de una campaña descarnada.
De hecho, el Fondo ya dejó una clara advertencia sobre el deterioro político en la Argentina en su último informe sobre el país. Dada la exposición del Fondo a la Argentina, cualquier programa con el país cae dentro de la categoría “acceso excepcional”, una escala que exige un alto respaldo político y social al plan. El Fondo ya marcó, en ese informe, que ese respaldo flaquea, y que una recesión, una inflación más alta –un escenario que ya es realidad–, la sequía y la cercanía de las elecciones podían “debilitar” al programa. Y mencionó además el riesgo de “presiones de gasto preelectorales”, kriptonita para el orden fiscal. Ante ese panorama, el Fondo ya adelantó que las garantías políticas serían un “elemento esencial” para sostener el programa.
“Si bien aún es demasiado temprano en el proceso electoral para buscar garantías políticas, dichas garantías se convertirán en un elemento esencial en futuras revisiones”, dijo el informe del FMI a fines de marzo, al aprobar la última revisión, la cuarta.
La carta oficial contra todos esos obstáculos es el apoyo de la Casa Blanca, que Juan González, principal asesor para América latina del presidente Joe Biden, volvió a expresar esta semana ante una pregunta de La Nación. Estados Unidos, dijo, siempre “juega un papel constructivo” en las discusiones con los organismos internacionales, incluido el Fondo. La resolución, en última instancia, es política. Y el Fondo ha mostrado una notable predisposición para acomodarse a los avatares del país, aun a riesgo de deshilachar su credibilidad.
Fuente La Nación
