La Justicia argentina continúa esperando los resultados de un peritaje encargado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre la frustrada obra del soterramiento del Ferro Carril Sarmiento para determinar la situación procesal de ex funcionarios y empresarios acusados por coimas pagadas por la multinacional brasileña Odebretch.
Según Agencia NA, entre esos empresarios aparecen Angelo Calcaterra, ex titular de IECSA, la empresa vinculada con el ex presidente Mauricio Macri; su ejecutivo Javier Sánchez Caballero; Jorge “Corcho” Rodríguez –sospechado de haber sido intermediario para los pagos ilegales- y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, entre otro medio centenar de investigados.
El soterramiento del Sarmiento es una de las tres causas en las que se investigan supuestas coimas de Odebretch en la Argentina para quedarse con contratos de obra pública, pero se trata de la de mayor envergadura y con menores resultados.
De hecho, la Justicia argentina nunca pudo indagar a Marcelo Odebretch, el empresario brasileño que fue condenado en su país –tras declarar como arrepentido- a 19 años de prisión, que luego se redujeron a diez y terminaron siendo sólo cinco de encierro en una cárcel.
Marcelo Odebretch obtuvo su libertad en Brasil a fines de abril pasado.
La obra del soterramiento contemplaba un presupuesto de unos tres mil millones de dólares, fue planificada durante el gobierno de Néstor Kirchner, los contratos firmados en la presidencia de Cristina Kirchner y el impulso para la realización estuvo a cargo de la administración de Macri.
El juez Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Franco Picardi, había dictado en 2018 una serie de procesamientos y faltas de mérito y ordenó profundizar líneas de investigación con la requerida colaboración de la justicia brasileña.
Pero la Cámara Federal anuló esa resolución y reorientó la investigación; desde entonces, la causa atraviesa un pantanal, en gran medida porque queda pendiente la complementación con Brasil y con Estados Unidos.
En ese contexto, el juez ordenó el peritaje a un equipo de ingenieros y contadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para determinar si los términos del contrato de adjudicación se adecuaban a los términos para obras de esa naturaleza o si de ese análisis se podía inferir el pago de sobornos.
Los pagos ilegales fueron admitidos por ejecutivos de Odebretch en Brasil en el contexto de la causa conocida como “lava jato”, pero por incompatibilidades entre los sistemas judiciales del país vecino y la Argentina esa información sólo pudo utilizarse parcialmente hasta ahora.
El fiscal Picardi consiguió avanzar en ese sentido, se opuso al peritaje –que podría insumir años- y propuso que se definiera la situación procesal de los imputados, cosa que también ordenó en al menos dos oportunidades la Cámara Federal.
De lo que ocurrió en los tribunales porteños, Angelo Calcaterra declaró por escrito y negó pagos irregulares, aunque admitió que pudo haber existido alguna irregularidad administrativa.
Para el hipotético caso del pago de coimas, Calcaterra transfirió toda la responsabilidad de los responsables brasileños de Odebretch.
Sin embargo, Picardi detectó existieron pagos canalizados a través de una empresa presuntamente apócrifa llamada CAESA.
Esos pagos están registrados en la contabilidad de IECSA, por lo que Calcaterra consideró que no hay ilegalidad alguna ni en esos desembolsos, ni en el contrato en sí por la obra que todavía hoy no se concretó.
El fiscal Picardi también obtuvo el testimonio en Brasil de un ejecutivo de Odebretch identificado como Luiz Antonio Mameri, quien complicó directamente a IECSA (y sus socias en una Unión Transitoria de Empresas -UTE- a nivel local, la italiana Ghella y a española Comsa) en las coimas.
Según la investigación, Odebrecht pagó en Argentina unos 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014, la mayor parte de ellos en la obra del soterramiento, aunque también hay otras causas por gasoductos y dos plantas potabilizadoras y procesadoras de residuos.
La Argentina fue sólo uno de los destinos de los sobornos de Odebretch para obtener obra pública, ya que la suma total estimada supera los 700 millones en una docena de países.
Fuente Mendoza Today
