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En medio del debate sobre la cantidad de reservas líquidas con las que realmente cuenta el Banco Central de la República Argentina, y la falta de precisiones del organismo en sus propios balances, cabe preguntarse acerca del destino del Fondo Anticíclico Fiscal que fuera anunciado por el gobierno de Néstor Kirchner a partir de una ley creada durante la gestión de Carlos Menem.
Y mucho más en un contexto de fuerte crisis económica, corrida cambiaria, y alta inflación.
En los primeros meses del año 2006, la por entonces ministro de Economía, Felisa Miceli, señalaba que para 2008, el Fondo iba a tener $6.000 millones. Pero, según la información brindada por el BCRA, al 31 de diciembre de 2021 apenas tenía poco más de $1.920 millones. Para peor, respecto a 2020, representa una baja del 25%, cuando había casi $2.400 millones. Al cambio oficial, son sólo 8.3 millones de dólares.
“El concepto es simple: ahorrar en las épocas de vacas gordas para poder aumentar el gasto público en las de vacas flacas. Cuando la economía se contrae, el fondo anticíclico se activa, amortigua la caída y acelera la recuperación”, escribe Lautaro Pérez en el portal especializado Visión Desarrollista.
El mismo concepto manejaban en el gobierno kirchnerista. “El Fondo Anticíclico Fiscal se nutrirá de los excedentes de la recaudación fiscal”, anunciaba el ex ministro de Economía Roberto Lavagna a fines de octubre de 2005, pocos días antes de ser despedido de su cargo. Su sucesora, la mencionada Felisa Miceli, aseguraba, que el objetivo del mismo era atesorar en tiempos de bonanza para gastar en períodos recesivos.
Pero la instrumentación del Fondo nunca fue demasiado transparente.
De hecho, se decía en aquel entonces desde el oficialismo que la idea era manejar la información de ese ahorro con el mayor sigilo posible, para no fomentar los juicios de los bonistas que habían quedado afuera del canje de deuda de 2005.
Sin embargo, trascendía que el Fondo se gestionaba a través de una cuenta indisponible en el Banco Nación y que contaba con aprox. $1.000 millones. Para octubre de 2006, se aseguraba que ya tenía $3.000 millones.
Pero los balances del BCRA decían otra cosa. En 2008, la información oficial de la entidad monetaria arrojaba casi $65 millones, muy lejos de los $6.000 millones prometidos por Miceli, quien debió renunciar a su cargo en julio de 2007 debido al escándalo que generó el hallazgo de una bolsa en un placard de su baño privado en el Ministerio con $100.000 y U$S31.000.
Siempre según los balances del Banco Central, el Fondo contaba sólo con $80 millones en 2011, $92 millones en 2012, $122 millones en 2013, $160 millones en 2014, y $244 millones en 2015.
Es decir, que de los $6 mil millones prometidos para 2008, 7 años después, al final del tercer gobierno kirchnerista, sólo había 244 millones, menos de un 4% de la cifra, y con una inflación acumulada en aquel período de más del 200%. Una clara muestra del desbande de las cuentas públicas que fueron parte de la actual crisis económica.
En rigor, el Fondo Anticíclico había sido creado durante el último año del gobierno de Carlos Menem. A través de la Ley 25.152, publicada en el Boletín Oficial el 21 de septiembre de 1999, su artículo 9 establecía que “será utilizado cuando se verifique una reversión del ciclo económico”, cuyos recursos “se incluirán como aplicación financiera en los respectivos presupuestos anuales”.
Así mismo, prohibía que dichas partidas puedan ser destinados a «financiar aumentos permanentes del nivel de gastos primarios en ningún área de la Administración”. Y que el Fondo “se integrará hasta alcanzar un monto equivalente al tres por ciento (3%) del P.B.I.”, aclarando que cuando eso suceda, “los excedentes acumulados durante ese ejercicio podrán aplicarse a la cancelación de deuda externa, inversión pública o gasto social”.
Como era de esperar, nada de eso ocurrió.
Además, la aplicación de la ley siempre fue bastante desprolija. De hecho, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y en plena crisis económica, el 28 de diciembre de 2000, se dejó “sin efecto la integración del Fondo Anticiclico correspondiente al año en curso”. Pero a pesar de que a fines de 2005 la idea se retomó, nunca se concretó.
Según el mencionado Lautaro Pérez, el proyecto “dejó de tener sentido después de 2008, que fue el último año con superávit en las cuentas públicas”.
En efecto, desde 2009 hasta 2022, “fueron todos años de déficit fiscal, acumulándose desequilibrios por más de 40% del PBI”. Sólo entre 2003 y 2008 se registró superávit fiscal.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que dirige Nadín Argañaraz, “un análisis del desequilibrio fiscal entre enero de 2008 y julio de 2021, medido en dólares, marca que en el 87% de los meses hubo déficit fiscal y el acumulado total fue de u$s 250.000 millones”.
En verdad, la situación es mucho peor. El mismo trabajo consigna que “de los últimos 61 años, en 54 se va a terminar con déficit fiscal. Es decir que en 9 de cada 10 años los ingresos no han sido suficientes para financiar el nivel de gasto público ejecutado».
Argentina cerró 2022 con un déficit fiscal primario de 1.955.140,8 millones de pesos (unos 10.660,4 millones de dólares), lo que equivale al 2,4 % del PBI, según la propia información oficial.
Todo es parte del mismo problema recurrente: gastar más de lo que se recauda.
Según la revisión que hizo el INDEC en 2016 bajo el mando del fallecido Jorge Todesca, el PBI entre 2004 y 2015 creció un 48,6 %, y no los más de 65 puntos que aseguraba el kirchnerismo. Sea como fuere, el país había crecido fuertemente: la recaudación en aquellos años llegó a duplicar las propias estimaciones del gobierno, que era acusado en aquel entonces de subestimar el presupuesto.
Por lo que, a diferencia de lo que venía ocurriendo desde la creación del Fondo en 1999, con una economía en un pozo recesivo, se podría haber ahorrado mucho dinero, tal como se había prometido.
“La constitución de un fondo y una regla fiscal contracíclica en Argentina contribuiría a brindar un entorno de mayor estabilidad y previsibilidad a la política macroeconómica, ayudaría a reducir los márgenes de incertidumbre, extender los horizontes de planificación y estimular la inversión”, sostiene Lautaro Pérez.
Y agrega: “Pensar en ahorrar en tiempos de vacas gordas cuando lo que apremia es el abultado déficit fiscal puede sonar a distracción intelectual. Nada más errado. Su implementación en este contexto es ideal porque no enfrentaría la resistencia que todo gobierno muestra a moderar el gasto; éste sencillamente no tiene recursos para hacerlo”.
En la misma línea se expresa Martin Rapetti, integrante de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas, Equidad y Crecimiento): “Este tipo de mecanismos son especialmente adecuados para economías como la argentina. La alta dependencia de los commodities expone la economía a los efectos de las fluctuaciones de los precios internacionales. En el auge, la economía crece y aumenta el ingreso de divisas, lo que provoca el retraso del tipo de cambio y la pérdida de competitividad industrial. Cuando los precios bajan, la economía se retrae y el tipo de cambio tiende a subir, pero la industria no se recupera tan rápido”.
Concluye Rapetti afirmando que “los fondos anticíclicos se diseñan para mitigar la volatilidad de los precios internacionales y su efecto en la estructura productiva”.
Y cita dos ejemplos.
El 6 de marzo de 2007 Chile creó el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Durante la crisis financiera internacional de 2009, el gobierno de Michelle Bachelet retiró 9.000 millones de dólares para contener los efectos de la recesión.
El otro caso es Noruega. El país nórdico constituyó en 1990 el Fondo Gubernamental del Petróleo, “el mayor fondo soberano del mundo, con más de un billón de euros de patrimonio. El fondo tiene como propósito manejar los ingresos provenientes del sector petrolero en forma coherente con los objetivos de largo plazo de la política económica”.
“Argentina cuenta una herramienta interesante”, dice Rapetti, “el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES”, aunque no es técnicamente un fondo anticíclico porque tiene como finalidad respaldar el sistema de jubilaciones y pensiones.
El FGS fue creado por el decreto 897 el 13 de julio de 2007. Según el informe del segundo trimestre de 2022, último periodo sobre el cual hay información pública, “el valor de la Cartera de Inversiones ascendía a $ 6,11 billones”.
Dicha cartera está compuesta por títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias y préstamos a provincias y beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En verdad, se nutrió mayormente de recursos confiscados en 2008, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, a los trabajadores que tenían colocados sus ahorros en las viejas AFJP.
Sin embargo, el 23 de marzo último, a través del Decreto 164, el ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa, anunció la “pesificación” de los títulos públicos que posee el FGS, con la obligación de dárselos al Tesoro Nacional a cambio de recibir otros títulos pagaderos en pesos cada vez más devaluados.
En 2014 se registró la mayor inflación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: 38,5% en todo el año. En sólo 4 meses de este 2023, el costo de vida ya ascendió a 32%.
Fuente Mendoza Today
