Los presupuestos de Israel agravan el malestar del sector secular con los ultraortodoxos

Sin embargo, son polémicos y aumentan el malestar de la población más secular y liberal con los ultraortodoxos judíos, cuyos líderes presionaron para obtener más dinero para su sector.

LA INCERTIDUMBRE DE LOS PRESUPUESTOS

Ya en el pasado, los desacuerdos en torno al presupuesto causaron crisis políticas e incluso hicieron caer gobiernos en Israel, y esta vez también generaron inestabilidad interna entre el primer ministro y sus socios de coalición ultraortodoxos y de extrema derecha, que pidieron la asignación de más fondos para ámbitos de su interés como condición para apoyar las cuentas.

Todo ello generó cierto nivel de incertidumbre política. De no haberse aprobado el plan presupuestario en el plazo máximo del 29 de mayo, esto habría supuesto la caída del Ejecutivo, la disolución automática del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

NETANYAHU SUPERA UN PRIMER OBSTÁCULO

Según analistas, esto era poco probable, porque las presiones de máximos en el último momento antes de votarse medidas clave son usuales en la política israelí, marcada por la pugna y amplia pluralidad de partidos que abanderan intereses de sectores sociales distintos, a veces incluso opuestos. Todo ello, en un contexto de polarización creciente entre la población de Israel, fragmentada desde hace años.

Finalmente, Netanyahu llegó a un pacto ante las demandas de sus socios: los ultraortodoxos pedían más fondos para su sistema educativo y el partido ultraderechista Poder Judío exigía dinero adicional para un ministerio. Con ello, el primer ministro superó uno de los grandes obstáculos del Ejecutivo. Esto le da un tubo de oxígeno para gobernar más establemente y con menos trabas internas.

PRESUPUESTOS QUE IMPLICAN UN «SAQUEO»

Sin embargo, la tramitación de estos presupuestos -vigentes para 2023 y 2024- no estuvo exenta de polémica: prevén la asignación de más fondos para judíos ultraortodoxos, como pactó Netanyahu en los acuerdos de coalición con las fuerzas que les representan, Shas y Judaísmo Unido de la Torá (JUT), dos aliados clave en su Gobierno.

Esto generó duras críticas de la oposición y protestas ayer ante el Parlamento del movimiento contra la polémica reforma judicial del Ejecutivo. El líder opositor, Yair Lapid, calificó el presupuesto de «destructivo» al aumentar fondos a religiosos sin afrontar los retos económicos del país, cada vez más encarecido. Los movilizados en la calle también acusaron al Gobierno de «saquear las arcas estatales».

GRIETA CRECIENTE ENTRE SECULARES Y RELIGIOSOS

Los presupuestos prevén asignar unos 14.000 millones de shéqueles (3.520 millones de euros) en fondos que irán en parte a programas, entidades o escuelas religiosas, que funcionan de forma paralela al sistema educativo secular y no todas incluyen materias básicas como matemáticas o inglés. También se contempla aumentar los subsidios para centros de estudio judío (yeshivás) de adultos ultraortodoxos.

Según críticos, las cuentas mantendrán a muchos religiosos fuera del mercado laboral, mientras crece el malestar entre sectores de población secular que sienten que los impuestos que pagan van a los ultraortodoxos. Estos son ahora el 13,5 % de población, y en 2050 podrían ser un cuarto de israelíes. Más del 50 % de hombres de esta comunidad se dedican al estudio, reciben subsidios y no trabajan.

UNA ECONOMÍA PERJUDICADA

Las alertas ante los presupuestos también llegaron estos días por parte de cientos de economistas que advirtieron en una carta que el incremento de partidas al sector ultraortodoxo podría conllevar «daños significativos a largo plazo» para la viabilidad de «una economía avanzada» como la israelí.

El aumento de fondos a escuelas religiosas sin un plan de estudios básico «negará la opción de adquirir habilidades vitales» o entrar al mercado laboral a sus estudiantes. Los ultraortodoxos ya son una cuarta parte de los niños israelíes en edad escolar, y «es crucial» que tengan formación «para ganarse la vida y pagar impuestos», aseveraron los economistas. EFE