No hay que ser muy experto para darse cuenta de que en Argentina el tráfico de drogas ha venido creciendo como nunca a partir de las últimas cuatros décadas. Ese dato, que se ha visto exponencialmente marcado a partir de principios de los 90, hace que nuestro país tenga una tendencia clara e irrefrenable a seguir los pasos de países como Colombia o México.
¿Cuánto dinero mueve realmente el negocio de la droga en Argentina? Según una investigación de la revista Noticias, publicada en el año 1998, el consumo interno de droga ya superaba los U$S 160 millones al año y otros U$S 2.400 millones en estupefacientes pasaban a través del territorio nacional a otros países. La base para el cálculo es el precio por kilo al consumidor final que oscila entre U$S 30.000 y U$S 40.000 en Estados Unidos, entre U$S 50.000 y U$S 60.000 en Europa y entre U$S 70.000 y U$S 90.000 en Asia.
El negocio de las drogas ha crecido de tal manera que si se lo ubicara en el ranking de las empresas argentinas que más ganan, el narcotráfico se instalaría sin problemas en el séptimo lugar. Arriba quedarían empresas de la talla de YPF y otras. La altísima rentabilidad de las drogas se explica de manera sencilla: requiere una inversión mínima, pero el riesgo es tan alto que la intermediación eleva el precio hasta el punto de que un kilo de cocaína puede multiplicar por siete el valor original.
En nuestro país, por ahora, este negocio no es manejado por las multinacionales del narcotráfico. Los carteles internacionales se caracterizan por ser estructuras formadas en escala económica: producen la hoja de coca, refinan y extraen el clorhidrato de cocaína, distribuyen, venden en los mercados, lavan los narcodólares y después los reinvierten en la economía formal.
Los grupos que venden en el mercado local se dedican sólo a comprar y vender o a intermediar en la salida de la droga hacia el exterior. En nuestro país no existen aparentes estructuras del narcotráfico que se dediquen exclusivamente a producir y refinar para el mercado local. Lo que sí está creciendo es el número de pequeños laboratorios clandestinos que fraccionan cantidades limitadas, muchos de ellos detectados en el Gran Buenos Aires.
Investigadores de las fuerzas de seguridad que conocen del tema, coinciden en que “el país es una suerte de gran portaaviones al que llegan y del que salen aeronaves transportando drogas sin ningún control” y no dudan en poner énfasis sobre la importancia del combate al lavado de dinero, no sólo proveniente del narcotráfico, sino también del tráfico de armas, coimas y cuanto negocio sucio pueda existir.
En general los distintos gobiernos en nuestro país no han hecho gran cosa al respecto y hasta la fecha el panorama va empeorando en cuanto a lavado de dinero respecta.
En dicho esquema, la provincia de Buenos Aires sea quizás la que ocupa el lugar más importante respecto a los blanqueadores de dinero. Para darse cuenta, basta recorrer la zona céntrica de cualquiera de las ciudades más importantes de la provincia. Curiosamente se pueden encontrar inmensos locales -cuyo precio en ningún caso es menor a los varios millones de dólares-, que venden artículos de muy bajo valor unitario. La finalidad de estos comercios es acusar ventas muy superiores a las que verdaderamente tienen. Otra forma similar de operar es instalar varias sucursales de la misma empresa, también en locales de alto valor y lujosamente decorados, llegando a veces estas sucursales al número de diez o más negocios en algunas ciudades. En dichos locales, los artículos tampoco son de gran valor, no superan, los más caros, los cien pesos. Igual que en los comercios anteriormente mencionados, declaran el múltiple de las ventas realizadas. Aunque los gastos son altos, abonan los impuestos por las ventas “dibujadas”, logrando blanquear importantes sumas. Llamativamente, en estas ciudades, la AFIP efectúa permanentes controles, clausurando centenares de negocios -sobre todo pequeños- sin que hasta la fecha haya noticias de que uno solo de estos probables blanqueadores sea puesto bajo la lupa.
Otro negocio que en la provincia goza de muy buena salud es el juego que, en gran parte, está en manos privadas desde la época en que Eduardo Duhalde era gobernador bonaerense.
El negocio del juego ofrece inmejorables condiciones de lavado ya que, más allá de que es casi imposible controlar las declaraciones sobre las ganancias, no abona casi ningún impuesto, con lo que se abarata el costo de la maniobra.
Lo cierto es que siempre ha habido sospechas de la existencia de un “combo” de droga y poder, lo cual se ha tornado más que elocuente en estos últimos años.
El hombre señalado
Eduardo Duhalde llegó a la Presidencia en 2002 de manera casual: esa es su característica más notoria desde que en 1974 se encontró con la intendencia de la ciudad de Lomas de Zamora en sus manos. Su buena estrella es tan notoria como su relación con el mundo de las drogas al que siempre le destinó recursos y planes para combatirla desde la Vicepresidencia, durante la gestión de Carlos Menem, o desde la gobernación de Buenos Aires. Pero eso no le impidió ser, junto al propio Menem, uno de los políticos señalados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Ex guardavidas, abogado y notario devenido en líder político gracias a sus buenas relaciones con miembros de la derecha peronista, Duhalde llegó a la intendencia de la ciudad por obra y gracias del destino.
Si bien durante algunos años –en la época de la dictadura militar- Duhalde se encontró lejos del poder, en 1983 la llegada de la democracia lo devolvió al cargo en medio de una crisis del Partido Justicialista que lo dejó en los primeros planos. Ya por entonces en la periferia de Lomas solían apodarlo papá porro, pero pocos conocían el origen y el porqué de ese mote. Con los años y las denuncias los vecinos irían atando cabos.
Cuando en 1999 intentó llegar a la Presidencia de la Nación puso como compañero de fórmula al ex cantante Ramón Palito Ortega, quien de un solo golpe consiguió un millón de dólares para los gastos de campaña. ¿Quién los depositaba? “Un grupo de mexicanos con ganas de hacer negocios en Argentina que fueron contactados por mi asesor Aldo Ducler”, fue la respuesta de Palito. Esos mexicanos no serían otros que los lugartenientes de Amado Carrillo Fuentes –el Señor de los cielos, capo del cartel de Juárez–, hombre que logró lavar más de 20 millones de dólares a través de la financiera Mercado Abierto, propiedad de Ducler, ex secretario de Hacienda de la dictadura y administrador de los fondos de la campaña de Palito Ortega.
Cada vez que lo acusaron de tener vínculos con el narcotráfico, Duhalde dijo que se trataba de una campaña de desprestigio. Así quedó especificado en el informe que la Comisión Anti lavado del Congreso estadounidense, presidido por el senador Carl Levin, y en las investigaciones que realizaron en Argentina el ex jefe de la Interpol México, José Miguel Ponce Edmonson. En diálogo con este cronista, Ponce recordó: “Esos fondos ingresaron por parte de Palito Ortega, a quien Duhalde, enseguida lo raleó de la campaña.
Fui testigo del profundo enojo del ahora presidente quien se vio muy afectado por ese episodio”.
Nuevamente Duhalde esgrimió su argumento de que se trataba “de una campaña de desprestigio” cuando las acusaciones contra las mafias enquistadas en la policía bonaerense –a la que calificó como “la mejor del mundo”–, señalaban a su jefe, el comisario Pedro Klodczyk, como un hombre permisivo en la distribución de drogas cuando estuvo a cargo de la unidad regional de la ciudad de Quilmes.
Utilizó la misma defensa en 1992, cuando el juez español Baltasar Garzón tuvo su primera aproximación a Argentina y acusó a la ex cuñada de Menem, Amira Yoma, y al ex secretario de Recursos Hídricos, Mario Caserta -amigo de Duhalde-, de integrar una organización de lavado de dinero vinculada al traficante de armas sirio, nacionalizado argentino, Monzer Al Kassar.
En septiembre del 1989, durante un viaje de Menem a Yugoslavia, Duhalde quedó a cargo de la Presidencia. En esos días estampó la firma, junto al ministro de Economía de la época, Néstor Rapanelli, en el decreto que designaba a Ibrahim Al Ibrahim como asesor especial de la aduana en el aeropuerto de Ezeiza.
Al Ibrahim era ya el ex esposo de Amira Yoma y en español sólo sabía decir “muchas gracias”. Durante una entrevista con medios argentinos y españoles, Al Ibrahim –quien vive refugiado en Damasco desde que se convirtió en prófugo de la justicia–, aseguró que “Duhalde era uno de los funcionarios de gobierno que más favores me pedía en la aduana“.
Eran los días en que Duhalde le encargaba a su lugarteniente Alberto “el negro” Bujía retirar maletas o bultos que pasaban sin abrir por los controles de la aduana en el aeropuerto.
Las irregularidades en la aduana fueron denunciadas por el semanario español Cambio 16 y las pruebas contundentes que aportaba el semanario llevaron a que Garzón tomara la causa que involucraba a Al Kassar, radicado en Marbella.
Con el escándalo en todos los medios, Duhalde se comunicó rápidamente con el juez “para saber cuál era su situación en el expediente”, según cuenta el periodista Hernán López Echagüe en el libro El otro.
Ante la consulta desesperada la respuesta del magistrado español fue corta y tajante: “Duhalde, yo sé qué clase de político es usted…”. Sobre el escritorio del Juez descansaba el dossier confeccionado por la DEA sobre los vínculos de Duhalde con las drogas.
Diez días antes de que la jueza María Romilda Servini de Cubría iniciara las indagatorias por esa causa, conocida como el narcogate, Alberto Bujía, uno de los hombres de confianza de Duhalde –el emisario ante Al Ibrahim– moría en extrañas circunstancias.
El negro Bujía, era considerado un peso pesado. Desde sus comienzos de trabajo para Duhalde, era el enviado que llevaba extraños paquetes a las familias Romero y Saadi, en las provincias de Salta y Catamarca, respectivamente. Roberto Romero y Vicente Leonides Saadi fueron los fundadores de dos dinastías políticas que hicieron historia en sus provincias.
Bujía solía frecuentar la finca Don Alejo, propiedad de los Romero en Salta donde en 1984 fue descubierta una pista de aterrizaje a la que llegaban aviones desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que estuvo en la mira de la DEA.
Con Al Ibrahim en la aduana, Bujía no sólo visitaba al extraño asesor con el que se comunicaba por señas, sino que requería los servicios del funcionario en cada uno de sus viajes al extranjero con bultos que en los controles gozaban del mismo estatus que todos los encargos del Vicepresidente.
El día 16 de marzo de 1991, el destino quiso que muriera cuando su moto hizo colisión contra una camioneta, a metros de la intendencia de Lomas de Zamora. Según algunos amigos de “el negro”, éste estaba desbordado por el alcohol y enfiló en contramano por la citada calle. Según testigos del hecho, fue la camioneta la que se abalanzó sobre él.
Al día siguiente de tan absurda muerte, el 17 de marzo de 1991, en el marco del Yomagate, se iba a quebrar uno de los máximos imputados. Mario Caserta prestó declaración ante Servini de Cubría y, sin saber aún que iba a quedar como único procesado en la causa, manifestó que Duhalde era un poderoso narcotraficante de la provincia de Buenos Aires. Pocos meses después, la conductora televisiva Mirtha Legrand se lo iba a preguntar en persona y con gran naturalidad: -“Dígame gobernador ¿Usted es narcotraficante?”.
Fuente Mendoza Today