¿Hay que bajar la edad de imputabilidad penal para acabar con el crimen?

El disparador lo dio el crimen del colectivero Daniel Barrientos, por el cual fue detenido en las ´últimas horas un adolescente de 15 años, inimputable por su edad a pesar de haber apretado el gatillo que mató al chofer.

A partir de allí, comenzó —nuevamente— el debate por la eventual efectividad que podría provocar la baja de la edad de imputabilidad penal, que hoy llega a los 16 años. Por un lado, los sectores de centroizquierda —y los autodenominados “progresistas”— dudan de que sirva para algo. Por el otro, los sectores alineados más a la derecha, opinan lo contrario y esgrimen que hay leyes en debate en el Congreso Nacional que ayudarían a acabar con el crimen y que hoy están siendo demoradas ex profeso.

En medio de esa discusión de sordos, ¿cuál es la verdad? A la hora de combatir el crimen, ¿sirve bajar la edad de punibilidad o no?

Si se observa lo que han hecho otros países a ese respecto, parecería que la tendencia es inevitable. Veamos algunos ejemplos: en Costa Rica la edad de imputabilidad es a partir de los 12 años; en Venezuela también, al igual que Honduras, México, Ecuador y El Salvaldor. En República Dominicana, Uruguay, Guatemala y Nicaragua es a los 13; mientras tanto, en Panamá y Paraguay es a los 14.

En Europa la situación es similar, con el ejemplo extremo de Irlanda donde la edad de imputabilidad alcanza la friolera de 7 años. En Inglaterra llega a los 10, y en Francia y Grecia es a los 13. Finalmente, en Austria, Bulgaria, España, Holanda e Italia es a los 14, como puede verse en el siguiente cuadro.

¿Esto es prueba de que hay que bajar la edad de imputabilidad? Para nada, ya que cada sociedad es un mundo y su idiosincrasia depende de gran cantidad de factores que varían de un país a otro. Sin embargo, es un indicador de las tendencias para combatir el crimen a nivel mundial que, por ahora, hay que observar con detenimiento.

El Estado ausente

Sería ingenuo pensar que la punibilidad a menores de 16 años acabará con el delito de manera automática. Sería apreciar solo una pequeña parte de un problema mucho mayor, que afecta el tejido social de un país que no ha parado de ampliar la brecha económica entre los que más y menos poseen.

Ese dato es revelador, ya que se ha demostrado —sobradamente— que el crecimiento del delito es inversamente proporcional al incremento de la desigualdad social.

De esa manera, se demuestra que la mera baja de la imputabilidad no sirve como medida de fondo, sino como un manotazo de ahogado que no resuelve el problema en sí mismo.

¿Para qué penalizar a menores de 16 años si no se soluciona la cuestión principal? Si no se trabaja en ello, la postal del futuro será la de cárceles abarrotadas por cientos de adolescentes que purgarán pena, al tiempo que otros cientos de niños se irán formando en la delincuencia. Así, ad infinitum.

¿Es esa la solución: la persecución implacable sin contención previa del Estado? ¿No es al menos ingenuo creer que esa política podrá resolver la inseguridad en la Argentina?

El problema es muy complejo y el análisis debe ser tan complejo como él. Por empezar, el Estado no solo debería admitir que hay desigualdad, sino que esta se ha desbordado al extremo.

Cualquier manual de medicina para principiantes indica que, lo primero que debe hacerse antes de poder tratar una enfermedad, es reconocer que existe. Un enfermo que niega una patología, lejos está de poder curarla.

Por eso, en un país donde la mentira y el ocultamiento son moneda corriente, donde los funcionarios oficiales son los primeros en dar el ejemplo de lo que “no se debe hacer”, donde se “dibujan” las estadísticas oficiales y donde el Estado es el principal impulsor del tráfico de drogas, es imposible dar un mensaje de coherencia social.

Esto muestra cuán complicado será resolver el problema de la criminalidad vernácula.

Concluyendo

¿Cómo pueden políticos que han robado fondos públicos —el kirchnerismo—, traficado armas a Ecuador y Croacia —el menemismo—, vender narcóticos —el duhaldismo— o haber “sobornado” para sancionar una ley —el delarruismo— dar un mensaje de coherencia?

No se habla ya de combatir el crimen, sino de generar un discurso creíble y honesto de cara a la sociedad. ¿Quién puede dar el ejemplo antes de señalar a alguien más?

Destacados psicopedagogos aseguran que los chicos tallan su personalidad basados en los ejemplos que observan de sus mayores. De nada sirve lo que estos aseguren si sus comportamientos no se condicen con sus propias prédicas.

Eso mismo es lo que ocurre a nivel social. Desde el Estado se da un discurso hipócrita que no hace mella en los que deberían recepcionar ese mensaje.

Hasta que ello no cambie, hasta que no haya una diatriba clara y unívoca, que se condiga con los hechos, será imposible empezar siquiera a discutir cómo resolver el problema de la delincuencia. 

Fuente Mendoza Today