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La excepción ibérica no se aplica desde febrero debido al abaratamiento de los precios del gas, pero sus efectos se dejarán notar durante muchos años —para bien o para mal— en el bolsillo de los consumidores de electricidad. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la reforma de la tarifa regulada de la luz, a la que están acogidas unos nueve millones de hogares, y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Es más de año después de lo comprometido con Bruselas —octubre de 2022— en mayo del año pasado, cuando la Comisión dio luz verde al tope al gas para la producción eléctrica a cambio de que España reformase el llamado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) para reducir su volatilidad.
La reforma se ha ido posponiendo, pero finalmente se ha aprobado antes de las elecciones, lo que evita que la probable victoria de la derecha en los comicios la aborte. El mayor cambio es que, a partir de ahora, el precio que paguen los clientes no solo dependerá de la casación del mercado mayorista en cada tramo horario, sino que en la fórmula también se incluirán los mercados a plazo. Esto impedirá que los hogares acogidos a esta factura —uno de cada tres— sufran tan directamente la montaña rusa de los precios de la luz que ha caracterizado los últimos dos años de crisis energética, y continuará, aunque de forma atenuada, en el futuro, debido a la mayor inestabilidad de un mix dominado por las renovables.
Precisamente, uno de los factores que ha retrasado la aprobación de la nueva factura regulada fueron las reservas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a este respecto. El regulador advirtió en diciembre de que el hecho de que la tarifa antigua estuviese vigente cuando los precios eran altos —llegaron a superar los 500 euros el megavatio hora (MWh), su récord histórico—, y no vaya a estarlo a partir de ahora, cuando están bajos —este miércoles se pagarán a 86 euros Mw/h, y en el futuro bajarán más por el mayor despliegue de renovables—, perjudica al consumidor.
Para adaptarse a las exigencias de la CNMC, el Gobierno ha ido afinando a lo largo de estos meses algunos aspectos técnicos, que finalmente han alumbrado la nueva tarifa. Según ha explicado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a partir del 1 de enero de 2024 los consumidores “no tendrán que hacer nada”, sino que únicamente recibirán unas facturas “más estables”.
Una reforma gradual
La nueva metodología persigue un balance adecuado entre las señales a corto plazo y una mayor protección de los consumidores frente a la volatilidad de los precios. Por un lado, se seguirá manteniendo una cierta exposición al mercado al contado, si bien el peso de los mercados de futuros irá aumentando gradualmente.
La reforma aspira a reforzar la protección de los pequeños consumidores de electricidad frente a la creciente volatilidad de los mercados energéticos, un fenómeno nuevo para este sector, dicen fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que creen que la época de precios estables se ha terminado y hay que estar listos. Otras dos metas, estas secundarias, son mantener los incentivos a la eficiencia energética y la gestión de la demanda, y adaptar la regulación a la vigente directiva del mercado interior en lo relativo a las tarifas reguladas.
Como consecuencia de ello, la nueva PVPC incorporará parcialmente las señales de precio a largo plazo, lo que supondrá un impulso a la contratación de electricidad en estos mercados. También permitirá una reducción de la volatilidad en las facturas de hogares y micropymes españoles, especialmente acusada desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. De este modo, se lleva a cabo una desindexación parcial de los mercados al contado, al incorporar referencias de los de futuro de forma gradual.
El peso de la señal a plazo irá aumentando desde el 25% en 2024 hasta el 55% en 2026
En concreto, fija un marco transitorio por el cual el peso de la señal a plazo se incrementará progresivamente entre 2024 y 2026, de modo que para el primer año representará un 25% e irá subiendo hasta alcanzar el 40% en 2025 y el 55% en 2026, dejando el porcentaje restante al diario e intradiario. A su vez, las referencias de precios de los mercados de futuros estarán integradas por una cesta de productos a plazo con distinto horizonte temporal. Así pues, el 10% corresponderá al producto mensual, el 36%, al trimestral y el 54%, al anual.
Desde el Ministerio aseveran que, en cualquier caso, la nueva metodología preservará la señal de precios horarios al mantener el diferencial resultante de la casación del mercado diario, lo que contribuirá a fomentar patrones de consumo eficientes para aprovechar las horas más baratas.
Tal como ya avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la reforma, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), concede un margen para que todos los actores del sistema eléctrico vayan incorporando las novedades. Para las comercializadoras de referencia, el texto entrará en vigor el próximo 1 de julio, fecha en la que ya se empiezan a tener en cuenta las cotizaciones de la cesta de futuros, en tanto que la aplicación respecto a la factura de los consumidores comenzará el 1 de enero de 2024. La fórmula prevé garantizar además que estas comercializadoras no concurran en un desequilibrio económico que les pueda llevar a la quiebra, al tener que asumir ahora unos riesgos que, hasta el momento, no tenían, ya que no compraban por anticipado.
La excepción ibérica no se aplica desde febrero debido al abaratamiento de los precios del gas, pero sus efectos se dejarán notar durante muchos años —para bien o para mal— en el bolsillo de los consumidores de electricidad. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la reforma de la tarifa regulada de la luz, a la que están acogidas unos nueve millones de hogares, y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Es más de año después de lo comprometido con Bruselas —octubre de 2022— en mayo del año pasado, cuando la Comisión dio luz verde al tope al gas para la producción eléctrica a cambio de que España reformase el llamado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) para reducir su volatilidad.
Fuente El Confidencial
