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Los empresarios no quieren entrar en la campaña electoral, pero fijan líneas rojas a las promesas del Gobierno. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido con críticas al anuncio hecho este miércoles por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de fijar por ley el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 60% del salario medio.
“Me acabo de enterar, lo he comentado hace un rato con Unai [Sordo, secretario general de CCOO], al que tampoco le había llegado. Yo creo que estos planteamientos que no incluyen a los agentes sociales son un auténtico error. […] El SMI tiene muchas implicaciones. Estas cosas siempre se plantean como ‘Te invito a cenar, pero pagas tú la cena”, ha señalado Garamendi en un acto organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y BBVA.
El empresario vasco ha recordado que la regulación establece que cualquier cambio en el SMI se debe plantear primero a los agentes sociales. “Se están cargando la segunda parte de la ley”, ha añadido.
En esto ha coincidido Sordo, de CCOO, en una comparecencia anterior a la de Garamendi: “A nosotros no nos ha comunicado nada, pero nos parece bien garantizar que se va a cumplir la carta social europea. Algunos acuerdos del SMI nos han costado Dios y ayuda, si la ley nos da esa seguridad mejor”.
Defensa de los empresarios
Garamendi también se ha referido a las críticas que ha habido desde el Gobierno en los últimos años a empresarios. Le ha puesto un suspenso en este punto al Ejecutivo, y ha señalado que esto debería haber provocado dimisiones de ministros. “La sociedad difiere mucho en la percepción de empresas y empresarios, tenemos cara y ojos”. Cuando se ataca a empresarias como Ana Botín, presidenta de Santander, ha añadido, “se están metiendo con sus tres millones de accionistas españoles”.
El presidente de la CEOE recuerda, sobre la reforma laboral, que dentro de la patronal “hubo tres abstenciones y ningún voto en contra. La reforma laboral venía de un planteamiento inicial de derogarse los aspectos más lesivos, había exigencias de Europa para gestionar mejor la temporalidad, y yo creo que se llegó a un buen acuerdo”. No obstante, ha criticado que el Ejecutivo tocó el artículo 51 sobre los ERE de forma unilateral. “El día que se pueda, diremos que se cambie, porque eso no se pactó. El ministerio lo ha cambiado. Habrá puntos de mejora, y lo gestionaremos en el diálogo social”, ha añadido Garamendi.
Sobre cambios en el proceso electoral y las peticiones de avales, Garamendi ha defendido la transparencia del sistema: “Parte del debate era que por qué cuatro nuevos o 20. En una organización de 280 organizaciones, tener el aval de seis, yo creo que no es una gran exigencia como para excluir a nadie. Son temas que se han planteado de forma natural, con debates en la comisión, comité y junta directiva”.
Sobre la polémica estadística de los fijos discontinuos, Garamendi considera que “es otro debate, que se ha orientado hablando de churras y merinas. El contrato fijo discontinuo tiene interés para la empresa y para el trabajador, que puede ir al banco y pedir un crédito, y con un contrato temporal no. Eso no tiene nada que ver con cómo lo medimos. Yo creo que es mejor que se mida exactamente como tiene que ser. Al próximo Gobierno, sea cual sea, le va a pasar lo mismo, es un tema de estadística, que es bueno que se adapte, pero será para cualquier Gobierno”.
También ha hecho una mención sobre la salida de Ferrovial: “Es una salida legítima, dentro de la realidad europea, igual que hay empresas que vienen a España. Por las noticias que yo tengo, no hay otras empresas que se estén replanteándose irse, y el presidente de los empresarios nunca va a hablar mal de su país. Lo que puedo decir es cosas que se pueden hacer para mejorar”.
Los empresarios no quieren entrar en la campaña electoral, pero fijan líneas rojas a las promesas del Gobierno. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido con críticas al anuncio hecho este miércoles por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de fijar por ley el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 60% del salario medio.
Fuente El Confidencial
