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El Gobierno quiere imponer un congelamiento de precios masivo hasta las PASO
Damián Kantor
Para poder importar, Tombolini exige que las empresas mantengan los precios de motos, calzado, electrónicos y ropa, entre otros, hasta el 15 de agosto.
Para poder importar, Tombolini exige que las empresas mantengan los precios de motos, calzado, electrónicos y ropa, entre otros, hasta el 15 de agosto.
Con márgenes mucho más modestos para aplicar un nuevo “Plan Platita”, el Gobierno apuesta todas sus fichas a bajar la inflación por lo menos hasta las PASO. En ese sentido, la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, presiona a fabricantes de bienes durables y semidurables adheridas a Precios Justos a congelar los precios hasta el 15 de agosto, es decir dos días después de la elecciones primarias.
Se trata de un cambio drástico en los acuerdos firmados previamente con empresas de diversos rubros y que impacta en la comercialización de zapatillas, electrodomésticos, electrónicos, indumentaria, calzado y motos, entre otros productos. Ocurre que en la edición anterior de Precios Justos, que entró en vigencia en marzo, establecía un congelamiento quirúrgico y acotado a muy pocos productos y una suba mensual tope de 3,2%. Tombolini, ahora, exige renovar el programa con los precios planchados.
“No sólo eso, también nos pidieron que se retrotraigan la suba permitida de 3,2% de mayo. Está claro que la apuesta es a bajar la inflación hasta las elecciones”, se lamentó un ejecutivo de un fabricante nacional. No obstante, aclaró que la empresa firmó el acuerdo para evitar males mayores.
Empresas y comercios se fueron enterando de la novedad hace dos semanas, cuando fueron convocados por Tombolini, en principio para extender los acuerdos iniciales. La nueva oferta causó sorpresa y mucho malestar, según confiaron a Clarín varias fuentes del sector privado.
Desde el Gobierno argumentan que no hay imposición de ningún tipo. Un funcionario de Comercio señaló que “son acuerdos voluntarios. Si una empresa no quiere firmarlo, lo único que pierde es la prioridad para poder importar y para acceder al MULC”, es decir los dólares al tipo de cambio oficial para cancelar deudas en el exterior. Los fabricantes tienen otra versión. “Nos dijeron clarito que los que no adhieran al programa no podrán importar nada”, argumentaron.
El torniquete no incluye, por lo menos hasta ahora, a productos de consumo masivo, que mantendrán la pauta de una suba máxima del 5% mensual, dividida en dos etapas: 3,8% en la primera quincena y el resto, en la segunda. La mayoría de los bienes durables alcanzados se producen con componentes importados, por lo cual “las empresas no tienen margen de maniobra, porque si no firmás te traban las SIRAS“, remarcan las fuentes. La SIRA es el trámite de rigor para poder importar, cuya autorización depende de la oficina de Tombolini.
Hay otra baraja que tiene el Gobierno para presionar a las cadenas y comerciales especializadas. Comercio está terminando de redactar la resolución para extender Ahora 12, que permite comprar productos fabricados en el país en cuotas a tasas más bajas. Aunque todavía no está definido el plazo, Comercio logró mantener la tasa de 72,75% anual, a pesar de los reclamos de los bancos. “Los negocios temen que se los excluya si no adhieren al congelamiento”, analizan.
No son conjeturas. Así de clarito amenazó Tombolini “a los gritos” en una reunión que mantuvo con referentes y ejecutivos de cadenas de especializadas que se realizó hace dos semanas. Uno de los participantes del encuentro dijo que el secretario de Comercio habló de que en la batalla contra la inflación “se está con el Estado, o en contra” y advirtió que las empresas que no firmen no podrán ofrecer el Ahora 12 a sus clientes. “Si no los fundió la pandemia, esto no los va a fundir”, ironizó Tombolini, según dijo la fuente.
En las industrias sostienen que la exigencia de fijar precios en este contexto es injusto. Mucho más si se tiene en cuenta que los fabricantes que acordaron participar en Precios Justos vienen con los precios desfasados desde hace tiempo.
“Es una carga muy fuerte, porque el convenio anterior ya establecía precios por debajo de la inflación. Además, nos impacta la tasa de la última devaluación, que le pega a los costos”, explicaron desde una de las compañías que estampó la firma con estas nuevas condiciones. Agregó que le plantearon todos estos argumentos a Tombolini, pero que el funcionario “se mostró intransigente”.
Fuente Clarin
