En las últimas hoars, la Corte Suprema autorizó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación a contratar siete secretarios letrados para iniciar el proceso de remoción del juez federal de Mendoza Walter Bento. Por otra parte, confirmó al cesantía de la Justicia de uno de los hijos de Bento que está siendo investigado en el juicio oral que se sustancia en Mendoza.
En una acordada publicada por diario Clarín, la Corte autorizó a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura a suscribir, a partir del 31 de mayo y hasta el 27 de noviembre del corriente año, los contratos a favor de 7 agentes con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de jefe de despacho (relator), para desempeñarse en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a razón de 1 por Vocalía”.
Por otra parte, la Corte analizó un recurso de Nahuel Bento, hijo del suspendido magistrado, que denunció “la arbitrariedad en el caso es gravísima porque fue suspendido y cesanteado cuando se hallaba con licencia psicológica y psiquiátrica”.
El máximo tribunal consideró que la cámara federal de Mendoza tomó “la precaución de dar intervención al Cuerpo Médico Forense, dependencia que dictaminó que sus antecedentes de salud no le impedían el ejercicio de su defensa material respecto de actuaciones que pudieran formularse en su contra”.
“La solicitud de avocación el Dr. Nahuel Bento se limita a denunciar que existieron irregularidades en el trámite de las actuaciones sumariales y reproducir definiciones del concepto de arbitrariedad o del principio de inocencia, pero ello sin fundar suficientemente la alegada configuración de esos supuestos en su caso”, agregó la Corte.
Se advirtió que “las faltas endilgadas al funcionario investigado comprobadas por la cámara, sumado al procesamiento firme que pesa en su contra por un delito muy grave, revisten entidad suficiente como para considerar justificada la insuperable pérdida de confianza de sus superiores, por lo que la separación del cargo no es arbitraria. En ese sentido, las resoluciones adoptadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en el presente caso se hallan adecuadamente fundadas en la valoración de los elementos de juicio obrantes en el sumario, de modo que no se verifican los motivos que habilitan la intervención de este Tribunal por la vía intentada”.
Por estas razones, la Corte resolvió “no hacer lugar al pedido de avocación formulado por el Dr. Nahuel Agustín Bento. .”.
El juez Bento fue suspendido a fines de mayo en sus funciones por el Consejo de la Magistratura, que decidió promover su proceso de destitución por “mal desempeño” de su cargo.
La decisión fue tomada por unanimidad durante un plenario del Consejo presidido por Horacio Rosatti, en el que solo hubo una disidencia parcial en los 19 votos de los presentes.
Bentoes investigado en la justicia penal como líder de una asociación ilícita.
Para llevar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá seis meses para expedirse, fueron designados los consejeros Eduardo Vischi, Roxana Reyes y Miguel Piedecasas.
Tras esta medida, la Cámara Federal de Mendoza resolvió designar como subrogante al titular del Juzgado Federal 3 de Mendoza, Marcelo Fabián Garnica, desde el 1° de junio.
La suspensión deBentofue votada por Rosatti, Vischi, Reyes, Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.
Bento, nombrado en 2005, también fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito porque se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado, medida que, confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, incluyó su prisión preventiva, que no cumplió por ser juez.
Cuando lo consideró líder de una asociación ilícita que cobraba dinero a imputados de narcotráfico y contrabando, el juez federal Eduardo Puigdéngolas sostuvo que Bento “en ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización”.
Fuente Mendoza Today
