El salario mínimo real se estanca en España desde el inicio de la crisis inflacionista

Si algo quedó claro en el debate electoral de este lunes es que una cosa son los grandes datos macroeconómicos y otra la realidad de las familias. Es algo que apunta muchas veces la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: aunque la economía España vaya bien, mucha gente lo está pasando mal. Cuidado con los triunfalismos. El principal factor de las dificultades de los hogares es la crisis inflacionista, que ha dado una dentellada al poder adquisitivo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha certificado lo que venía adelantando en anteriores informes: los salarios reales han caído un 4% en España desde el momento previo a la pandemia, que coincide con la llegada al poder del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos. Es el doble que la media del club de los países más ricos del mundo.

Sin embargo, este —por sabido— no es el dato más interesante del informe Perspectivas de empleo 2023, que la institución con sede en París ha publicado este martes. Hay otro que Díaz estudiará con calma, porque afecta a una de las políticas estrella de su ministerio (Trabajo), pero demuestra hasta qué punto los hogares que teóricamente habían avanzado durante estos años de subida de precios gracias al apoyo del Gobierno realmente se han quedado estancados ante la brutalidad de la espiral inflacionista. Ese dato se resume en el siguiente gráfico:

Efectivamente, las subidas del salario mínimo interprofesional emprendidas por el Gobierno no han evitado que, desde el final de 2020, sus perceptores se hayan quedado como estaban. Hoy, los 2,5 millones de trabajadores que reciben el SMI pueden comprar lo mismo con su sueldo que antes de la crisis inflacionista. España no escapa a una tendencia internacional en la que las subidas decretadas por los Ejecutivos se evaporan ante la cruda realidad de la espiral de los precios. De entre los grandes, solo en Alemania se ha producido una ganancia significativa de poder adquisitivo —en torno al 10%—, pero nuestro país no sale especialmente bien parado: mientras que en la media de la OCDE se han producido tímidos avances, al igual que en Francia o el Reino Unido, en España el estancamiento es total.

Como toda estadística, los datos ofrecidos por el club de los países más ricos del mundo ofrecen matices. El más importante es el rango temporal elegido, que se extiende desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2023. La primera fecha resulta una fecha un tanto arbitraria, ya que el consenso generalizado es que la crisis inflacionista no comenzó hasta el verano de 2021. De hecho, no fue hasta abril de ese año cuando el índice de precios de consumo (IPC) español superó la barrera del 2%, el objetivo marcado por el BCE para la estabilidad de precios. En defensa de la OCDE, hay que decir que, al tratarse de una decisión anual en la mayoría de los países —entra en vigor el 1 de enero—, resultaría más difícil establecer la comparación partiendo de otro momento del año.

En cualquier caso, hay una realidad cierta: la inflación provocada por los cuellos de botella y la crisis de suministros, y agravada más tarde por la crisis energética y la guerra de Ucrania, afecta a todas las economías. Y, en este caso, España parece haber seguido una tendencia similar a la de sus vecinos, con subidas insuficientes para compensar el incremento de los precios. En cualquier caso, estas dejan a los perceptores del salario mínimo, que es una política decidida por el Gobierno, en mejor situación que al conjunto de la masa salarial, que determinan las negociaciones entre empresarios y trabajadores. No hay que olvidar que, mientras el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) estaba bloqueado, la propia Díaz emprendía cada año revalorizaciones del SMI.

“En España, el salario mínimo real se ajusta más a la inflación que el salario medio: el salario mínimo nominal ha aumentado un 13,7% desde diciembre de 2020, en línea con la inflación, manteniendo el salario mínimo real constante. Cabe destacar que, incluso antes del reciente repunte de la inflación, los aumentos del salario mínimo en España fueron sustanciales, situando el país entre los países de la OCDE con el crecimiento más rápido en el salario mínimo legal”, destaca el informe.

El problema es que, pese al discurso del Gobierno, estas mejoras se antojan insuficientes. El gran salto en el poder adquisitivo de los perceptores del salario mínimo se produjo en 2019, cuando Sánchez gobernaba en solitario y la actual titular de Trabajo no formaba parte del Consejo de Ministros. Entonces, el Ejecutivo, recién llegado al poder tras la moción de censura contra el popular Mariano Rajoy, subió el SMI un espectacular 22%, desde los 735 euros hasta los 900, mientras que la inflación media se situó en un raquítico 0,7%. En 2020, primer año de la coalición, se consolidó esa tendencia, con una subida del 5,5% —hasta los 950 euros—, en un escenario deflacionista marcado por la pandemia. Pero, a partir de ahí, la espiral de precios se ha comido los otros tres incrementos, que lo han dejado en los 1.080 euros actuales.

La situación resulta todavía más grave si se tiene en cuenta el doble castigo que la inflación inflige a las rentas más bajas, entre las que se suelen encontrar los perceptores del salario mínimo. Aunque el estudio no entra en esta cuestión, lo cierto es que otros informes de organismos de reconocido prestigio, como el Banco Central Europeo, han demostrado que la composición de la cesta de la compra de ricos y pobres es distinta, y que estos últimos dedican una mayor parte de su renta a consumir aquellos productos que más se han encarecido, como la energía y los alimentos.

La pérdida de poder adquisitivo resulta más intensa en los hogares de bajos ingresos

Esto hace pensar que quienes ingresan un SMI no solo se han estancado desde el inicio de la crisis inflacionista, sino que resulta muy probable que realmente hayan perdido poder adquisitivo, así en España como en otros países de nuestro entorno. “La pérdida de poder adquisitivo es particularmente compleja para los hogares de bajos ingresos, ya que tienen menor capacidad para hacer frente a los aumentos de precios mediante ahorros o préstamos“, sentencia el documento. Para evitar esta situación, el club de los países más ricos del mundo aboga por seguir subiendo el salario mínimo, como propone la izquierda y el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha empezado a sugerir durante los últimos días.

Un mensaje de esperanza

Sin embargo, no todo son malas noticias. Los expertos de la OCDE también lanzan un mensaje de esperanza de cara al futuro, que ya se empieza a intuir en el presente. La espectacular moderación de la inflación en nuestro país —el IPC español es uno de los más bajos de Europa, y ya está dentro de los objetivos del BCE— ha permitido que, en el último año, los salarios reales solo hayan caído un 1,2%. “Este descenso es más contenido que el observado en otros países de la UE debido a la dinámica del crecimiento de los salarios nominales y de la inflación, especialmente durante el segundo semestre del año“, destaca el informe. En el conjunto de la OCDE, el desplome alcanza el 3,8%.

La tendencia del último año resulta positiva. De hecho, los expertos del club de los países más ricos del mundo destacan que, entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, el crecimiento de los salarios nominales pasó del 3,2% a algo menos del 4%, mientras que la inflación se moderó desde alrededor del 9% a aproximadamente el 6%, “amortiguando la caída de los salarios reales”. En paralelo, la proporción de convenios con cláusulas de indexación salarial ha pasado de una media del 16,6% entre 2014 y 2021 a un espectacular 45% en lo que llevamos de año. Díaz, candidata de Sumar a las elecciones generales del 23 de julio, propone que el salario mínimo gane cada año poder adquisitivo. De momento, la crisis inflacionista le ha dificultado predicar con el ejemplo.

Si algo quedó claro en el debate electoral de este lunes es que una cosa son los grandes datos macroeconómicos y otra la realidad de las familias. Es algo que apunta muchas veces la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: aunque la economía España vaya bien, mucha gente lo está pasando mal. Cuidado con los triunfalismos. El principal factor de las dificultades de los hogares es la crisis inflacionista, que ha dado una dentellada al poder adquisitivo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha certificado lo que venía adelantando en anteriores informes: los salarios reales han caído un 4% en España desde el momento previo a la pandemia, que coincide con la llegada al poder del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos. Es el doble que la media del club de los países más ricos del mundo.