Argentina
España
USA
Israel
ROSARIO.- A pesar de que fue uno de los protagonistas de una causa sobre juego clandestino y supuesto pago de sobornos a fiscales, que lo tuvo en el centro de la escena, el actual senador provincial del PJ Armando Traferri logró un triunfo en las elecciones del domingo pasado en San Lorenzo, el departamento donde es senador desde hace tres períodos, a pesar de que allí gobierna un intendente de Juntos por el Cambio.
Traferri volvió a candidatearse para senador provincial por el frente peronista Juntos Avancemos. El legislador fue el más votado en todo el departamento con 24.775 sufragios (77.75%) dentro del espacio peronista. Muy lejos quedaron los contrincantes de esa interna. Sin embargo, la sumatoria de votos de Unidos para Cambiar (34.297 votos) superó a la de Juntos Avancemos (31.866 votos) en 2431 votos.
En 2019, cuando salió electo senador provincial, Traferri era un dirigente cercano al gobernador Omar Perotti, del que se distanció luego de que estallara la causa de juego clandestino. Traferri acusó al entonces ministro de Seguridad Marcelo Saín de ser el responsable de una “persecución en su contra”. Desde entonces, la relación con Perotti nunca se restableció. Traferri es quien maneja los hilos del Senado provincial, que se transformó, desde que el gobernador Antonio Bonfatti cedió el manejo de subsidios millonarios, en un polo de poder autónomo.
Traferri no pudo ser imputado por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery porque tiene fueros parlamentarios que lo protegen. En diciembre de 2021, el Senado santafesino rechazó retirarle esa protección y nunca pudo ser acusado, en una causa que es probable que el año próximo llegue a juicio, y que tiene varios imputados, entre ellos, el exjefe de los fiscales Patricio Serjal, que estuvo detenido, que está acusado de cobrar sobornos, que –según los fiscales– coordinaba el senador provincial que tenía un vínculo estrecho con el empresario que manejaba el juego clandestino Leonardo Peiti.
Este hombre, que declaró como arrepentido y fue condenado en un juicio abreviado, contó que llegó a pagar 250.000 dólares en concepto de sobornos. Peiti era extorsionado, además, por la banda de Los Monos, que usaban sus contactos en la justicia para beneficio de la organización.
En noviembre pasado, la jueza Bibiana Alonso decidió aceptar el pedido de los fiscales Edery y Schiappa Pietra para que la causa no pase al archivo y se espere qué resolución va a tomar la Corte Suprema de la Nación, donde los funcionarios del MPA acudieron en queja, luego de que el máximo tribunal de Santa Fe –en votos cinco contra uno– rechazara el pedido de inconstitucionalidad del artículo 54 de la carta magna santafesina, que impide que un senador sea imputado.
El procurador Eduardo Casal avaló el pedido de los fiscales y, en un dictamen, describió las incongruencias en el máximo tribunal de Santa Fe a la hora de votar sobre este caso.
El dictamen afirma que el fallo de la Corte santafesina “no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial en los fundamentos”. Esa mirada tiene que ver con que cinco de los seis ministros de la Corte provincial votaron de la misma manera, pero con fundamentos diferentes. Por lo tanto, hubo mayoría de votos, pero no de fundamentos.
Es probable que la Corte Suprema de la Nación no se expida sobre este caso antes de las elecciones, por lo que Traferri podrá ser electo nuevamente senador y seguir gozando de los fueros. Lo que puede cambiar el fallo del máximo tribunal es que si avala el planteo de los fiscales el senador pueda ser imputado.
Detrás de los tecnicismos y trámites jurídicos hay un tema clave: si el senador Traferri, acusado de cobrar coimas del empresario arrepentido Peiti, como lo admitió en su declaración, puede ser imputado o no. Por ahora, Traferri se resguarda en los fueros parlamentarios –como lo dispone la ley– que impiden que un legislador sea acusado en una audiencia. El mandato de Traferri termina el año próximo, por lo tanto, también su protección legal, aunque si logra un triunfo en San Lorenzo tendrá un nuevo mandato en el Senado provincial.
Fuente La Nacion
