España compromete más fondos europeos para el sector público que para las empresas

España ha comprometido más fondos europeos para el sector público que para las empresas. El último balance de la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) sobre el plan de recuperación corrobora que, de momento, el diseño del reparto del maná de Bruselas favorece en mayor medida la transformación de la Administración que la del sistema productivo.

De los casi 57.000 millones de euros que ya se han convocado o licitado, cerca de 25.000 beneficiarán al sector público, frente a los 23.000 del sector privado. El resto, algo menos de 9.000, son clasificados por el Observatorio NextGen de la consultora como mixtos, ya que su destino “puede ser indistintamente el sector público o privado“, según se lee en el informe. En otras palabras: el 44% del dinero se dedicará a modernizar la Administración, el 40,6% a modernizar las compañías que actúan en el mercado y el 15,4% restante a convocatorias “a las que se pueden o deben presentar tanto empresas privadas como empresas o centros públicos”.

Es importante matizar que los expertos de LLYC, que ofrecen la que probablemente sea la estadística más detallada sobre la marcha real del plan en España, consideran como “comprometidos” los fondos “cuando se publica la correspondiente convocatoria o anuncio de licitación, aunque el inicio del plazo para registrar solicitudes sea posterior”. Es decir, no se trata de dinero que necesariamente haya llegado ya a su destinatario, sino de los mecanismos de reparto que contemplan el Estado y las comunidades autónomas conforme van avanzando en el diseño del plan.

Esta es, precisamente, la primera explicación que ofrece Paloma Baena, directora sénior de European Affairs en LLYC y coordinadora del informe, para la inesperada primacía del sector público en la estadística. El instrumento de la licitación, usado para repartir los fondos en el sector público, es mucho más sencillo que el de la convocatoria empleado en el privado, por lo que permite avanzar más rápido. No hay que olvidar que de los 70.000 millones en subvenciones contemplados en la primera parte del plan de recuperación, todavía quedan 13.000 sin comprometer, y esto podría acabar equilibrando la estadística o incluso situando por encima al sector privado.

España ya ha ejecutado el 59,5% de los fondos comprometidos con el sector público, pero solo el 37,4% de los comprometidos con el privado

Uno de los factores que más influyen en este hecho, señala Baena, es la regulación europea. Mientras el Gobierno o las comunidades autónomas pueden sacar licitaciones de forma unilateral, con las convocatorias tienen que tener mucho más cuidado, ya que deben cumplir el marco de ayudas de Estado. Hacer unos pliegos para que la Administración contrate con dinero europeo es mucho más fácil que diseñar un proceso de apoyo a las empresas que garantice que no se termine utilizando presupuesto comunitario para alterar el mercado único.

Un ejemplo es el caso del Perte (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) del vehículo eléctrico, donde la segunda convocatoria se retrasó hasta este verano porque Bruselas tardó en aprobar el nuevo Reglamento de Exención por Categorías. En los Perte de la descarbonización o el hidrógeno se han producido situaciones similares, con actuaciones que quedaron pendientes al finalizar el primer semestre, según destaca el informe.

Las diferencias entre la licitación y la convocatoria también se notan en la siguiente fase del proceso, cuando se trata de hacer llegar el dinero a su destinatario. España ya ha ejecutado el 59,5% de los fondos comprometidos con el sector público, pero solo el 37,4% de los comprometidos con el sector privado y el 45,2% de los mixtos. En total, Gobierno central, autonomías y ayuntamientos se han beneficiado de unos 8.000 millones de euros del plan de recuperación, frente a los poco más de 6.000 que han entrado en las empresas. Esta estadística solo analiza los fondos repartidos por la Administración General del Estado (AGE), pero sirve para calibrar cómo no solo resulta más rápido diseñar una licitación que una convocatoria, sino también ejecutarla.

Las regiones lo saben bien. De hecho, son las principales responsables de que el sector público salga beneficiado en el reparto: mientras que de los fondos gestionados por el Gobierno central, el 48% irá para las compañías y el 39% para la Administración, en el caso de los que tramitan las autonomías, más de la mitad del total acabará en el propio aparato administrativo.

“Las CCAA han recibido un volumen considerable de fondos destinados a actuaciones propias”

“Esto se debe a que las CCAA han recibido un volumen considerable de fondos destinados a actuaciones propias (rehabilitación de edificios públicos, digitalización de la Administración, actuaciones de movilidad sostenible, entre otras), mientras que la AGE concentra las convocatorias destinadas a proyectos empresariales, como los relacionados con la transición energética”, destacan los autores del informe. En resumen: los grandes Perte por sectores, que acaban principalmente en las empresas, están centralizados en el Gobierno, como han denunciado en numerosas ocasiones los barones autonómicos del Partido Popular, mientras que a las autonomías se les cede principalmente la gestión de fondos dedicados a ellas mismas, así como a los ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Baena no considera especialmente preocupante esta preponderancia de lo público frente a lo privado, ya que la modernización del primero, especialmente en ámbitos como la eficiencia energética de los edificios públicos o la movilidad sostenible, “forma parte del plan [de recuperación]“, dice. Efectivamente, los fondos Next Generation están pensados para operar en ambos ámbitos.

Sin embargo, el mensaje que se ha transmitido a la opinión pública estos años ha puesto el énfasis en la transformación del sistema productivo, especialmente a través de los Perte, con la modernización de la Administración en un segundo plano, más vinculada a las reformas que a las inversiones. “La misión del plan es la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, también miles de empresas, la escalabilidad de empresas que hoy son pequeñas empresas y que tienen que dar ese salto hacia la mediana empresa”, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su presentación, el 7 de octubre de 2020. El discurso ilustra las prioridades que dibujaba entonces el Ejecutivo, y que de momento los datos matizan.

“Ya desde el principio del desarrollo del plan de recuperación, se habló mucho acerca de la necesidad de que los fondos europeos llegaran a la economía real, en el sentido de que las empresas recibieran, en un contexto de crisis provocada por las consecuencias de la pandemia, recursos extraordinarios que apoyaran inversiones en un sentido transformador de la economía española”, explica el informe de LLYC. De momento, una parte muy sustancial de esos recursos está llegando a las compañías, pero no en forma de inversiones para mejorar su competitividad, sino de contratos cuya beneficiaria final es la Administración.

Fuente El Confidencial