Argentina
España
USA
Israel
Por Gabriel Bobis
El líder piquetero Osmar “Quintín” Gómez dialogó con Infobae tras el pedido de detención en su contra mientras define presentarse en la Justicia
La grave denuncia por abuso sexual contra Osmar “Quintín” Gómez (60), funcionario del gobierno de Jorge Capitanich y allegado a Emerenciano Sena y Marcela Acuña —imputados por femicidio de Cecilia Strzyzowski, junto a su hijo César— provocó que la Fiscalía N° 3 de Resistencia, a cargo de Rosana Soto, ordenara ayer su detención.
Hasta ahora, el dirigente piquetero, expulsado de su cargo tras la denuncia, no fue arrestado. El pedido en su contra está vigente. La fuerza pública puede arrestarlo en cualquier momento. El sistema chaqueño centra la investigación en el Ministerio Público Fiscal. Al contrario de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Fiscalía emite las órdenes y el juzgado de Garantías simplemente controla el proceso.
En comunicación con Infobae a comienzos de la mañana del miércoles, Gómez señaló que en este momento se encuentra hablando telefónicamente con su abogado para “definir cómo afrontará su situación legal”.
Ante la consulta de este medio sobre si se presentará espontáneamente a la Fiscalía, el funcionario contestó: “Eso lo está definiendo el abogado, no lo tenemos definido todavía”. En ese momento, “Quintín” cortó la comunicación al ser llamado por su defensor.
Mientras tanto, el Gobierno chaqueño –que ya es querellante en la causa por el femicidio de Cecilia- tomó una fuerte postura pública contra “Quintín”.
En una conferencia de prensa fuera de su habitual cronograma, el vocero oficial, Juan Manuel Chapo, dio detalles acerca de las medidas tomadas tras la denuncia.
“Repudiamos enérgicamente la situación planteada y lo hacemos de forma contundente, el delito por el cual se lo acusa es de extrema gravedad. Ponemos a disposición todos los dispositivos de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, tanto aquellos que tienen que ver con el asesoramiento técnico y legal, como los que tienen que ver con la contención de carácter psicológico”, subrayó Chapo.
El funcionario remarcó que, luego de tomar conocimiento de la radicación de la denuncia el 17 de julio, “el gobernador ordenó en forma inmediata la elaboración del decreto que puso fin a la vinculación laboral de Gómez con la Secretaría de Municipios, donde cumplía funciones como asesor. La reacción fue inmediata”. La desvinculación se hizo efectiva de manera retroactiva al 1° de julio.
Luego, Chapo aseveró: “Como lo hemos hecho siempre, el Gobierno provincial se pone a entera disposición de la denunciante”.
Fuente Infobae
