El jefe de la oposición, Yair Lapid, dijo que “el Gobierno se ha embarcado en una guerra de desgaste contra sus ciudadanos”.
La Knéset, el Parlamento de Israel, arrancó este domingo el debate final sobre una ley angular de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno, con el objetivo de aprobarla cuanto antes pese a una ola de protestas sin precedentes por esta iniciativa que, según sus detractores, busca restar independencia a la Justicia.
Mientras los legisladores debaten la ley que elimina la doctrina de la razonabilidad, que aún permite a la Corte Suprema revisar y revocar decisiones y nombramientos gubernamentales que considere no razonables, miles de personas acampan desde la noche del sábado cerca del recinto parlamentario en señal de protesta.
Para los opositores a la reforma, la doctrina de razonabilidad es un importante contrapeso democrático, pero los miembros de la coalición del Gobierno estiman que es una jurisdicción demasiado amplia que limita el margen de maniobra del Ejecutivo electo.
La ley que elimina esta doctrina podría convertirse el lunes por la noche en la primera ley de la reforma que ha sido aprobada.
Simcha Rothman, jefe del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset y miembro del movimiento Sionismo Religioso que forma parte del Gobierno, aseguró que la doctrina de razonabilidad ha sido utilizada por la Corte Suprema para ejercer un control político liberal sobre una política de derecha.
En el acalorado debate de la Knéset, donde el Gobierno tiene mayoría, el jefe de la oposición, Yair Lapid, señaló que «el Gobierno se embarcó en una guerra de desgaste contra sus ciudadanos».
Lapid tiene previsto reunirse más tarde con Arnon Bar David, presidente de la mayor asociación de sindicatos del país, Histadrut, que se encuentra recibiendo una fuerte presión por parte del movimiento de protesta para que convoque una huelga general.
Bar David y el representante del sector empresarial, Dubi Amitai, enviaron en los últimos días una propuesta de consenso sobre la reforma al primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien se encuentra hospitalizado tras una intervención anoche para implantarle un marcapasos.
Además de demandar que se matice la ley que elimina la doctrina de razonabilidad, exige un acuerdo con la oposición sobre el resto de la reforma y la suspensión del trámite legislativo durante 18 meses, a menos que esté respaldado al menos por 75 de los 120 parlamentarios.
Abogando por reanudar las rotas negociaciones sobre la reforma entre Gobierno y oposición, el ex ministro de Defensa y también líder de la oposición Benny Gantz dijo que aún «es posible parar, llegar a un acuerdo sobre la cláusula de ‘razonabilidad’ y continuar en un marco de pleno acuerdo”.
Por su parte, miles de trabajadores de la salud pública tomaron el Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén en protesta contra la reforma, mientras una “marcha de unidad” organizada tanto por opositores como por partidarios de la reforma marchó desde el Muro de los Lamentos (Kotel Hamarabí) hasta la Knéset.
El sábado, más de 550.000 israelíes salieron a las calles de todo el país para manifestarse contra la reforma, mientras unas 20.000 personas llegaron a pie a Jerusalén desde Tel Aviv, tras cuatro días de periplo.
Además, más de 10.000 reservistas -incluidos expertos en inteligencia, ciberguerra y miembros de unidades de élite- han expresado su intención de no presentarse voluntarios a servicio en protesta contra la reforma.
“Hemos actuado para mantener [a las Fuerzas de Defensa de Israel] fuera del debate, pero debido a su intensidad en la sociedad israelí nos involucramos y la cohesión [de las fuerzas armadas] se ha visto perjudicada”, escribió el jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, en una declaración a las tropas difundida este domingo.
“Es nuestro deber evitar que estas grietas se amplíen”, subrayó.
Según los reportes, algunos altos funcionarios de la coalición -que pidieron el anonimato- dicen estar “abiertos a un acuerdo” sobre la doctrina de razonabilidad, sugiriendo que podrían admitir algunas de las muchas reservas que interpusieron legisladores de la oposición en el texto final. EFE y Aurora
Fuente Aurora