La fiscal general pide revocar la ley que evita que Netanyahu sea declarado incapacitado para el cargo

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, pidió al Tribunal Supremo que debería revocarse una ley aprobada en marzo por el Parlamento que evita que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, sea declarado incapacitado para ejercer su cargo.

«Hubo un uso indebido de la autoridad de la Knéset para mejorar la situación personal del primer ministro y permitirle operar desafiando la decisión del tribunal», argumentó Baharav-Miara en un texto enviado a la máxima instancia de Justicia y que fue difundido en medios israelíes.

El Movimiento por un Gobierno de Calidad, una ONG israelí que aboga por la democracia y que presentó un recurso contra la ley, confirmó la posición de Baharav Miara.

«Hoy, la fiscal general ha recordado a todos una vez más que el Estado de Derecho también gobierna al Gobierno, y que en un país democrático, existen controles y equilibrios entre los poderes», indicó el presidente del Movimiento por un Gobierno de Calidad, Eliad Shraga, en un comunicado.

El Parlamento israelí, donde la coalición gubernamental de derechas ostenta la mayoría, aprobó en marzo una ley que blinda a Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer las funciones propias de su puesto, pese a que enfrenta un juicio abierto por tres cargos de fraude, soborno y abuso de confianza, que él niega.

Para la oposición, esta legislación fue «hecha a medida» para proteger a Netanyahu.

La norma forma parte de la reforma judicial que Netanyahu está impulsando en el Parlamento con el objetivo de restar independencia a la Justicia y otorgar más poderes al Ejecutivo, pese a que ha provocado un histórico movimiento de protesta y la polarización del país.

De acuerdo con esa ley de recusación, solo una mayoría de tres cuartos de los votos de los ministros del Gobierno, seguido de la ratificación por el mismo porcentaje de diputados (al menos 90 de los 120 parlamentarios), puede forzar a un primer ministro para que tome una licencia temporal, y solo por razones de salud mental o física.

En pleno proceso judicial, Netanyahu no puede implicarse desde el ámbito político en la legislación que afecte a la Justicia, y por tanto, no puede promover ni votar las leyes que conforman la reforma judicial, según un acuerdo alcanzado con la Fiscalía en 2020.

En febrero, Baharav-Miara ya había advertido a Netanyahu de que no puede participar en la reforma judicial propuesta por su Gobierno, debido al conflicto de intereses que representa.

La reforma judicial busca dar control total al Gobierno sobre el nombramiento de los jueces, incluidos los del Supremo, lo que podría tener un impacto directo en una posible apelación del veredicto de su juicio en curso; además de incluir una polémica «cláusula de anulación» que permitiría al Parlamento revertir fallos del Supremo o incluso blindar leyes para que no puedan ser sometidas a la revisión de constitucionalidad de esa corte.

Ayer, entre multitudinarias protestas en todo el país, el Parlamento aprobó uno de los pilares de la reforma judicial, una ley que anula la doctrina de la razonabilidad, que permitía al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones o nombramientos gubernamentales que considerara no razonables.

Esto podría allanar el camino para que el líder del ultraortodoxo partido Shas, Aryeh Deri, regrese al gabinete como ministro de Interior y Sanidad, tras haber sido recusado por el Supremo en enero por acumular varias condenas por corrupción y haberse acogido el año pasado a un acuerdo de culpabilidad que le impedía ocupar cargos públicos.

Con información de agencias.