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El grupo de protesta contra la reforma judicial que representa a profesionales de la salud e incluye a miles de médicos, anunció que si el gobierno de Benjamín Netanyahu se niega a respetar los fallos de la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no se presentarán en los hospitales, informó Enlace Judío.
“Vemos que en caso de una crisis constitucional, no tendremos más remedio que no presentarnos a trabajar hasta que el gobierno respete los fallos de la Corte Suprema“, dijo el grupo de protesta Batas Blancas.
“La responsabilidad por las interrupciones del sistema de salud recaerá completamente sobre el primer ministro y sus ministros que nos llevaron a esto”, agregaron.
Alrededor de 8,000 trabajadores del sistema de salud participan en la protesta, incluidos unos 6,000 médicos, que constituyen alrededor del 20 por ciento de los médicos en Israel, según el presidente de la Asociación de Médicos de Salud Pública de Israel, Hagai Levine.
Los firmantes de la declaración pidieron a la Asociación Médica de Israel y a la Federación Laboral Histadrut que declaren por adelantado que si surge una crisis constitucional, “la economía se verá afectada hasta que el primer ministro y sus ministros vuelvan a obedecer la ley”.
“Un gobierno que no obedece la ley y las decisiones de la Corte Suprema, viola el contrato fundamental con el pueblo. Por lo tanto, está claro que si el primer ministro y sus ministros se niegan deliberadamente a cumplir las decisiones de la Corte, o dan a los funcionarios instrucciones que contradicen los fallos, dirigirán un gobierno criminal y dictatorial que ha perdido su legitimidad y nadie debe obedecer”, dice el comunicado.
“Según las declaraciones del primer ministro y sus ministros, planean violar la ley”, agregó el grupo.
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La Corte Suprema de Justicia está analizando la Ley de Recusación y tiene previsto examinar la Ley de Razonabilidad el 12 de septiembre.
La Ley de Recusación establece que el primer ministro solo puede ser declarado no apto para seguir en el cargo si él mismo decide que está física o mentalmente incapacitado, o si el gabinete así lo declara. En una audiencia celebrada sobre la ley, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Esther Hayut, señaló que “todo el propósito de la ley es personal”.
La Corte anunció el domingo que continuará analizando la ley en un panel ampliado de 11 jueces en lugar de 3, e instruyó al primer ministro, a la Knéset y a la Fiscal General explicar por qué el tribunal no debería dictaminar que la Ley de Recusación entre en vigor en una fecha posterior.
Indicó que está considerando una solución “interpretativa” a la controvertida legislación, que aparentemente fue diseñada en gran medida para Netanyahu debido a sus problemas legales.
Por lo tanto, en vez de anular la ley, la Corte Suprema ordenaría que su aplicación sea posterior.
Los líderes de la coalición respondieron que “ningún tribunal tiene la autoridad de cancelar los resultados de las elecciones y permitir la destitución de un primer ministro por incapacidad, lo que atenta contra los cimientos de la democracia”.
Mijael Rabilo, abogado de Netanyahu, dijo a la Corte que, a los ojos de su cliente, postergar la implementación de la ley equivale a revocarla.
“La Knéset respalda este asunto, y su motivo es que no todos podrán obligar a un primer ministro a dejar el cargo. Sesenta y cuatro miembros de la Knéset fueron elegidos porque estaban comprometidos con que Netanyahu fuera primer ministro, por lo que hay un motivo político aquí, pero muy valioso”, explicó.
Los líderes de la protesta dijeron en respuesta que la declaración del gobierno “es una declaración de guerra contra los guardianes de la ley en Israel“.
Fuente Vis a Vis
