Argentina
España
USA
Israel
Un jefe barrabrava, narcotraficantes, contrabandistas, abogados, despachantes de aduanas y un jefe policia, todos estos personajes forman parte de la megacausa contra el suspendido juez federal Walter Bento que se desarrolla en los Tribunales Federales de Mendoza.
El juez de Mendoza está acusado en 15 causas como jefe de la banda que pedía dinero a cambio de favores procesales. Esta semana se reanudó el juicio oral y los pruebas y testimonios giraron en torno a denuncias de coimas y enriquecimiento ilícito de la familia Bento.
En la audiencia del miércoles se leyó el testimonio del ex jefe de la barrabrava del club de fútbol Godoy Cruz, Daniel “Rengo” Aguilera, quien está condenado por narcotráfico y ha declarado en la megacausa contra Bento en la etapa de investigación.
Aguilera declaró que dos hombres que integran la acusación de la asociación ilícita contra el juez: el despachante de Aduana Diego Aliaga, asesinado a fines de julio de 2020 (su cuerpo apareció varios días después), y el abogado Jaime Alba, lo abordaron en dos oportunidades para pedirle coima a cambio de un beneficio procesal.
El barrabrava dijo que primero estuvo en un café con el despachante y, que ya en prisión, lo visitó el abogado Alba- le pidieron 100.000 dólares para frenar la investigación en su contra. Y que la suma de la coima, subía a más de 200.000, si la causa es más compleja o se agravaba.
“Al mencionar la plata, le pregunto que no recordaba el nombre del juez que me habían nombrado en el café, por lo que él me vuelve a nombrar al mismo juez federal, pero él lo describió como el Jefe directamente”, dijo en su declaración Aguilera, comprometiendo a Bento.
Entonces le confirmó su rechazo a Alba y recibió una advertencia: “Cuando dije que yo no tenía esa plata y que me costaba creer lo que me decía, él me dijo ‘mira, vengo yo, porque soy el que puede entrar a la cárcel, pero Aliaga ya te dijo, o te advirtió que vos ibas a necesitar de su ayuda, y el Jefe no te va a dejar pasar una’”.
La hipótesis de los fiscales es que Bento cobraba coimas, la mayoría en dólares, a cambio de beneficios judiciales que enriquecieron a toda su familia (su esposa y dos hijos también están procesados) quienes adquirían casas, departamentos, lotes y autos, y constantes viajes de placer al exterior.
El conocido barrabrava es uno de los testigos que en las próximas audiencias será citado de forma presencial. En total, pasarán cerca de 300 testigos, por lo que el juicio puede durar hasta dos años.
Las audiencias se realizan semana por medio porque las integrantes del Tribunal Oral Federal 2: Gretel Diamante y María Carolina Pereira (ambas de San Luis) y Eliana Rattá (de San Juan), deben continuar con las causas de sus jurisdicciones y viajan a Mendoza dos semanas al mes.
Entre este jueves y viernes culminaría la estapa de lectura de acusación. Y se espera que el miércoles 23 de agosto comienza la etapa de declaración presencial de los testigos.
Enriquecimiento ilícito
Este jueves continuó la lectura de la acusación con el detalle de las pruebas de cohecho y enriquecimiento ilícito contra el juez, su esposa Marta Boiza y dos de sus hijos, que también eran empleados de la Justicia Federal de Mendoza.
La familia Bento tenía más de 9 propiedades, vehículos de alta gama, entre ellos un Audi O KM, inversiones en 19 fideicomisos inmobiliarios, y viajes al exterior de todo el grupo familiar a Estados Unidos. Europa y El Caribe.
Los fiscales aseguran que hay inconsistencias entre lo que declaraba el juez como patrimonio y las inversiones que realizaba. “En 2018 Bento declaró un saldo de 700 mil pesos en su declaración jurada, mientras que realizaron mejoras en su casa del country Palmares por 5 millones de pesos”, según la causa.
Bento se desempeña como juez desde 2005, su esposa era su secretaria privada en el juzgado 1, su hijo Luciano era jefe de despacho y su hijo Nahuel, trabajaba como secretario de juzgado.
En la evolución del patrimonio del jueza se observa poco movimiento bancario, por lo que estiman todas las operaciones las realizaba al contado o con tarjetas del exterior. Y la sospecha de que el incremento estaba directamente relacionado con el cobro de coimas en dólares por parte de detenidos o procesados.
La causa judicial comenzó en mayo de 2021, cuando el juez Federal Puigdéngolas y el fiscal Vega imputaron a Bento, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Federal 1, como jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis episodios de cohecho pasivo.
Bento fue suspendido por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo pasado, cuando se decidió someterlo a un proceso de destitución por presunto “mal desempeño” y ya fue reemplazado. Entre septiembre y octubre de este año, deberá ser sometido al jury de enjuiciamiento. En caso de ser cesanteado en su cargo, Bento debería quedar preso porque perdería los fueros.
Fuente Mendoza Today
