La Diócesis de Salamanca investiga la denuncia de un sacerdote por presuntos abusos de otro religioso>

Así lo ha comunicado la Diócesis sobre un caso que este viernes ha publicado un medio de comunicación local y en el que está abierto «un proceso canónico» tras recibir, en su día, la denuncia.

Fue al conocer este hecho cuando el obispo de Salamanca, «después de escuchar a ambas partes por separado», tomó la decisión de apartar al presbítero. Además, «de mutuo acuerdo con el obispo», el religioso denunciando «comenzó un proceso de acompañamiento en un centro especializado de ayuda para sacerdotes».

«A pesar de ser un delito prescrito en la legislación española», monseñor Retana puso en marcha» el protocolo establecido por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española para estos casos, escuchando al denunciante«, han explicado las mismas fuentes. En los meses siguientes, se inició una investigación previa por un equipo técnico ajeno a la Diócesis de Salamanca.

Un informe en Roma

El informe final de esta investigación fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede en Roma, y en la actualidad, el proceso continúa abierto a la espera de una resolución. »En todo momento, el obispo se puso a disposición del denunciante, ofreciendo toda la ayuda necesaria», han manifestado desde la Diócesis». Precisamente, a petición suya, y de acuerdo con el obispo, «decidió irse un año fuera, situación que ha sido prorrogada por un tiempo».

«Recientemente, el presbítero denunciado ha firmado la recepción de la notificación por parte del Dicasterio de la Doctrina de la Fe de su dimisión del estado clerical, es decir, su secularización», han indicado.

Por último, la Diócesis de Salamanca manifiesta «su compromiso para esclarecer la verdad, proteger a las posibles víctimas, y poner todos los medios para evitar que estos hechos se puedan producir«. Además, ha lamentado »el sufrimiento y el daño que esta situación está provocando a las personas afectadas, a sus familias y comunidades«.

Asimismo, ha alentado «a quienes hayan sufrido cualquier tipo de abusos por parte de sacerdotes, religiosos o laicos, a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado o la Oficina diocesana para la Protección de Menores».