El kirchnerismo, por un lado, buscar dejar a unos diez mil militantes en la planta permanente del Estado para el caso que pierda las elecciones. Mientras, despidió a un abogado que había denunciado irregularidades en ese organismo y mantuvo a los denunciados.
El kirchnerismo, por un lado, intenta dejar unos diez mil militantes de La Cámpora y otras agrupaciones afines en el Estado como empleados de la planta permanente para el caso de que pierda las elecciones, y por otro, empezó a echar a los funcionarios que formulan denuncias de casos de corrupción.
Así la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo a cargo de Enrique Cossio y dependiente del Ministerio de Trabajo, despidió a Jorge Martín Ferraro, alto funcionario que, en 2020, había denunciado a abogados del Estado que “se quedaban con dinero en el trámite de los juicios a su cargo”.
La SRT basó el despido en un trámite sumarial “lleno de irregularidades y violaciones a garantías sustanciales de tenor constitucional” informaron fuentes del organismo. El despido fue firmado por el Gerente General de la SRA, Marcelo Domínguez.
Sucedió que luego de esa denuncia por supuesta corrupción, al abogado Ferraro lo desplazaron del cargo y en marzo de 2020, dieron inicio a sumario, que se extendió por más de tres años y debido al cual Ferraro inició oportunamente una causa penal.
Sin embargo, los abogados denunciados por Ferraro por llevarse dinero de esos juicios “devolvieron el importe en el marco del sumario, reconociendo la denuncia y ses mantuvieron en sus cargos”.
Todo sin darle intervención alguna ni a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ni a la Procuración del Tesoro de la Nación, en violación a lo previsto por el Reglamento de Investigaciones Administrativas del Estado.
Esas irregularidades en el sumario llevaron a iniciar una querella penal que se investiga en la causa 4251/2021 del Juzgado de Daniel Rafecas, contra los funcionarios que habrían hecho desvío de poder y a la vez persiguen al denunciante, informaron fuentes judiciales. El fiscal del caso es Carlos Rívolo.
La causa implica al instructor del sumario y a un gerente de la SRT y se investigan los delitos de abuso de derecho e incumplimiento a los deberes de funcionario público.
Fuente Clarin
