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En estas horas, avanza la denuncia penal que investigadores del Instituto Multidisciplinario de Salud Pública y Ambiental (IMUSPA) realizaron contra el Departamento General de Irrigación por la contaminación del canal Pescara y van a pedir que sean procesados los funcionarios de ese organismo y de la Municipalidad de Maipú.
Los denunciantes advirtieron a Diario Mendoza Today: “Las evidencias producidas por el Ministerio Público fueron en línea con las hipótesis que desarrollamos en nuestra denuncia y son contundentes, por lo cual, no vamos a detenernos hasta que haya condenados“.
Hay que recordar que en abril pasado Javier Fernández, en calidad de Director del IMUSPA, presentó ante la justicia una denuncia penal contra el Departamento General de Irrigación (DGI) donde señaló que el máximo organismo del agua de la provincia podría haber incurrido en la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La trama comenzó en noviembre de 2022, cuando a partir de una denuncia pública los investigadores se enteraron de que en canal Pescara, en las cercanías con la intersección con la calle Rodríguez Peña, el cauce presentaba signos de contaminación por un posible vuelco de efluentes.
Ello motivó a que formularan una denuncia administrativa vía web ante Irrigación con la finalidad de que enviaran inspectores al lugar. Pasado el mes y ante la falta de respuesta por parte del organismo, los especialistas decidieron insistir a través del resto de los canales de comunicación del DGI consultando sobre las actuaciones que implementaron.
Recién al séptimo intento y tras casi dos meses, Irrigación envió inspectores a la zona, luego de que desde el Instituto los intimaran con que presentarían una denuncia penal contra el Departamento. Fernández afirmó a Mendoza Today:
“Irrigación reconoció la demora, pero se justificó aludiendo a un supuesto problema de recepción de las denuncias online, no obstante, no pudieron argumentar porque fueron omitidos las múltiples insistencias que les realizamos por otros medios y que comprobamos que las autoridades estaban al tanto de la denuncia, pero que inexplicablemente decidieron no actuar ante un problema tan grave”.
Atento a la inexplicable demora presentada por el DGI, desde el Instituto decidieron realizar una denuncia penal el pasado mes de abril con la finalidad de que la Justicia investigue si las autoridades habrían cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la última semana, los investigadores indagaron en los avances de la causa, la cual se tramita dentro de la Unidad de Delitos no Especializados a cargo del Fiscal Jefe Dr. Sebastián Capizzi. Desde la ONG celebraron los resultados y mencionaron:
“En términos generales, estamos conformes con las actuaciones llevadas adelante por el Ministerio Público, quienes a través de las diferentes pericias –entre las que se incluyeron inspecciones en el lugar y análisis de laboratorio en las cuales trabajó policía científica– se pudo comprobar no solo que el vuelco permanencia, sino que también dieron con el porqué se generaban y quiénes eran los responsables”.
Y agregó: “Con las actuaciones de la fiscalía, en línea con las hipótesis sugeridas por IMUSPA, se llegó a determinar que la contaminación se produjo por una avería de un colector cloacal/industrial que pertenece a la Municipalidad de Maipú. Los desechos sin tratamiento alguno desembocaban en el canal Pescara ocasionando su contaminación, evento que se habría dado, por lo menos, desde noviembre de 2022. Los vuelcos finalmente cesaron a finales de julio de este año, luego de que el Ministerio Público intimara a Irrigación y al Municipio de Maipú”.
Desde IMUSPA afirmaron que van a solicitar a la fiscalía que se finalice con la identificación de los responsables pertenecientes a Irrigación y a la Municipalidad de Maipú, y que se avance con el procesamiento de los mismos, “atento a las evidencias contundentes que produjo la investigación penal”. Señalaron que: “Las acciones y omisiones de los funcionarios se encuadraría -a priori- en la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario y en el delito de contaminación por residuos peligrosos, establecido por la ley nacional N.° 24.051”.
Para finalizar, Javier Fernández mencionó: “Hemos hecho un compromiso con el Ministerio Público Fiscal de Mendoza con el fin de trabajar juntos para qué las causas por delitos ambientales y contra la salud pública sean investigados con todo el rigor de la ley y se administre justicia, ya que estos hechos que se cometen todos los días en casi todos los límites de la provincia afectan a grandes cantidades de ciudadanos, atentando contra derechos fundamentales garantizados por nuestra constitución y por tratados internacionales“.
Fuente Mendoza Today
