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Hubo un momento que los Gobiernos de este país (primero del PP y luego del PSOE) decidieron que estaría bien subvencionar la internacionalización de las empresas españolas. Técnicamente, se le llamó la amortización del fondo de comercio de compañías extranjeras, pero en la práctica funcionaba como una especie de bonificación que permitía rebajar anualmente la factura con el fisco. Una sentencia de la justicia europea, tras 10 años de pugna legal, validó ayer esta práctica tributaria y le hace un roto de 8.000 millones de euros a Hacienda. Lo que me llama la atención es que la Abogacía del Estado del Gobierno más progresista de la historia de España se puso del lado de las empresas. Tengan en cuenta que eso no era una medida pensada para pymes y autónomos. Por allí pasó medio Ibex 35 y el otro medio del ‘Ibex’ que no cotiza, pero también es Ibex. La Abogacía del Estado, como norma, no cambia de opinión a mitad de un proceso legal, me podría decir usted, con razón. El problema es que los Gobiernos de Pedro Sánchez ya lo han hecho cuando lo han creído oportuno: con la papelera de Ence en Pontevedra y con el procés. Y en las dos ocasiones, con una motivación política indudable. Con una mano, te pongo impuestos especiales. Con la otra, te ayudo en los tribunales para que no me devuelvas 8.000 millones de euros.
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Fuente El Confidencial
