La AIReF critica que el Gobierno “ha perdido ambición” en la evaluación del gasto público

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha denunciado este jueves que el Gobierno ha perdido “ambición” en los encargos de auditoría del gasto público. Las políticas públicas a analizar se centran en programas con una escasa dotación presupuestaria y cuya relevancia pública es reducida. Así, se está produciendo una “tendencia a reducir el alcance y relevancia de las políticas públicas evaluadas en los ‘spending reviews’ (auditorías del gasto)”, ha explicado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero.

El Gobierno prefiere que la AIReF aborde políticas con escasa dotación presupuestaria y con trascendencia pública como son las dos últimas evaluaciones que ha presentado este jueves, los instrumentos financieros al apoyo de la internacionalización de las empresas o gasto en gestión de residuos. De esta forma, cumple con la exigencia de la Comisión Europea de que España siga auditando su gasto, pero lo hace sin entrar en las partidas más relevantes. Herrero ha señalado que la AIReF debería entrar a evaluar el gasto en sanidad (para el que no ha recibido más encargos del Gobierno desde 2018), educación, vivienda, formación profesional o dependencia.

“Es evidente que hay pérdida de ambición del Gobierno en el spendig review, en especial una pérdida de ambición para evaluar políticas de corte transversal”. Esta tendencia ha culminado con el último encargo que ha realizado el Gobierno, y que forma parte de la primera fase del nuevo programa de evaluación para los años 2022-2026. Las partidas a analizar no alcanzan los 10.000 millones de euros, apenas una sexta parte de los casi 60.000 millones que analizó entre los años 2018 y 2021. En ese momento el Gobierno realizó importantes encargos para analizar los beneficios fiscales que tenía especial interés en reducir para elevar la recaudación. Pero una vez analizados estos beneficios, su ambición se ha reducido drásticamente.

La AIReF reclama participar en el proceso de selección de las políticas públicas a analizar como hacen habitualmente las autoridades fiscales de otros países. “Hasta el momento no ha habido una participación clara de la AIReF en las materias a evaluar”, ha lamentado Herrero. El problema de que sean los gobiernos quienes deciden qué partidas evaluar es que tienen la capacidad para dejar fuera lo que no les interesa y utilizar la evaluación como una herramienta política.

La Autoridad Fiscal también ha criticado que el diseño de las políticas públicas siga dificultando la tarea de auditoría al no detallar cuáles son los objetivos que se pretende conseguir con las leyes. Sin estos objetivos, el evaluador no puede determinar su cumplimiento y se ve obligado a estimar cuál era la voluntad del legislador o del ejecutivo.

“Pedimos al Gobierno que fije objetivos en sus políticas de gasto”

En concreto ha puesto como ejemplo de un mal diseño el Ingreso Mínimo Vital (IMV) desarrollado por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien anteriormente fue presidente de la AIReF. Escrivá incluyó en la ley del IMV que la Autoridad Fiscal analizará periódicamente los efectos de esta ayuda, pero no determinó cuál es el objetivo de esta medida. De ahí que la AIReF, cuando hace sus revisiones, no sea capaz de afirmar si se cumple o no el supuesto objetivo de lucha contra la pobreza.

“Llevamos reclamando al ministerio que fije un objetivo cuantificable desde que puso en marcha la ayuda, porque es muy difícil evaluar una política pública si no se conoce cuál es el objetivo”, ha lamentado Herrero, “sin una definición de lo que se considera pobreza, no sabemos lo que se quiere alcanzar”. Este diseño de las políticas públicas sin tener en cuenta que posteriormente serán evaluadas dificulta gravemente la tarea del evaluador. La presidenta de la AIReF concluye que “no estamos preparados para la evaluación de las políticas públicas”.

La AIReF no sólo recibe encargos de revisión del Gobierno, también de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Sin embargo, se encuentra recurrentemente ante la paradoja de que una administración le solicita un spending review y posteriormente tiene muchos recelos a la hora de facilitar la información necesaria para hacer el análisis. Por este motivo, Herrero ha anunciado que la AIReF publicará próximamente una resolución en la que se detallará el procedimiento que tiene que realizar la administración que solicite sus servicios. “La evaluación necesita de una planificación y una estrategia”, ha explicado Herrero.

Herrero también ha reclamado una reforma de la ley orgánica que la sustenta. El motivo es que el cometido que tiene asignado por parte del evaluador es el de la supervisión fiscal para garantizar los objetivos de estabilidad, pero no tiene cobertura para la evaluación del gasto público. Esto hace que su papel como evaluador sea más frágil y no tenga las mismas garantías de independencia y autonomía que tiene como supervisor de los presupuestos. P

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha denunciado este jueves que el Gobierno ha perdido “ambición” en los encargos de auditoría del gasto público. Las políticas públicas a analizar se centran en programas con una escasa dotación presupuestaria y cuya relevancia pública es reducida. Así, se está produciendo una “tendencia a reducir el alcance y relevancia de las políticas públicas evaluadas en los ‘spending reviews’ (auditorías del gasto)”, ha explicado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero.