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Fin al culebrón del caso Celsa, en el que el Gobierno se jugaba buena parte de su credibilidad. Los fondos acreedores finalmente tomarán el control del 100% de la compañía acerera a costa de la familia Rubiralta, accionista histórico y fundador. Los tenedores de la deuda han acordado un Memorando de Entendimiento que les compromete a españolizar el consejo de administración, no hacer ajustes de plantilla en al menos un año y medio y dar entrada a un socio industrial por el 20/25%. Digo que el Gobierno se jugaba su credibilidad porque esta toma de control se ha producido gracias a la ley concursal aprobada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y, aunque se trata de la trasposición de una directiva europea, el Ejecutivo, al aprobarla, no escatimó en énfasis, asegurando que esta normativa nos alineaba, por fin, con los países más avanzados. Si Moncloa hubiese vetado a los fondos, habría convertido en papel mojado el nuevo marco legal aprobado por ellos mismos y, por consiguiente, dilapidado la seguridad jurídica del país. Ahora empieza un nuevo capítulo para la compañía. La etapa Rubiralta ha terminado. Comienza la era de los fondos. Estos querrán vender dentro de cuatro, cinco o seis años. Pero va en su propio interés invertir en la compañía para venderla por el mayor precio posible. Así que si me permiten la metáfora cuasiboomer de las máquinas recreativas de los ochenta y comienzos de los 90, el ‘game over’ es para Rubiralta, pero a los fondos les toca el ‘insert coin’.
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Fuente El Confidencial
