Una mujer denunciada por estafas con viviendas sociales fue detenida este jueves tras dos allanamientos en la localidad salteña de General Güemes, a 55 kilómetros de la capital provincial, donde además se secuestraron documentos, teléfonos celulares y una serie de elementos de interés para la investigación.
Fuentes del Ministerio Público de la provincia informaron que la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, está a cargo de la investigación. La intervención de la UDEC inició luego de que, en junio, 67 personas denunciaran que hace cinco años habían entregado documentación y dinero a una mujer que forma parte del Movimiento Evita, a cambio de hacerlas acreedoras de un terreno ubicado en la parte posterior del barrio 200 Viviendas, en la zona de la Banda.
Según precisaron los denunciantes, además de entregar dinero, debían hacer trabajos de mantenimiento en la plaza del barrio Cooperativa, en el horario de 4 a 12, y en el domicilio de la denunciada.
Con el transcurso del tiempo y ante la falta de novedades respecto a la entrega de los terrenos, los damnificados le reclamaron a la mujer, quien -de acuerdo a la investigación- les aseguró que las carpetas se encontraban en la Municipalidad de General Güemes. Sin embargo, al acercarse al edificio, les explicaron que allí desconocían la existencia de la acusada y de las carpetas en cuestión.
Frente a estas circunstancias, el grupo perjudicado optó por hacer la denuncia y la investigación quedó en manos del Departamento de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que luego elevó un informe a Salinas Odorisio.
La fiscal concluyó que la denunciada a través de “maniobras ardidosas”, se ganó la confianza de las víctimas, les pidió dinero y las persuadió para que hicieran tareas en beneficio propio con la promesa de confeccionar las carpetas que les posibilitarían obtener un lote o terreno, presuntamente, por sus influencias con el intendente municipal.
Asimismo, Salinas Odorisio entendió que la acusada actuó sabiendo que no cumpliría con lo prometido a las víctimas, perjudicándolas económicamente en consecuencia.
Con información de Télam
Fuente La Nacion
