Con el apoyo de bloques provinciales, el oficialismo logró arrancar la sesión este mediodía en la Cámara de Diputados, la última que celebrarán los legisladores antes de las elecciones. Se anticipa un debate por demás caldeado en el recinto, con dos temas que acapararán la discusión: la reforma de la ley de alquileres y el programa de devolución del IVA en las compras de artículos de la canasta básica, la última martingala proselitista del ministro y candidato Sergio Massa.
Los bloques de Juntos por el Cambio, de la izquierda y los libertarios que responden a Javier Milei decidieron no facilitarle el quorum al oficialismo. Cuando empezó la sesión los opositores ocuparon sus bancas para dar el debate que, se estima, se prolongará durante diez horas. En el arranque, los diputados condenarán el ataque de Hamas a Israel, con la excepción de los bloques de izquierda, cuya postura -expresada por Myriam Bregman, candidata presidencial del espacio- es reivindicar la posición palestina.
Con el dólar blue traspasando la barrera de los $1000, todo anticipa que oficialistas y opositores se enfrentarán luego en una tensa discusión sobre la crisis cambiaria que enfrenta el Gobierno. Será al momento de discutir el proyecto de Massa que propone instaurar el programa “Compra sin IVA” a partir del 1° de enero de 2024. La bancada de Juntos por el Cambio se abstendrá en la votación por el costo fiscal que implica la iniciativa: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, (OPC), será de 1,24 punto del PBI el año próximo. Los opositores advertirán que, sin reducción del gasto público, la medida será financiada con más emisión monetaria, lo que fogoneará la inflación.
El segundo tema de importancia en la sesión será la reforma de ley de alquileres. La Cámara de Diputados tiene solo dos opciones: ratificar su media sanción original que impulsó JxC junto a un sector de la oposición o bien convalidar el texto con los cambios que le impuso el kirchnerismo en el Senado la semana pasada.
El que auspicia JxC –la media sanción de Diputados– propone reducir la vigencia de los contratos de tres a dos años, con actualizaciones cada cuatro meses según el índice pactado entre las partes. El oficialismo, en cambio, insiste en sostener los contratos trianuales, con incrementos semestrales y ajustados al índice Casa Propia, basado en el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.
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Fuente La Nacion
