«Hay cursos de lengua disponibles». Con estas palabras conminó una paciente a su médico a que aprendiera valenciano porque no quería que la atendiera en castellano en Benilloba (Alicante), un caso denunciado por Plataforma per la Llengua.
Dentro de una recopilación de situaciones de discriminación lingüística presentado recientemente por esta entidad, que ha recibido subvenciones públicas del Gobierno de Ximo Puig y Compromís al frente de la Generalitat Valenciana, en las dos anteriores legislaturas, se incluye esta queja por un problema de comunicación que repercutió en la atención médica.
En su relato de lo sucedido, la ONG del catalán -tal como se autodenomina- detalla que la afectada llamó por teléfono a su médico del centro de salud por «una cuestión de salud y, cuando se dirigió a él en valenciano, el sanitario le dijo que no la entendía y que no podía atenderla», algo que se repitió cuando ella le habló más lentamente.
«Insistió en que no la entendía y que tenía que hablar en castellano, y para facilitar la comunicación, la vecina decidió ir en persona al centro sanitario», continúan. Una vez en consulta, «el médico se mostró desagradable y siguió teniendo una actitud intransigente», según la denuncia incluida en este estudio de quejas de particulares valencianohablantes por discriminación, realizado con la colaboración de la Generalitat de Cataluña.
Derivada a otro municipio aunque antes se entendían
También le dijo a la paciente que «en otras ocasiones le había hablado en castellano», tal como él le pedía ahora, algo que reconoce la Plataforma, si bien señala que la mujer «decidió hacer valer sus derechos lingüísticos», por lo que le habló de los «cursos» en los que podía aprender, que estaban al alcance de todo el mundo, «pero el hombre le espetó que no haría ningún curso de nada».
Finalmente, viendo el «impasse», la paciente solicitó un cambio de médico, pero como Benilloba tiene pocos habitantes (700 habitantes), la derivaron a otra localidad de la comarca, lo que «le obliga a asumir un coste adicional para acceder a un servicio público al que tiene derecho».
Fuente ABC
