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Por Diego Cabot
Habrá que ver de cerca el codo de Diego Giuliano, el ministro de Transporte. Sucede que por estos días, metido en el barro de la impúdica campaña electoral que decidió su jefe, Sergio Massa, en esas últimas horas con ese codo ha borrado casi todo lo que escribió toda su vida como constitucionalista moderado.
En estas horas, el Gobierno se despachó con mensajes en el transporte público donde, palabras más, palabras menos, extorsiona a los pasajeros para que los voten, pero, además, miente con una liviandad que sorprende.
En principio, los colectivos y su mentada advertencia. Aquí conviven varias cosas. La primera, el rotundo fracaso que surge de los números. La “tarifa” de 700 pesos fue pagada por 133 personas, en adelante, los “estafados”. Ese número se torna ínfimo cuando se lo compara con las transacciones que se hicieron. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este jueves se cursaron 10 millones de operaciones y de ese total, apenas 133 se inmolaron por la dupla Massa-Giuliano.
Ahora bien, el lector podrá haber notado dos palabras entre comillas en el párrafo anterior: tarifa y estafados. La razón de la primera es porque no hay ninguna tarifa que se haya publicado en la que se establezca que desde ahora el precio para subir a un colectivo urbano será ese. Sí, así como se lee. Giuliano, un constitucionalista de Santa Fe que hasta que se hizo cargo del ministerio jamás tuvo experiencia en el área, no firmó ninguna norma que instale el precio en ese monto.
De hecho, semejante irregularidad motivó una nota que le enviaron las cámaras de transporte. “La resolución 566/2023 no establece en ninguna parte el valor tarifario de $700. Si las empresas perciben ese importe, tal cual se ha programado en las máquinas SUBE, estarían percibiendo fondos sin sustento normativo que las avale, situación que las expone a contingencias legales por cuestiones ajenas a su voluntad y posibilidad de evitar”, se lee en el documento. En esa misma comunicación le comentan al ministro que tampoco hay estimación de costos que eleve el precio del boleto a ese monto y que, en su caso, debería rondar los 300 pesos, pero nunca los 700.
Raro que al constitucionalista, que escribió, entre otros, un libro de 620 páginas llamado Derecho Constitucional Provincial, se le haya pasado que una tarifa de servicio público debe ser reglamentada, además de pasar antes por un sistema de aprobación que establece la necesidad de llamar a audiencias públicas. Pero el codo de Giuliano se tornó efectivo en los últimos días de campaña con plata estatal.
Esa anomalía llevó a que por primera vez en la historia del transporte, las empresas cobren un boleto que no tiene sustento legal. De ahí que los 133 que decidieron pagar la “tarifa” puedan ser considerados “estafados”, como lo serán todos los que paguen en adelante mientras la mano de Giuliano no firme una resolución que así lo fije.
Ahora bien, ¿cómo es que apareció en las máquinas de SUBE el precio de este “boleto extorsivo” en los colectivos? Y acá es donde surge una vieja conocedora de la opacidad en el manejo de los fondos públicos: Silvina Batakis.
Sucede que cada una de esas terminales que están en las unidades se programa desde Nación Servicios, una de las empresas del Grupo Banco Nación que maneja la exministra, ilustre por contratar en las filas de la entidad a una numeróloga que la ayuda con el futuro.
En Nación Servicios nadie se mueve sin una orden política. Y eso es lo que seguramente llegó a los dependientes de Batakis para que desde allí se programe la novedad en cada una de las máquinas. El proceso es el siguiente. Cada empresa tiene una determinada cantidad de máquinas, llamadas técnicamente, validadores. Por la noche, los transportistas, deben dejarlas encendidas como para que se transmita toda la información. Es un proceso bidireccional, ya que desde la línea de colectivo se envían los recorridos, la cantidad de boletos vendidos, la recaudación, entre otras cosas, mientras que desde Nación Servicios, además de recibir la información, se instalan los cuadros tarifarios y las modificaciones o actualizaciones del software.
La noche que ocurrió entre el martes y el miércoles se instaló la novedad en cada una de las terminales que funciona en los colectivos del AMBA. Lo que sucedió, se conoce: de 10 millones de transacciones, 133 optaron por ser estafados por Massa y Giuliano.
Pero de regreso al ministro constitucionalista, vale la pena detenerse en otro polémico tema: los trenes y la campaña que se vio en los monitores de los andenes. Hay que leer 520 páginas de su libro para encontrar una norma que transcribe y asume como prospecto constitucional santafesino. “Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno, en cualquiera de sus niveles y categorías, no podrá contener elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos”. Pero, además, abunda y dice: “Queda prohibido durante 15 días anteriores a la fecha de los comicios la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos”.
Tendrán razón Giuliano y Massa cuando digan que nada escribió sobre la prohibición de extorsionar al pasajero, al que han convertido con las políticas económicas que aplicaron, en un marginal que ni siquiera puede tener la dignidad de pagar el colectivo para ir a trabajar, o a sus hijos para que estudien. Son días de codos feroces que borran lo que se escribió con la mano, de chicanas y de mentiras como forma de comunicación. Ahí, en ese lodo pestilente cayó Giuliano, con su boleto ilegal y con su aumento sin estimación de costos. Se encontró con viejos conocidos en ese lodazal: Massa y Batakis ya chapotean allí hace tiempo.
Fuente La Nacion
