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Desde 1997 el Estado dejó de tener acciones de Telefónica. 26 años después, esto podría cambiar. La SEPI, el brazo industrial del Gobierno, está liderando un plan para engendrar un grupo de inversores nacionales que entre en Telefónica y genere un núcleo duro que pueda eventualmente antagonizar con STC, la operadora saudí de telecomunicaciones que tomó en septiembre un 4,9% del capital y está pendiente del permiso del Gobierno para tomar otro 5% adicional. Este movimiento muestra la incomodidad del Ejecutivo con la entrada saudí en el capital de la principal operadora de telecomunicaciones española, pero puede tener varias lecturas de cara a la decisión de si autorizar o no la operación de STC. La primera es que el Ejecutivo está efectivamente incómodo y, por tanto, la vetará. La segunda es que la va a aprobar, para no poner en peligro las relaciones económicas con Arabia Saudí (petróleo, gas y corbetas en Cádiz mediante) y que, por eso mismo, necesita montar un núcleo duro. Bienvenidos a los nuevos tiempos.

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