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Más de tres millones de hogares españoles (16,8%) quedan “asfixiados”, por debajo del umbral de la pobreza severa, una vez pagados los gastos básicos de vivienda, suministros y alimentación, según revela un informe de Cáritas Española, presentado este martes.
El estudio, titulado Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida ha sido presentado este martes por la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, y el miembro del equipo de estudios de la Fundación FOESSA, Daniel Rodríguez.
De los datos del estudio se desprende, asimismo, que las familias con menos ingresos invierten más de 6 de cada 10 euros (63%) a gastos de vivienda, suministros y alimentación, frente a los menos de 4 de cada 10 euros que gastan las familias con mayor nivel de ingresos.
“La vivienda es, en la inmensa mayoría de los casos, el elemento que desequilibra esta ecuación y que desajusta, en casi todos los casos, las cuentas familiares”, ha advertido Natalia Peiro, recordando que, tal y como publicaron en su memoria del año 2022, la organización tuvo que invertir 46 millones de euros para que cerca de 120.000 familias fueran capaces de pagar el alquiler de su vivienda.
Según precisa el informe, en la actualidad son necesarios 7,7 años de renta bruta anual para comprar una vivienda frente a los 2,9 años que eran necesarios en 1987. Además, avisa de que el 16% de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero (el pago del alquiler supone más del 60% de sus ingresos), citando cifras de EINSFOESSA 2021, con datos de 2020.
Entre otras medidas, Cáritas Española propone impulsar un parque de vivienda social. “En España hay muchas viviendas, alrededor de 26 millones. ¿Por qué se da entonces esta paradoja? En la base de la explicación, un argumento, prima el uso de la vivienda no con el fin para el que se creó, el que garantiza el derecho a un techo digno, sino como instrumento con el que es legítimo enriquecerse“, ha advertido Daniel Rodríguez.
En todo caso, ha precisado que no están hablando “ni mucho menos” de “expropiar viviendas” sino de incentivar la vivienda social para que el conjunto de la población pueda acceder a una vivienda digna asequible.
Compartir casa con otra familia o pasar frío
En este contexto, Cáritas advierte de que las familias más vulnerables se ven obligadas a adoptar estrategias como reducir al máximo el consumo de energía, hasta el punto de pasar frío en invierno, o compartir la vivienda con otras familias. De hecho, han constatado “un incremento en los índices de hacinamiento”.
Según destaca el informe, en cinco años, el porcentaje de familias que han tenido que recurrir al subarriendo de habitaciones ha aumentado hasta el 6,6% en 2022 (más de 1,2 millones de hogares). Al mismo tiempo, la cifra de familias que habitan viviendas inadecuadas, aquellas que no cumplen con las condiciones mínimas dignas para la vida cotidiana ha pasado del 25% en 2018 al 30% en 2021 (5,6 millones de familias).
También advierte de un incremento en el número de familias que residen en viviendas inseguras, llegando al 23,2% en 2021, lo que implica que más de 4,2 millones de hogares viven en pisos compartidos o cedidos sin contrato en vigor o en situación de desahucio.
Así, el estudio señala que, si bien es alentador que los ingresos en España hayan experimentado un incremento del 11% desde 2008, alerta de que el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares hayan aumentado en un 30%. Esta disparidad, según Cáritas, es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que el incremento de ingresos en estas familias ha sido “prácticamente inexistente” (0,5%).
2,5 millones de trabajadores pobres
A esto se suma, según advierte la confederación, el elevado porcentaje de trabajadores pobres (11,7%). “Hablamos de dos millones y medio de personas que, a pesar de tener un empleo remunerado, sus ingresos son tan escasos que no les permiten salir de situaciones de pobreza“, ha precisado Rodríguez.
También se añade la baja cobertura e intensidad protectora de los ingresos mínimos (lo perciben el 44% de la población en pobreza severa), lo que provoca que “se desborde” la capacidad de muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad.
En concreto, la confederación avisa de que el porcentaje de hogares en pobreza material severa se sitúa ya en el 8,1% de la población, es decir, 3,8 millones de personas.
Ante esta situación, Cáritas Española propone, entre otras recomendaciones, planificar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral, facilitando la conciliación; abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral, reduciendo la temporalidad en los contratos y la parcialidad, y garantizar unos salarios dignos.
Además, pide establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con “cobertura suficiente”, que incluya a las personas en situación administrativa irregular, y plantea la posibilidad de que las prestaciones se asignen “automáticamente” a las personas que cumplan los requisitos sin necesidad de que éstas tengan que solicitarlo.
“Solo una colaboración y un intercambio de ideas entre todos los actores involucrados, llegando a algunos acuerdos y ofreciendo itinerarios que puedan ofrecer alternativas a esta coyuntura que está asfixiando a muchísimas personas, podría reducir esta desigualdad y esta vulnerabilidad”, ha zanjado Natalia Peiro.
Fuente El Confidencial
