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Después de que el instructor del caso Negreira imputase por cohecho al actual presidente del Barça, Joan Laporta, ahora la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona el auto del juez, al considerar que los presuntos delitos habrían prescrito. Los representantes del Ministerio público consideran que, transcurrida más de una década entre la denuncia -del pasado marzo- y el final de la primera etapa de Laporta al frente del club, en 2010, no sería aplicable el tipo penal.
Por este motivo, los fiscales entienden que, pese a la argumentación del magistrado Joaquín Aguirre, «aún construyendo el delito continuado», no se puede «perseguir» al directivo por hechos que habría cometido su sucesor. Y es que el instructor le atribuyó el pasado octubre los mismos ilícitos que a otros dos exidirigentes del club, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, también investigados en la causa, junto a José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez, por los pagos del F. C. Barcelona a sociedades de ambos. Ingresos que se prologaron durante 18 años, que superarían los 7,6 millones de euros y que habrían servido, según apuntan la Fiscalía y el togado, para alterar la competición deportiva a favor del Barça.
Ahora los fiscales rechazan que existiese un pacto entre las diferentes directivas del club para pagar al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), tal y como aventuró Aguirre. Acuerdo del que no hay «ni el más leve indicio», ya que «en ningún momento se ha considerado que los distintos intervinientes actuaran en una suerte de reparto de papeles», precisan, ni tampoco «connivencia» entre ellos para sobornar a Negreira.
Será la Audiencia de Barcelona la que decidirá si mantiene o no la imputación de Laporta. También tendrá que pronunciarse sobre las de los expresidentes Bartomeu y Rosell, que presentaron sendos recursos.
Fuente ABC
