La celebración sindical de los pactos de investidura con Junts que alumbrarán un Gobierno de izquierdas entre el PSOE y Sumar se ha tornado en desconfianza en menos de 24 horas. La razón es el acuerdo conocido este viernes entre los socialistas y el PNV, que, a diferencia del logrado con el partido de Carles Puigdemont, aborda dos aspectos que tocan de lleno los derechos de los trabajadores en Euskadi y en el conjunto de España: la prevalencia de los marcos autonómicos de relaciones laborales sobre el estatal, que el PSOE se compromete a establecer por ley a través de una reforma del Estatuto de los Trabajadores antes de seis meses, y el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco, que se debería culminar en los próximos dos años.
Los sindicatos no se oponen, al menos abiertamente, a ambas medidas, pero piden negociarlas en los foros correspondientes: el diálogo social y el Pacto de Toledo, respectivamente. A través de un comunicado conjunto conocido a primera hora de la tarde, las dos centrales mayoritarias cuestionan que cambios de semejante calado se acuerden de una forma bilateral entre dos partidos.
“La estructura de la negociación colectiva es una materia que afecta de forma clara a la autonomía de las partes negociadoras, y, por tanto, las modificaciones legales del Estatuto de los Trabajadores debieran abordarse en el marco del diálogo social”, dicen sobre la prevalencia de los convenios autonómicos respecto a los sectoriales de ámbito estatal. Se trata de una reivindicación que el Gobierno no había aceptado en la pasada legislatura, lo que le valió la oposición del PNV a la reforma laboral de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Para los sindicatos, los convenios estatales y autonómicos deben ser compatibles, “pudiendo incentivarse además la racionalización de los espacios provinciales de convenio colectivo”. “UGT y CCOO defienden la coexistencia de distintos ámbitos territoriales de convenio colectivo, que deben articularse en función de cada realidad sectorial”, remarca el comunicado. En ese sentido, ambas centrales emplazarán al nuevo Ejecutivo a definir esta modificación legal en las mesas de negociación con el Gobierno y los empresarios, “puesto que es una materia que no se abordó en el perímetro de la reforma laboral”.
Sobre la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, otra vieja reivindicación jetzale que supondría culminar el desarrollo del estatuto de Gernika y quedó a medias durante la pasada legislatura, UGT y Comisiones Obreras reiteran el mismo discurso a favor del diálogo y en contra de la bilateralidad, debido a la “singular importancia” de esta cuestión: “Cualquier actuación en esta materia debe ser abordada en el marco del Pacto de Toledo y la concertación social, en lugar de en espacios bilaterales entre el Estado y una o más de una comunidad autónoma”.
Esta última medida ya ha sido criticada por el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), que considera que, de completarse, “rompe la solidaridad del sistema y la igualdad de todos los españoles”.
La celebración sindical de los pactos de investidura con Junts que alumbrarán un Gobierno de izquierdas entre el PSOE y Sumar se ha tornado en desconfianza en menos de 24 horas. La razón es el acuerdo conocido este viernes entre los socialistas y el PNV, que, a diferencia del logrado con el partido de Carles Puigdemont, aborda dos aspectos que tocan de lleno los derechos de los trabajadores en Euskadi y en el conjunto de España: la prevalencia de los marcos autonómicos de relaciones laborales sobre el estatal, que el PSOE se compromete a establecer por ley a través de una reforma del Estatuto de los Trabajadores antes de seis meses, y el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco, que se debería culminar en los próximos dos años.
Fuente El Confidencial
